Colombia: tras casi dos meses de paro universitario, estudiantes vuelven a marchar en todo el país
Tres semanas de diálogo entre el Gobierno Nacional y los estudiantes universitarios no ha sido suficiente para llegar a un acuerdo financiero que dé mayor garantía a la educación pública superior y dé fin al paro nacional que se vive desde hace 56 días.
Ante este panorama, los estudiantes de las 32 universidades públicas del país se preparan para una octava jornada de marchas que iniciará a partir de las 10:00 a.m. con un cacerolazo y que, en Bogotá, se espera culmine a las 3:00 p.m. con un concierto en la Plaza de Bolívar.
Dr.Krapula, los Petit Fellas, 1280 Almas, la Real Academia del Sonido, Pernett, Afrikan Soul y la Doble A serán quienes canten en pro de la educación acompañando a los estudiantes que marcharán.
“La marcha será llena de color y alegría. Como siempre lo hemos realizado, esto es por la educación y por eso mismo daremos muestras artísticas que le demuestren al país que no somos vándalos cómo nos han calificado sino que somos estudiantes que luchamos por un mismo fin: una educación de calidad”, manifestó el representante al Consejo Superior de la Universidad de Cali, Camilo Muñoz.
Se espera que en la capital de la República, las marchas arranquen desde tres puntos diferentes.
En el panorama nacional se espera que las movilizaciones continúen con la misma ruta que han tenido en versiones anteriores. El vocero de la Universidad de Antioquia, Santiago Gómez Ortiz, informó que en Medellín la marcha partirá desde el Parque de los Deseos hasta el Parque de las Luces.
“Esperamos tener muy buena asistencia y que la ciudadanía se una a esta lucha que es de todos. Queremos pedirles que no nos dejen solos y que salgan a recorrer las calles país junto a nosotros para que así la voz en petición de una educación con garantías se convierta en una sola”, agregó el vocero de la Universidad de Antioquia.
Estos son los consensos a los que ya llegaron gobierno y estudiantes en la mesa de diálogo
La mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el movimiento estudiantil se instauró el 1 de noviembre. Desde entonces, ambas partes han sesionado más de 12 veces con la intención de llegar a acuerdos definitivos que den luz verde al paro nacional universitario, quizá el más largo en los últimos años.
No obstante, tras un mes de conversaciones y a punto de cumplirse dos meses de cese de actividades estudiantiles, la discusión avanza, pero no en su totalidad, pues la hoja de ruta de la mesa es un documento con 13 temas a debatir creado por los estudiantes y avalado por el gobierno. De esos puntos, hasta la fecha solo 6 cuentan con algún consenso.
¿Cuáles son los preacuerdos a los que se ha llegado y qué representan?
Gobernadores y estudiantes definirán cómo usar el billón proveniente de regalías
La distribución del Presupuesto Bienal de Regalías es uno de los 13 puntos sobre la mesa. Sobre este solamente se ha acordado la necesidad de avanzar en la creación de una mesa técnica con los gobernadores para examinar cuál será el mecanismo para repartir el dinero a las universidades.
Por cuatro años, las cooperativas también aportarán recursos a las universidades públicas
Otro punto aprobado es el uso que se le dará a los excedentes de las cooperativas. En la reforma tributaria de 2016 se estableció que esos recursos irían al rubro de la educación superior, sin embargo no se creó una normatividad que determine a cuál de todos sus subsectores iría el dinero. Así, esa plata podría quedar en la bolsa de inversión de las universidades o llegar a manos del Icetex. O quedar en el aire, como pasó este año, que no se utilizó.
Antes, lo usual era que cada cooperativa invirtiera ese recurso en el sector educativo que considerara pertinente. Ahora, con lo pactado en la mesa de diálogo, se estipula que en adelante los excedentes de las cooperativas únicamente se utilizarán en el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas. Y si bien es un claro avance, los voceros de los estudiantes insisten en que ese dinero vaya a la base presupuestal de las universidades. El gobierno, por su parte, insiste en que, como hace parte del Presupuesto General de la Nación para 2019 y «soporta los gastos allí aprobados», no se puede utilizar ni para base, ni para subsanar el faltante de 500.000 millones de 2018. De todas formas, este monto es de apenas 49.000 millones de pesos, entonces poco aliviaría el déficit para cerrar este año. Se utilizará entonces en 2019.
500.000 millones serán destinados a saldar las deudas de las instituciones de educación superior
Recursos de inversión y saneamiento de pasivos: los «pasivos» hacen referencia a las deudas con las que cargan las instituciones de educación superior y el Gobierno Nacional propone cubrirlos parcialmente entre 2018 y 2021 por un monto de 500.000 millones de pesos, distribuidos así:
2019: $250.000 millones
2020: $150.000 millones
2021: $100.000 millones
Por su parte, los delegados y representantes estudiantiles resolvieron que los recursos de este rubro que no sean ejecutados en la vigencia: serán «destinados al presupuesto de inversión de las instituciones de educación superior públicas». Sin embargo, sobre este punto falta todavía que el gobierno aclare a qué hace alusión la palabra «pasivos», pues por ejemplo, si con ello se refiere a las pensiones de los profesores, la plata no sería un aporte real, sino que el gobierno estaría simplemente cumpliendo con algo que de por sí es su deber.
Sobre este recurso vale la pena recordar que el aporte de los 500.000 millones que decidió hacer el gobierno, responde a la exigencia que durante mucho tiempo hicieron los estudiantes por ese valor para cerrar 2018. Sin embargo, el preacuerdo servirá, de alguna manera, para que a las universidades se les reponga (en los próximos 4 años) el dinero que necesitaron para terminar este año.
850.000 millones servirán para inversión
Este punto también tiene que ver con el dinero de inversión: según lo acordado, en el próximo cuatrenio se destinarán 850.000 millones a otros proyectos priorizados por las instituciones educativas (por ejemplo a las necesidades en infraestructura). Y se repartirán de la siguiente manera:
2019: $100.000 millones
2020: $200.000 millones
2021: $250.000 millones
2022: $300.000 millones.
Sumando ambos rubros -el de los pasivos y el de la inversión- la educación superior tendrá 1,3 billones más, en vez de los 1,2 billones que inicialmente había pactado el gobierno con los rectores. Es decir, le adicionaron 100.000 millones, un incremento importante. Pero aún no suficiente para los estudiantes pues estos reclaman que tal monto debería anexarse a la base presupuestal, cosa que difícilmente pase. ¿Qué pasa entonces con estos recursos?
“Este dinero de saneamiento de pasivos y recursos de inversión no se va a la base, entonces este dinero solo lo vamos a recibir una vez. Entonces, no tiene en cuenta que la deuda puede crecer. Esto no responde al problema estructural. Ahora, las universidades van a incurrir en deudas para que sean pagadas como “pasivos” los próximos años”, explicó Daniela Álvarez, representante estudiantil y negociadora en la mesa con el gobierno.
El Estado asumirá el descuento por votación de las matrículas de las instituciones técnicas y tecnológicas
Otro de los puntos en los que se llegó a un consenso fue en el descuento de votación de las instituciones técnicas y tecnológicas (ITTU). Es decir, ahora estas entidades contarán con algo que no tenían: el Estado repondrá el 100 por ciento de los recursos generados por descuentos de votación tanto a las ITTU como a las universidades públicas. Ahora los profesores y los estudiantes tendrán que crear una propuesta sobre cómo reponer ese dinero.
No obstante, este acuerdo es menor porque el descuento electoral en una institución pública es del 10 por ciento del costo de su matrícula.
Y pese a que aún no hay cálculos sobre cuántos recursos representaría esta fuente, se puede calcular con el siguiente ejemplo: en 2017, el descuento de votación para la Universidad Nacional le significó ingresos por 5,300 millones de pesos. Sin embargo, dicha deducción solo representa el 0,5 por ciento del total de aportes que la nación hace a esta institución.
¡Las instituciones técnicas y tecnológicas tendrán base presupuestal!
El punto número 5 en el que hay consenso es la asignación de recursos del gobierno a las ITTU: “El Ministerio de Educación se compromete a que, a través del Plan Nacional de Desarrollo, se transfieran recursos del Presupuesto General de la Nación a la base presupuestal de todas las instituciones técnicas y tecnológicas”.
Este es un avance importante para las ITTU porque, a diferencia de las universidades, ellas nunca han tenido una base presupuestal. Diego Cortés, asesor de los voceros en la mesa, explicó que “las ITTU dependen de los recursos de los que dispongan los departamentos y regiones. Eso hace que no sean dineros constantes ni estables en el tiempo”. Pero con esta nueva normativa, las instituciones técnicas y tecnológicas públicas contarían con un monto mínimo para funcionar cada año.
Hasta 300.000 millones para Colciencias en el gobierno Duque
Por último, el Ministerio de Educación y de Hacienda acordaron con los voceros estudiantiles presupuesto para Colciencias. Según lo pactado hasta ahora, los recursos no apropiados del Presupuesto General de la Nación podrán destinarse hasta en un 20 por ciento para ser invertidos para el fortalecimiento en investigación de las instituciones educativas, así como los programas de Colciencias. Dicho porcentaje equivaldrá hasta los 300.000 millones en el cuatrienio, un logro presupuestal significativo si se tiene en cuenta que la exigencia era de 700.000 millones y este valor representará un poco menos de la mitad.
Sumado todo esto, los esfuerzos del gobierno por cumplir con varias de las exigencias de los estudiantes representaría casi 1,5 billones de pesos. Así lo dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo: “Hemos sido muy rigurosos con los excedentes de cooperativas para que queden como una fuente cierta. Adicionalmente, que podamos lograr que se les devuelva el 100 por ciento de los descuentos por votación a las instituciones públicas, y que las ITTU que hoy no cuentan con aporte a su base presupuestal ahora lo tengan. Queda sobre la mesa las reformas del Icetex y de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de educación superior”.
Sin embargo, como lo muestran tanto los cálculos de los recursos, como las opiniones de los representantes estudiantiles en la mesa de diálogo, lo que se ha hecho por la base presupuestal de las universidades (el centro de la discusión), ha sido poco.
Del incremento porcentual por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC, la medida que desde 1992 regula el dinero anual que el Estado le transfiere a las universidades), se incrementó un punto.
Con ese aumento, ahora el valor para 2019 que recibirán los 32 claustros universitarios sería de 3.5 puntos porcentuales por encima del IPC, para 2020 y 2021 será de 4 puntos porcentuales respectivamente y para 2022 será de 4.5 puntos porcentuales. Es decir, si se firma acuerdo con el gobierno y se levanta el paro nacional, en cuatro años las universidades recibirían 536.000 millones, aproximadamente y descontando la inflación. Pero eso no satisface a los estudiantes:
“Los costos de las universidades suben en promedio cada año un 4,65 por ciento por encima del IPC. Eso quiere decir que el recurso que el gobierno ofrece no permite ni siquiera detener el déficit de la universidad. Frenar el hueco fiscal que tiene a las universidades cayéndose a pedazos. Los más interesados en que el paro termine para volver a clases somos nosotros”, dijo Alex Flórez, sobre por qué siguen en una mesa de negociación, a pesar de haber conseguido un monto considerable de recursos para sus universidades.
Con la respuesta de Flórez se entiende que los 536.000 millones que recibirían sus instituciones no cubren el déficit en funcionamiento, que es de 3.2 billones de pesos. Por esto es que llevan más de 8 marchas y 56 días de paro. Y dicha deuda histórica solo se podrá subsanar si se hacen los debidos aumentos a la base presupuestal.
Ahora, con los demás puntos resueltos, los estudiantes ponen sobre la mesa dos propuestas nuevas: trasladar todos los recursos ya conseguidos a la base presupuestal y que sean más puntos porcentuales los que se sumen al IPC.
“Nosotros hemos planteado el incremento del 5 el 6 y el 9 puntos porcentuales por encima del IPC en los próximos cuatro años: busca frenar el incremento de la brecha y del déficit. Colombia merece una educación de altísima calidad”, dijo Juan Camilo Muñoz, otro de los voceros.
Esa es la contrapropuesta que le entregaron al gobierno y que está siendo debatida en este momento. Los voceros de la mesa aseguraron que hasta que no resuelvan el tema principal del presupuesto, no dejarán de movilizarse.
