Argentina: Diputados dio media sanción a la Ley Micaela contra la violencia machista
Diputados aprobó la ley para la formación en perspectiva de género
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Micaela. La norma establece la formación obligatoria en perspectiva de género para todos los funcionarios estatales. Hoy lo tratará el Senado.
La diputada Analía Rach (Frente para la Victoria, vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia) explicó: “Este es un proyecto muy trabajado, entre todos los bloques. Lo presentamos en la comisión en abril del año pasado y lo discutimos mucho. Lo fundamental del proyecto es que la formación es obligatoria para todos los funcionarios de todos los niveles de los tres poderes. Y para asegurar el cumplimiento se establecen sanciones a los que se nieguen, sin justificación válida, a la capacitación”. La necesidad de profesionalizar a los funcionarios estatales en esta materia quedó en evidencia con el fallo del caso de Lucía Pérez, en el que los jueces del TOC 1 de Mar del Plata desestimaron (o justificaron) los abusos que sufrió antes de ser asesinada. “Se considerará falta grave la negativa injustificada a la capacitación y el INAM (Instituto Nacional de Mujeres) está obligado a publicar su nombre. Además debe hacer el seguimiento, monitorear los recursos y evaluar el impacto de la capacitación y publicar estas conclusiones (además del nombre de los infractores) en su informe anual, que es de acceso público.”
“Quiero destacar que después de mucho trabajo, salió de la comisión un único dictamen, que fue consensuado, con todos los bloques de acuerdo”, insistió la legisladora.
La reacción social generada por la campaña “Mirá cómo nos ponemos”, iniciada con la denuncia de la actriz Thelma Fardin, forzó al Gobierno a incorporar en la agenda de sesiones extraordinarias la Ley Micaela. El presidente Mauricio Macri había descartado el tratamiento del tema en el primer llamado a extraordinarias y también cuando amplió el periodo de sesiones. “Lamentablemente no fue por la responsabilidad o el compromiso de la mayoría de los sectores políticos con la meta de erradicar la violencia de género que se incluyó el proyecto, fue por la presión social que acompañó con mucha potencia a la acción valiente de otra joven”, advirtió la diputada Lucía De Ponti, militante del Movimiento Evita al igual que Micaela García, asesinada en abril del año pasado. Rach sostuvo lo dicho por De Ponti: “El proyecto tenía el dictamen consensuado y todo y no se trató en el período ordinario. Hubo que presionar mucho para incorporarlo. La inclusión se la debemos a la presión social de las mujeres. Porque el Gobierno declama su apoyo a la lucha por los derechos de las mujeres pero recorta el presupuesto del INAM, los planes de apoyo a las mujeres… No es cuestión de hablar, es cuestión de políticas públicas concretas”.
El proyecto fue girado al Senado. “No sabemos todavía cuál es el temario, pero esperemos que entre en la discusión y lo aprueben. Con esta ley el Estado argentino cumple uno de los aspectos que establece la convención de Belem do Pará”, manifestó Rach. “Resulta urgente el tratamiento de esta ley porque es obligación del Estado generar políticas y herramientas tendientes a prevenir, capacitar y sensibilizar en la lucha contra los femicidios”.
Micaela García tenía 21 y militaba en el Movimiento Evita de Gualeguay, donde había nacido y vivía. Salió una noche a bailar y ya no volvieron a verla. Tras siete días de intensa búsqueda, la encontraron muerta. La autopsia determinó que había sido violada. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años, quien tenía antecedentes de ataques sexuales y en el momento del hecho estaba libre.
Alfredo Olmedo, el único diputado que votó en contra de la Ley Micaela
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que propone la creación de un «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres», luego de que el gobierno decidiera incluir la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias. Se prevé que el Senado le dará su sanción definitiva este miércoles.
La norma, denominada Ley Micaela, se aprobó con 171 votos a favor y uno en contra, el de Alfredo Olmedo, del espacio Salta Somos Todos. Hubo además 84 ausentes.
«He sido el único diputado nacional que he votado en contra de la Ideología de Género, voy a seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la Mujer», explicó el diputado en sus redes sociales.
Esta semana Olmedo fue noticia tras haber logrado una foto junto al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El salteño tomó las principales banderas del mandatario como pilares de su propia campaña y tiene el objetivo de competir en las elecciones del próximo año.
«Conversamos sobre temas que me preocupan, como que el presidente Mauricio Macri dijo que va a tratar la ideología de género, cosa en que tanto Bolsonaro como yo no estamos de acuerdo; nos pusimos de acuerdo en que la familia es la base de la sociedad, el orden a Dios y el respeto», explicó el legislador tras el breve encuentro con Bolsonaro.
QUÉ DICE LA LEY
La iniciativa establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El programa fue bautizado «ley Micaela García», en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017.
Es necesario recordar que uno de los dos hombres que participaron del crimen de Micaela debía haber estado en prisión al momento del asesinato, sin embargo un un juez lo había beneficiado con la libertad condicional, a pesar de que el agresor ya había violado a otras dos chicas. De esta manera, como consecuencia de esa decisión de la justicia, pudo atacar por tercera vez.
La respuesta para intentar que estas situaciones no se repitan es el «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres».
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
Cuáles son los puntos clave de la Ley Micaela contra la violencia de género
La Cámara de Diputados trató, en sesión extraordinaria, un proyecto contra la violencia de género conocido como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, la joven de 21 años, militante feminista de 21 años, violada y asesinada el año pasado en la localidad entrerriana de Gualeguay.
Los principales puntos del proyecto:
- Todas aquellas personas que trabajen en la función pública, en cualquiera de los tres poderes y cualquiera sea su jerarquía, serán obligatoriamente capacitadas «en la temática de género y violencia contra las mujeres».
- Corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), hoy a cargo de María Fabiana Túñez, hacer aplicar la ley. Será también quien se encargue de formar directamente a las máximas autoridades del Estado en la temática.
- En cada uno de los organismos estatales, las capacitaciones se harán en colaboración con sus propias oficinas de género, si ya las hubiera en funcionamiento. Para eso se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por «las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país».
- El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia de la ley.
- A través de su página web, el INAM publicará información pública respecto al grado de cumplimiento de las formaciones contra la violencia de género en cada uno de los organismos del Estado. También realizará informes de seguimiento sobre su impacto.
- Será considerada como «falta grave» pasible de una sanción disciplinaria que algún empleado público se negase, «sin causa justa», a participar de las capacitaciones.
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