Trump declara al gobierno de Nicaragua como «una amenaza a la seguridad nacional» de EEUU y bloquea cuentas de funcionarios
Donald Trump declara al gobierno de Nicaragua como una “amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la que declara al gobierno de Nicaragua “una amenaza para la seguridad nacional” de su país. Autorizó, además, al Departamento del Tesoro a actuar en contra de los implicados en la crisis política nicaragüense.
“Considero que la situación en Nicaragua constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, dijo Trump.
Trump ordenó que se bloqueen los bienes o intereses dentro de la jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamiento de las instituciones y procesos democráticos, corrupción o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad del país centroamericano.
Tras la orden de Trump, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y contra el asesor de seguridad Néstor Moncada Lau, justo en el momento cuando el régimen ha recrudecido la represión contra la ciudadanía, activistas de derechos humanos y el periodismo independiente.
La nueva medida sigue a la decisión tomada el cinco de julio pasado cuando Estados Unidos aplicó la ley Magnitsky a funcionarios cercanos al entorno de Ortega, entre ellos su tesorero Francisco López Centeno; su consuegro y director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz; y el operador político y secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
Trump hizo referencia, al tomar su decisión, sobre la situación de Nicaragua caracterizada por la respuesta violenta del gobierno a las protestas cívicas que iniciaron el 18 de abril, las cuales fueron violentamente reprimidas por el régimen según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la represión, murieron 325 personas, pero otro organismos de derechos humanos como la ANPDH elevaron el número de víctimas a 535. Eso sin incluir al menos 600 presos políticos y los desaparecidos.
Castiga a quienes dieron apoyo financiero
La orden ejecutiva “bloquea todos los bienes e intereses en la propiedad dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de cualquier persona determinada por el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado”.
La orden explica que se aplica también en el caso de ” haber asistido, patrocinado o proporcionado con apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo” en lo relacionado a abusos de derechos humanos y los puntos citados como el socavamiento a los procesos democráticos.
“He delegado en el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, la autoridad para tomar tales acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos, y para emplear todos los poderes otorgados al Presidente por La ley de Poderes Económicos de Emergencia Nacional”, sostuvo Trump.
Hasta el momento, no se ha conocido ninguna reacción del ejecutivo de Ortega.
Estados Unidos sanciona a Vicepresidenta de Nicaragua y declara emergencia nacional para este país
El gobierno de Estados Unidos emitió hoy una sanción en contra de la Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y de Néstor Moncada Lau, a quien identifican como asesor en asuntos de seguridad de la Presidencia nicaragüense.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley declarando como una emergencia nacional la respuesta que ha dado el gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril.
La sanción
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que «esta administración (de Estados Unidos) está comprometida a responsabilizar al régimen de Ortega por reprimir de forma violenta las protestas y por la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía».
El funcionario añadió que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos busca asegurar que los empleados del gobierno de Nicaragua no tengan acceso al sistema financiero estadounidense para obtener ganancias a expensas del pueblo nicaragüense.
La ley
Mientras, la ley firmada por Trump señala que tras el estallido social, en Nicaragua hubo «un sistemático desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas» y del respeto a la ley.
Agrega que en Nicaragua ha habido un «uso de la violencia indiscriminada» para reprimir las protestas.
También establece que los funcionarios que cometen actos que violen los derechos humanos serán objeto de sanciones..
Mediante esta decisión, el gobierno advierte a los ciudadanos y empresas de Estados Unidos que deben bloquear toda transacción financiera con las personas sancionadas, en este momento serían con Murillo y Moncada Lau.
También prohíbe cualquier transacción con empresas en las cuales tengan participación las personas sancionadas.
El gobierno estadounidense señala a Murillo como la vicepresidenta de Nicaragua y como una persona con gran influencia en la Juventud Sandinista, que es parte del gobernante FSLN, y sobre la Policía Nacional, entidades a las cuales responsabilizan por cometer actos de represión en contra de los protestantes..
Mientras, a Moncada Lau se le considera el asesor en temas de seguridad del presidente y vicepresidenta de Nicaragua y como un hombre experimentado en temas de Seguridad del Estado.
Además, se le identifica como el enlace entre la presidencia de Nicaragua con distintas entidades gubernamentales.
También alegan que Moncada Lau es el responsable de pagar a grupos de choque para reprimir las protestas en Nicaragua, y se le señala de estar envuelto en actos de corrupción.
Nicaragua sufre una crisis desde abril, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno que han dejado un saldo de más de 300 muertos.
El gobierno de Nicaragua ha declarado que hubo un intento de golpe de Estado, pero organismos internacionales, como Amnistía Internacional o la CIDH han descartado que en Nicaragua se haya dado un intento de golpe de Estado, y han responsabilizado al gobierno de reprimir la protestas con armas de fuego.
Los efectos
La ley firmada por Trump ordena bloquear propiedades y cualquier interés de nicaragüenses vinculados con violaciones a los derechos humanos, socavar la democracia o instituciones; amenazar la paz, estabilidad y seguridad en Nicaragua; corrupción; dirigir entidades involucradas en actos de voilación a los derechos humanos; ser funcionario del gobierno o haber servido en el mismo desde el 10 de enero de 2007; todo el que brindó asistencia o financió actos de violación a los derechos humanos.
Presidential Message to the Congress on Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua
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Pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.), section 212(f) of the Immigration and Nationality Act of 1952 (8 U.S.C. 1182(f)), and section 301 of title 3, United States Code, I hereby report that I have issued an Executive Order declaring a national emergency to deal with the threat posed by the situation in Nicaragua, including the violent response by the Government of Nicaragua to the protests that began on April 18, 2018, and the Ortega regime’s systematic dismantling and undermining of democratic institutions and the rule of law, its use of indiscriminate violence and repressive tactics against civilians, as well as its corruption leading to the destabilization of Nicaragua’s economy.
The Executive Order blocks all property and interests in property within United States jurisdiction of any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State:
(i) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged or attempted to engage in, any of the following:
(A) serious human rights abuse in Nicaragua;
(B) actions or policies that undermine democratic processes or institutions in Nicaragua;
(C) actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Nicaragua;
(D) any transaction or series of transactions involving deceptive practices or corruption by, on behalf of, or otherwise related to the Government of Nicaragua or a current or former official of the Government of Nicaragua, such as the misappropriation of public assets or expropriation of private assets for personal gain or political purposes, corruption related to government contracts, or bribery;
(ii) to be a leader or official of an entity that has, or whose members have, engaged in any activity described in section (i) or of an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to the Executive Order;
(iii) to be an official of the Government of Nicaragua or to have served as an official of the Government of Nicaragua at any time on or after January 10, 2007;
(iv) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of:
(A) any activities described in section (i); or
(B) any person whose property and interests in property are blocked pursuant to the Executive Order; or
(v) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to the Executive Order.
I have delegated to the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, the authority to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA as may be necessary to carry out the purposes of the Executive Order. All agencies of the United States Government are directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of the Executive Order.
I am enclosing a copy of the Executive Order I have issued.
DONALD J. TRUMP
THE WHITE HOUSE,
November 27, 2018.
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