Perú: canciller uruguayo asegura que la decisión sobre el asilo a Alan García es «difícil»
«Es un decisión difícil sin nigún lugar a dudas», señaló ayer el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, al ser consultado por la prensa de su país sobre el pedido de asilo diplomático del ex presidente Alan García.
Nin Novoa recordó que la solicitud llegó cuando él se encontraba en Bruselas, y dijo que por ello perdieron dos días; no obstante subrayó que de cualquier manera la Convención de Caracas de 1954 «no estable plazos de ninguna índole», y le otorga a los países asilantes, en este caso Uruguay, el tiempo necesario para que tomen su decisión cuando corresponde.
Consultado por un periodista si había algún antecedente en el que se pueda sostener Uruguay para tomar su resolución, el funcionario mencionó el caso del fundador del Apra Víctor Raúl Haya de la Torre, quien solicitó el beneficio a Colombia en 1949.
Nin Novoa también señaló que un pedido de asilo «es un proceso engorroso», donde confluyen «la voluntad de dos países».
«Esto es más largo de lo que uno quisiera», agregó, a la vez que indicó que ya había conversado con su par peruano Néstor Popolizio.
Mencionó que Uruguay hizo «lo que tenía que hacer» en este proceso, es decir, acoger la solicitud del ex mandatario, hecho que fue comunicado a la Cancillería peruana.
Y agregó que en el marco de la Convención de 1954 Perú envió información sobre el tema, la misma que viene siendo estudiada. «Y cuando tengamos una decisión, esta será comunicada primero a la Cancillería y al gobierno peruano», acotó.
Alistan ley con trampa para favorecer a políticos investigados por lavado
La Comisión de Constitución, que preside Rosa Bartra, aprobó un dictamen para sancionar penalmente el financiamiento ilícito de los partidos, sin embargo, el texto, al ser ambiguo, puede terminar favoreciendo a políticos investigados por el delito de lavado de activos, según advirtió el abogado Carlos Caro Coria, en diálogo con este diario.
El dictamen fue aprobado ayer al promediar la una de la tarde únicamente con votos de Fuerza Popular y el Apra. Los parlamentarios Marisa Glave y Marco Arana protestaron por la entrega tardía del borrador y habían pedido no aprobarlo en forma inmediata.
Rosa Bartra sometió a votación el texto, sin un mínimo y adecuado debate. Votaron a favor el aprista Javier Velásquez y los fujimoristas Miguel Torres, Héctor Becerril,Úrsula Letona, Gilmer Trujillo, Luis Galarreta, Milagros Takayama y Mario Mantilla.
Gino Costa y Marisa Glave votaron en contra, mientras que Gilbert Violeta votó en abstención.
Ley de impunidad
Marisa Glave alertó que el dictamen de Bartra contempla términos vinculados con el delito de lavado de activos. “El fraseo del inciso b del agravante (del dictamen) todavía tiene vinculación con el delito de lavado de activos. Es un error incluirlo”, expresó.
En diálogo con La República, el penalista Carlos Caro Coria fue más directo al señalar que el texto final aprobado por la Comisión de Constitución podría favorecer a políticos investigados por lavado de activos, como Keiko Fujimori o Alan García.
La principal crítica de Caro es que el texto contempla “una generalidad” en la frase “financiamiento de carácter ilícito”, del primer párrafo.
Apuntó que dicha generalidad genera confusión con el tipo penal del lavado de activos, que ya está regulado en el Código Penal. Es más, el dictamen establece penas más benignas que favorecerían a los políticos actualmente investigados por lavado.
