México: ¿la «cuarta transformación» será feminista? – Por Brisa Ruiz
Por Brisa RuizLos retos del gobierno de MORENA en materia de género
El pasado mes de julio, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitía sus recomendaciones para el estado mexicano. En ellas expresaba su preocupación por el retraso en temas fundamentales como el aumento en la violencia de género y la cultura machista, y por los diferentes obstáculos en el acceso a la justicia con perspectiva de género. Además, afirmaba que en México hay una ausencia de estrategias para el empoderamiento económico, laboral y educativo de mujeres de bajos ingresos, rurales, indígenas y con discapacidad. El documento se coronaba manifestando la falta de armonización en las leyes y protocolos sobre el aborto, y la ausencia de garantías para el acceso a derechos de las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
Históricamente, México ha sido un país de desigualdades. Éstas han tenido un impacto fundamental en la brecha de oportunidades entre hombres y mujeres, y han incidido decisivamente en la violencia machista. Las cifras no dejan mentir: según los datos registrados, casi 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de tipo emocional y sexual, y el número de mujeres asesinadas durante 2016 fue el más alto registrado en los últimos 27 años (en promedio 8 mujeres asesinadas al día). Sin embargo, del total de mujeres víctimas de estas violencias, el 88,4% no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia por no considerarlo un tema relevante, por miedo a las consecuencias, por no saber cómo o donde denunciar y por considerar que no le creerían o la inculparían. Asimismo, la violencia sexual en México tiene repercusiones directas en las maternidades forzadas. Entre 2009 y 2016 se recibieron 111.413 denuncias por violación. El dato contrasta con lo reportado por el sistema de salud, que dice haber realizado solo 63 abortos legales por violación en el mismo periodo.
El discurso y la dinámica machista también ha generado estragos en la construcción y permanencia de estereotipos y roles de género: en 2016 la actividad a la que las mujeres le destinaron el mayor número de horas fue la de servicios de alimentación (con 32.2% de su tiempo), mientras que la actividad con la que generaron el mayor valor económico fueron los servicios de «cuidados y apoyo» a los miembros del hogar (en promedio, el trabajo en las labores domésticas y de cuidados que hizo cada mujer equivale a haber contribuido con 2741 dólares, en comparación con 999 dólares de los hombres). Es decir que, si bien se observan avances en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ésta siempre ha estado acompañada de un desequilibrio en el reparto de las tareas del hogar y de cuidados. Lo que se evidencia es que la tasa de participación económica disminuye frente a la presencia de hijos (cuando el número de hijos se ubica entre tres y cinco, la tasa de participación disminuye a niveles inferiores al promedio nacional, quedando en 42% y si sube a seis o más hijos, la tasa se contrae hasta casi 24%).
En cuanto a la distribución económica y de oportunidades de desarrollo -como las escolares y laborales- México enfrenta grandes retos. Se observa, por ejemplo, que el porcentaje de hombres que gana más de dos y hasta cinco salarios mínimos es de 38.1% en contraste con el de mujeres que es de 25.8%. De la misma forma, hasta hace cinco años había más de un millón de estudiantes de entre 18 y 20 años que concluyeron estudios de nivel medio superior y no continuaron con estudios de nivel superior, de los cuales el 41% eran hombres y el 59% mujeres. El principal motivo de la deserción fue económico: no tenían dinero suficiente para pagar la escuela. Los datos indican que 21.6% de quienes desertaron eran mujeres, mientras que la cuota de hombres que abandonaron los estudios fue del 14.5%. La pobreza y la marginación se recrudece para las mujeres de los sectores rurales. 69 de cada 100 hombres empleados como trabajadores agrícolas trabajan por cuenta propia, mientras que en el caso de las mujeres el número es de 57 cada 100. Las trabajadoras rurales están en posiciones subordinadas con menores ingresos y, en muchos, casos sin pago alguno.
Más mujeres en los puestos políticos, pocas propuestas para disminuir las brechas de género.
Ante este panorama, la pregunta obvia es: ¿las cuotas igualitarias en el gobierno tendrán un efecto positivo en la disminución de la brecha de género del país? Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador y su equipo han dicho poco al respecto. Incluso durante su campaña política se cuestionó la adhesión del Partido Encuentro Social (PES) a la coalición «Juntos haremos historia», puesto que su visión conservadora –el PES se define como el partido de la familia- se contraponía a los supuestos valores de izquierda que rodearon la campaña de AMLO. Desde entonces, el único documento publicado con propuestas puntuales en materia de género fue el llamado Femsplaining, cuya intención fue iniciar el diálogo en el tema. en él se presentan propuestas para atender los temas «coyunturales» que atraviesa el país, pero tras un somero análisis no se observan propuestas transformadoras que abonen a la construcción de una agenda feminista y de género.
El documento plantea siete ejes fundamentales: educación y cultura, independencia económica e inclusión laboral, acoso y violencia, feminización de la pobreza, salud reproductiva, violencia y acceso a la justicia, y administración pública con perspectiva de género. Sin embargo, la mayoría de las propuestas se enfocan en conseguir la igualdad material por encima de una igualdad sustantiva. Es decir, hay pocas propuestas que permitan transformar las condiciones estructurales que determinan la desigualdad en el acceso a los derechos de las mujeres. Se habla mucho de la entrega de becas, de aumentos salariales, de la construcción de centros productivos en zonas urbanas marginadas y de la apertura de más guarderías y estancias infantiles, pero nada de estrategias de inclusión con una real perspectiva de género, como lo sería, por ejemplo, la distribución de tareas domésticas entre hombres y mujeres, la crianza compartida, las licencias de paternidad extensas o el diseño de programas de construcción de nuevas masculinidades para la reducción y prevención de la violencia de género.
Sorprende también la ausencia de dos temas de suma relevancia para concretar una verdadera protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres: la armonización en leyes sobre el aborto y estrategias focalizadas para el reconocimiento y desarrollo de las mujeres indígenas y rurales. Respecto al primer tema solo se ha hablado de manera muy somera sobre la posibilidad de realizar una consulta popular, mientras que sobre el segundo, AMLO ha designado a dos mujeres en la Secretaría de Desarrollo Rural y en la Secretaría de Gobernación. Pese a ello, el discurso político del candidato electo ha invisibilizado a esta población ante la ausencia de propuestas concretas para ellas.
La esperanza de una cuarta transformación en materia de género sigue en el aire. Sin duda, el ingreso y representación política de mujeres en el espacio público es un hecho para celebrar, pero es necesario que el gobierno del futuro presidente considere las diversas caras de opresión social que atraviesan las mujeres del país, diseñando e implementando políticas y capacidades institucionales que tengan un impacto real en la transformación de sus vidas. Es necesario que las propuestas no solo atiendan la redistribución económica entre hombres y mujeres, sino que se prioricen la participación de los hombres en el cambio cultural y simbólico del discurso machista y se generen estrategias que garanticen y protejan sus derechos.
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