Lava Jato en Perú: comisión legislativa denuncia por corrupción a los expresidentes Humala y Kuczynski
Lava Jato: Comisión investigadora señaló presuntos delitos en Humala y PPK
El informe final de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Perú señaló presuntos delitos de corrupción en los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), según informó hoy su presidenta, Rosa Bartra, ante el pleno del Congreso.
La parlamentaria fujimorista sustentó hoy el informe final ante la expectativa sobre la responsabilidad de los exmandatarios y exfuncionarios implicados en el escándalo de corrupción de los sobornos entregados por la firma brasileña Odebrecht, entre otras, entre 2005 y 2014.
La investigación de la comisión multipartidaria se centró en 11 proyectos de infraestructura de los más de 40 en los que han participado empresas brasileñas en Perú.
En opinión de Bartra, hay elementos suficientes en las investigaciones para denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala por la presunta comisión del delito de negociación incompatible por haber aprobado, mediantes decretos, varios abonos de dinero a favor de Odebrecht.
El exmandatario es procesado actualmente por presunto lavado de activos, junto a su esposa Nadine Heredia, por supuestos pagos irregulares de Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y del gobierno venezolano en la campaña del 2006.
Humala autorizó tres pagos a Odebrecht por presuntas incidencias y atrasos en el desarrollo del proyecto de irrigación Olmos por 18 millones de dólares, 98 millones de dólares y 15 millones de dólares, de acuerdo al informe final.
«En menos de un año, desde que asumió funciones, Ollanta Humala reconoció esos pagos», indicó la legisladora.
Asimismo, Bartra afirmó que hay indicios del delito de lavado de activos contra Kuczynski y su exsecretaria Gloria Kisic por la participación de sus empresas de asesoría en proyectos de infraestructura como Olmos, mientras fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
En el caso de Olmos, Bartra dijo que funcionarios públicos ocasionaron un perjuicio económico de 50 millones de dólares, del cual se favoreció Odebrecht, al hacerse una subasta de tierras de 11.500 hectáreas.
Kuczynski benefició presuntamente a su empresa de asesoría Westfield Capital con más de un millón de dólares, indicó el informe Lava Jato.
Igualmente, Bartra agregó que hubo una transferencia de 345.000 dólares de la empresa «off shore» Dorado Asset Management, de la cual es accionista el exmandatario y su exsecretaria, hacia Westfield Capital con la cual se configuraría el delito de lavado de activos de parte de Kuczynski.
El informe ha sido cuestionado por la oposición por no incluir a la lideresa opositora Keiko Fujimori, detenida por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a su campaña electoral de 2011, pero Bartra respondió que no es parte de la investigación porque «no ha participado en ninguno de los proyectos investigados».
Respecto al expresidente Alan García (2006-2011), Bartra dijo que consideraron su participación en el Metro de Lima y su presunta responsabilidad en los sobornos recibidos por un exviceministro y exfuncionarios para adjudicar esa obra a Odebrecht, pero no le atribuye ningún delito.
En un informe en minoría, el legislador Humberto Morales dijo que García, exministros y exlegisladores de su partido habrían cometido infracciones constitucionales al crear un «marco de legalidad» irregular para facilitar el desarrollo de los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, la carretera interocéanica y las obras de irrigación Olmos y Alto Piura.
Tras la exposición del informe final presentado por Bartra, éste será debatido y votado por el pleno, que decidirá si es enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público.
Razones de Comisión Lava Jato para no incluir a Keiko Fujimori y Alan García en informe final
La Comisión Lava Jato del Congreso, presidida por la fujimorista Rosa Bartra, presentó las razones en su informe final donde se argumentó por qué no se incluyó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al exjefe de Estado, Alan García.
A raíz de las investigaciones realizadas por el grupo de trabajo del Palacio Legislativo, consideraron que hay personas naturales que por diversos motivos no han quedado como parte de las recomendaciones para que el Ministerio Público tome las acciones pertinentes.
En el documento que tuvo acceso este diario, las personas excluidas son Keiko Fujimori Higuchi, Alan García Pérez, José Chlimper Ackerman y Luis Navas Mendiola.
Sobre Keiko Fujimori se estableció: Presuntamente por formar parte del círculo de sujetos que fueron apoyados por Marcelo Odebrecht con ocasión de aporte de campaña para el año 2011. En efecto, no aparece en el informe entre las conclusiones y recomendaciones.
Sobre Alan García se determinó: Presuntamente por formar parte de los principales responsables en el PROYECTO TREN ELÉCTRICO junto con Enrique Cornejo, Jorge Cuba y otros. Cabe precisar que el delito que los responsables de la elaboración del Informe habían concluido era de colusión, cohecho y negociación incompatible previstos en el Código Penal Peruano. Sin embargo, por decisión de mayoría en la Comisión Investigadora se consideró excluirlo de las conclusiones sobre responsabilidad constitucional, penal o civil contra su persona quedando fuera de los investigados recomendados para la Fiscalía de la Nación.
Sobre José Chlimper: Presuntamente haber formado parte del directorio de Graña y Montero, en el proceso de concesión y ejecución del Proyecto IIRSA Sur, Tramo 2, 3 y 4. Y, de ese modo, se habría coludido con los funcionarios del estado –durante del gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique- para obtener ventajas indebidas en el marco de éste proyecto. Sin embargo, a pesar de todo ello, el equipo de la Comisión Investigadora no lo ha considerado dentro de los denunciados recomendados para la Fiscalía de la Nación.
Sobre Luis Navas: Por presuntamente en su cargo de secretario general de Alan García cuando, presuntamente con su empresa (SERVICIOS DE TRANSPORTE) participó junto con Odebrecht en los Proyectos IIRSA Sur, Olmos y CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CHAGLLA, y haber presentado un desbalance patrimonial considerable. Pese a eso, el equipo de la Comisión Investigadora no lo ha incluido en el listado de investigados, tampoco en las conclusiones como en las recomendaciones al Ministerio Público.
Rechazan recusación contra jueces que anularon detención preliminar de Keiko
La Primera Sala Penal de Apelaciones rechazó el pedido de recusación contra la Segunda Sala Penal de Apelaciones presentada por el Fiscal Superior Rafael Vela. Esta segunda sala será la que evalúe la apelación contra la prisión preventiva de 36 meses impuesta a Keiko Fujimori.
Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, presentó la solicitud contra los jueces de la segunda sala Octavio Sahuanay, Jessica León Yarango e Iván Quispe, quienes anularon la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos.
Como se recuerda, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó dicha medida contra la lideresa de Fuerza Popular, pero fue anulada dos días antes de vencerse. La misma sala será la que evalúe si Keiko Fujimori continúa su proceso en libertad o prisión.
Sahuanay sustentó su fallo (de anular la prisión preventiva) cuestionando que el juez Concepción Carhuancho no había sustentado debidamente la orden de detención, por lo que ordenó declarar nula esa orden.
«Se dispone la inmediata libertad de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, Marizol Vellese y Erick Matto Monge, así como de los demás indiciados que están sufriendo de detención preliminar efectiva con motivo de la resolución», resolvió, en ese entonces, la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
Congresista Castro afirma que es testigo protegido de la fiscalía
El congresista Miguel Castro Grandez (Fuerza Popular) reveló anoche que es testigo protegido de la fiscalía en la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña electoral del 2011 de Keiko Fujimori.
“El testigo protegido del fiscal soy yo. En todos los argumentos que se han manifestado, soy yo”, dijo el parlamentario en el programa de televisión “Beto a saber”.
El legislador aludía a la audiencia de prisión preventiva por el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori, realizada horas antes, y en la que el fiscal Pérez había citado el testimonio de un nuevo testigo protegido –quien, según la versión de Miguel Castro, sería él mismo– incluido en su investigación.
El congresista fujimorista de la región Amazonas contó que acudió a la fiscalía porque existía otro testigo protegido que manifestaba que participó en la firma de recibos que habrían sido hechos pasar como aportes al partido Fuerza 2011.
Sin embargo, Castro anunció que su defensa pedirá al juez Richard Concepción Carhuancho que retire su testimonio porque “se ha violentado” la reserva procesal.
Fuentes del Equipo Especial del Caso Lava Jato explicaron a este Diario que Castro acudió “voluntariamente” al despacho del fiscal José Domingo Pérez a solicitar que le tomen su testimonio y que su nombre no ha sido revelado.
Precisaron que, si el congresista quiere cambiar su testimonio, estaría cometiendo un delito debido a que en esa condición de testigo está obligado a decir la verdad.
El ex procurador Luis Vargas Valdivia consideró que el fiscal Pérez no ha revelado el nombre de Castro. Señaló que la nulidad del testimonio solo podría darse si comprueba que ha sido inducido al error o engañado. “Puede solicitar que pierda la condición de protegido después de su confesión. Pero eso no anula el testimonio”, agregó.
El Comercio trató de buscar la versión del legislador Miguel Castro, pero no respondió a ninguna de nuestras comunicaciones.
–El nuevo testigo–
En la audiencia, el fiscal señaló que el testigo fue denominado con el código TP-2017-55-8 (TP). Según Pérez, este afirmó ante su despacho que el congresista Miguel Antonio Castro Grandez fue uno de los “aportantes fraudulentos” de la campaña electoral de Fuerza 2011.
La declaración se dio el último 30 de octubre. Según el testimonio citado por el fiscal, a fines de abril del 2011, Erick Matto Monge, Miguel Antonio Castro Grandez y Carlos Schreiber Aguayo participaron en una reunión social.
En esta, Matto les habría dicho a Castro y Schreiber que “estaba buscando amigos para que le firmen unos recibos de aportes del partido Fuerza 2011. Para que aparezcan como aportantes”.
Matto Monge les comentó, de acuerdo con el testimonio, que los vouchers se los había entregado su amigo Jorge Yoshiyama Sasaki, quien le había recomendado que busque “personas solventes, que pudieran aparentar tener dinero para aportar al partido”.
Esa modalidad fue descrita por el fiscal Pérez como “aportes fraudulentos”.
Entonces, Matto Monge les habría señalado que el dinero que iba a figurar en los recibos “le pertenecía al señor Jaime Yoshiyama Tanaka [ex secretario general de Fuerza 2011]”.
