La Justicia define si Correa va a juicio por el secuestro de un exasambleísta
El expresidente y otros tres supuestos implicados podrían ser llamados a juicio por el secuestro del político y exasambleísta Fernando Balda en 2012.
La audiencia en la que se conocerá si el expresidente Rafael Correa es o no llamado a juicio por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda será hoy a las 15:00.
Esta diligencia, inicialmente, estaba convocada para el martes 23 de octubre. La notificación fue firmada por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho.
Correa es indagado por el plagio de Balda, hecho que ocurrió en Bogotá, el 13 de agosto del 2012. Tras el plagio, uno de los implicados fue capturado en Bogotá- Colombia, al siguiente día del hecho.
En Ecuador, la denuncia se interpuso en el 2013 y en el 2018 comenzaron las primeras diligencias.
La expectativa en este caso se incrementa por la implicación del expresidente y otros altos responsables de los organismos de seguridad e inteligencia bajo su gobierno.
El abogado defensor del exmandatario, Caupolicán Ochoa, mencionó semans atrás que está confiado de que su cliente será absuelto. Mientras que el abogado de Balda, Felipe Rodríguez, aseguró que cuenta con suficientes pruebas para demostrar el cometimiento del delito.
INTERPOL negó difusión roja a Rafael Correa porque caso Balda «carece de validez y fuerza jurídica», advierte Caupolicán Ochoa
El abogado del expresidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, en entrevista con Ecuadorinmediato, ratificó la negación por parte de la INTERPOL al pedido de difusión roja contra el expresidente Rafael Correa solicitado por la Corte Nacional de Justicia. Afirmó que esta entidad determinó que el caso respondía a temas políticos y no judiciales. «Este proceso desde el inicio carece de calidez y fuerza jurídica. Las imputaciones que se han hecho contra el exprimer mandatario son banales, subjetivas e insustanciales. Estas son forjadas mañosa y perversamente».
Aseveró que la motivación por la cual la INTERPOL ha tomado la decisión de no aprobar el pedido de difusión roja a Rafael Correa llegará pormenorizada a las manos de la jueza del caso, Daniella Camacho. “Esta motivación básicamente se refiere a que analizadas las constancias procesales que se envió por medio de la Fiscalía y la Corte Nacional en la investigación se ha concluido en que este asunto no es un tema judicial sino algo eminentemente político”.
“Resulta inverosímil para cualquier ciudadano que mire a distancia el asunto, con la suficiente serenidad y sensatez, que el expresidente haya llamado a u policía raso para darle una orden directa sobre un secuestro de un ciudadano en un país extranjero. Esto, absolutamente, es inverosímil, no se comparece con la realidad y no es creíble. Más aún todavía cuando se han incorporado como argumentos los testimonios anticipados del señor Raúl Chicaiza y Diana Falcon”.
Indicó que en estas versiones se ve con claridad, “que son arreglos o especulaciones con el fin de comprometer la responsabilidad penal de un ciudadano pero sin que esas aseveraciones sean comprobadas, contrastadas o verificadas con la realidad. Esta fatuidad, irresponsabilidad con la que se ha actuado lleva a cualquier ciudadano a concluir que esto solo es una construcción intencional con el fin de perseguir políticamente a una persona”.
Ochoa aclaró que ante estas intenciones una entidad como la INTERPOL no se va a prestar para este tipo de persecución. Aclaró que la decisión ya fue tomada por parte de la INTERPOL sobre la difusión roja al exprimer mandatario pero que se cumplirá reglamento, protocolos y que después esta decisión será entregada directamente a la Corte Nacional de Justicia.
Recordó que al tratarse de un organismo tan serio una decisión tomada no se la puede rever ni retractar de aquello. “Estamos esperando la notificación escrita para que se conozca de manera oficial esta decisión”. Ochoa comentó que esta decisión lo que hace es develar la irregularidades que han existido en todo el proceso judicial.
“Para todos quienes hemos observado este asunto, sin intereses preconcebidos, este proceso no es otra cosa sino un acomodo perverso para tratar de comprometer la responsabilidad política y penal con el fin de alejar a Rafael Correa de la vida pública”. Ochoa comentó que las diferencias políticas e ideológicas deberían medirse y debatirse en el ámbito de lo político pero en Ecuador se ha encontrado que lo más fácil es iniciar un juicio penal en contra de alguien.
“Esto ocurren en el Ecuador de ahora pero esto no es aceptado, o bien visto, por personas que tiene mayor sensatez”. Recordó que la veeduría internacional que visitó el país hizo un informe sobre este proceso y llegó a conclusiones “tenebrosas y vergonzosas respecto a nuestra administración de Justicia”.
“Se escandalizaron de ver la forma como se maneja la administración de justicia, como se conspiraba con la vigencia del debido proceso y se allanaba el principio a la Defensa. En este expediente hay conclusiones graves que serán trascendentales en las instancias y organismos internacionales”.
Ochoa ratificó que el proceso judicial en el caso Balda “nunca tuvo validez, ni fuerza jurídica. Las imputaciones que se han hecho contra el expresidente son banales, subjetivas e insustanciales. Estas son forjadas mañosa y perversamente para pretender justificar la responsabilidad penal de Rafael Correa”.
“Es vergonzoso que en el Ecuador hayamos llegado a estos niveles”. El jurista también se refirió a la audiencia preparatoria de juicio que se realizara este miércoles, 07 de noviembre del 2018. “La jueza Daniella Camacho deberá declarar el sobreseimiento en este caso, salvo la condición de que haya caído ante la enorme presión política que se está desatando en su contra”.
“Esto es evidente. Un consejero presidencial fue a España para pedir a otro procesado que incluya a Rafael Correa al juico ya que las supuestas pruebas que tenían eras insatisfactorias. Se quería contar con la versión de señor Pablo Romero. Al señor Cuesta no le cuestiona nadie, sin embargo, en otros casos sí se han tomado medidas”.
Ratificó que existe una gran presión política sobre la jueza Camacho, “amenazándola de mil maneras para que tome una decisión contraria al derecho. Aspiramos que la magistrada pueda sobreponerse a esto y nos entregue a los ecuatorianos algún atisbo o esperanza que nos devuelva la confianza en la justicia”.
El abogado de Rafael Correa advirtió que varios canales de televisión como TC y EcuadorTV han realizado reportajes “destinados a lesionar la independencia judicial y pretender incidir en el de la administración de justicia”.
“Esa es la situación que estamos viviendo, la presión y la manipulación que se le quiere hacer a la señora jueza es evidente. Esperamos que mañana (miércoles) tengamos una decisión justa”. Asimismo se refirió a las declaraciones de Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, en las que denunciaba que 11 abogados del exprimer mandatario fueron a la INTERPOL para poner trabas al pedido de difusión roja en contra del expresidente.
“Felipe no está informado sobre este tema y él está viendo este caso desde su visión particular como abogado acusador. En esta situación se asevera cualquier cosa”. Recordó que Rafael Correa solo tiene un abogado que maneja los asuntos en Europa. “Esto solo es el afán de satanizar y escandalizar toda la información en este caso dedicándose a hablar de la forma y no el fondo”.
“La INTERPOL se niega a dar trámite a la difusión roja de Rafael Corea porque llega a la conclusión de lo que se está viviendo aquí es una persecución política”. El jurista recordó que ya se han adelantado las posibles decisiones y que ya han presentado acciones a organizaciones internacionales.
“Lo único que existe en estos espacios es consternación. Si se da una sentencia en contra del expresidente Rafael Correa será una hecatombe jurídica que afectará tremendamente al buen nombre del país”. Finalizó asegurando que caerán repercusiones de carácter personal y patrimonial sobre aquellos que actúen de manera ilegal.
