G-20: Peligra el acuerdo nuclear chino-argentino ¿por presiones del FMI? – Por Rubén Armendáriz
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Rubén Armendáriz*
A una semana de la Cumbre del G-20, peligra el acuerdo nuclear de Argentina con China por una fuerte pelea interna y de intereses en el gobierno de Mauricio Macri: el Ministerio de Hacienda cuestionó la construcción de la central nuclear Atucha III por su elevado costo de producción, mientras en la Secretaría de Energía sostienen la idea del proyecto con los chinos.
La idea de la suspensión de Atucha III no responda a factores coyunturales y financieros, como argumentan, sino que pareciera una decisión tomada desde el inicio de la gestión macrista, que tendrá un grave impacto y consecuencias sobre el desarrollo del plan nuclear -pionero en Latinoamérica- y la política energética argentina.
Según fuentes de la Cancillería argentina, que mandó una delegación oficial a China –integrada entre otros por el presidente del Banco Central Guido Sandleris, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Francisco Cabrera- para finiquitar los detalles de los posibles acuerdos que se firmaría entre Macri y el presidente chino Xi Jinping durante la Cumbre de los 20 a fin de mes en Buenos Aires, el ministerio de Hacienda trasladó las presiones hechas por el Fondo Monetario Internacional para que el convenio no se firme.
Sandleris y Cabrera buscaba, primero, obtener un swap de nueve mil millones de dólares, que los chinos condicionaron al avance del proyecto de Atucha III.
En un nota de Martín Dinatale en el portal prooficialista Infobae, una inusitada batalla de poderes internos desatados entre el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne (el hombre del FMI en el gabinete) y el Secretario de Energía Javier Iguacel puso en riesgo la construcción de la central nuclear Atucha III que tendrá un costo estimado de 8.000 millones de dólares y sería financiada por el gobierno chino.
Ya el FMI había presionado para que se abandonara la obra y puesto en discusión el compromiso de pago financiero en momentos de ajustes y ahorro económico impuestos por el organismo multilateral. «No sería conveniente hoy poner en un compromiso financiero a la Argentina» para la construcción de una central nuclear, cuya producción es más costosa que el resto de los sistemas energéticos que ya tiene el país, señala un documento interno del Ministerio de Hacienda.
El argumento es que el costo de generación de un MW es de 170 dólares para el caso de la energía nuclear, mientras que un MW de energía renovable implica un costo total de 70 y la producción de energía tradicional que se puede obtener por MW del yacimiento de hidrocarburos de Vaca Muerta tiene un costo de 50 dólares.
Desde la cartera de Hacienda se sostiene que la construcción de otra central nuclear sería fabulosa en una Argentina imaginaria que tenga recursos de sobra para pensar a futuro, pero no es precisamente lo que hoy ocurre en una situación de crisis y ajuste. Ante Macri, insistió en no “emitir una imagen contradictoria” al pedirle dinero al FMI para afrontar la grave crisis del país y en paralelo pagar un crédito a China por “un negocio que no se ve rentable en su totalidad”.
El Subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, defendió ante el Presidente el proyecto que hace 15 días acaban de negociar en Beijing, dando a entender que la estimación de un costo de 170 dólares por MG en Atucha II es totalmente falsa, ya que en promedio no supera los 90 dólares. Los funcionarios de Energía entienden que el cálculo de Hacienda es fruto de la división costo por producción, cuando debería darse por el resultado energético en el largo plazo.
Pero fue el propio Gadano que el pasado 31 de mayo, confirmó lo que hasta ese momento no eran más que rumores: la postergación de la construcción de la cuarta y quinta centrales, Atucha III y IV, causando así un duro revés para la historia y futuro de la industria argentina.
El reactor propuesto para la cuarta central nuclear corresponde a una evolución del diseño CANDU 6 (Canada Deuterium Uranium). La central tendría una potencia bruta instalada de aproximadamente 740 MWe (a 23°C de temperatura de agua de río), utilizaría agua pesada como refrigerante y moderador y su combustible sería uranio natural.
Se prevé su construcción en Atucha (Lima, Provincia de Buenos Aires) en terrenos linderos al emplazamiento que ocupan las dos unidades en operación de diseño PVHWR correspondientes a Atucha I (357 MWe) y Atucha II (745 MWe). Además, Argentina cuenta con una Central con este tipo de tecnología en Embalse, la cual se encuentra en la etapa final de su proceso de extensión de vida.
Los acuerdos con China para la construcción de ambas centrales tienen su origen en 2006 a partir del relanzamiento del Plan Nuclear argentino -luego del debilitamiento y parálisis del mismo por más de diez años- y en la Ley 26.566 “Actividad Nuclear” de 2009 que declara de interés nacional las actividades necesarias para la construcción, puesta en marcha y operación comercial de una cuarta central nuclear de uno o dos módulos.
En cuanto al financiamiento, el contrato firmado en mayo de 2017 para la construcción de las dos centrales nucleares de potencia, preveía una inversión total de 14.000 millones de dólares (seis millones para la cuarta central y ocho millones para la quinta), de los cuales China financiaría el 85%.
Preveía un periodo de gracia (sin pagos de capital) al menos tan largo como el tiempo de ejecución de la obra (en este caso ocho años) y, posteriormente, un periodo de repago de al menos 10 años. La tasa de interés debería tener un descuento de, al menos, el 25% con respecto a la tasa de interés de los títulos públicos emitidos por Argentina bajo ley de Nueva York.
Desarmando el plan nuclear
A lo largo de casi tres años de gobierno macrista, una serie de hechos parecerían demostrar que el plan nuclear se está quedando sin energía. El gobierno dio marcha y contramarcha con la gestión de los previstos proyectos de construcción de centrales nucleares, señala el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).
La administración macrista se posicionó fuertemente en materia de política exterior en favor de los demócratas, en la elección presidencial estadounidense de noviembre, así como en su intención de integrarse a la Alianza del Pacífico y al Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TTP).
Luego de que los republicanos -de la mano de Donald Trump- llegarán al poder, y del revés en la incorporación de Argentina en ambos procesos de integración, Macri viajó a China -en mayo de 2017 a reunirse con su par Xi Jinping en pos de “descongelar” los acuerdos para la construcción de las centrales.
En octubre de 2017, un decreto firmado por el entonces Ministro de Energía, Juan José Aranguren, estableció el primer paso en el proceso de privatización de Dioxitek SA, ordenando la transferencia de las acciones clase “C” que estaban en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) al Ministerio, a los fines de su posterior enajenación en el proceso de venta correspondiente.
Dioxitek fue creada por el gobierno argentino en 1997). Los sectores operativos y productivos del área Ciclo de Combustible de la CNEA se transfirieron a esta nueva empresa para que, al asegurarse la producción de dióxido de uranio natural y enriquecido, se pueda garantizar el suministro de los elementos combustibles a las Centrales nucleares Atucha I y II y Embalse, y a los reactores de investigación y producción de radioisótopos.
Los antecedentes de este desmantelamiento se remontan a la década del ’90, cuando por decreto el presidente Carlos Saúl Menem, transfirió los sectores del área ciclo de combustible de la CNEA a una nueva empresa: Dioxitek SA. Once años después, la administración macrista terminó de desplazar a la CNEA en la producción de los elementos de combustible, dejando a Dioxitec a un paso de la privatización, perdiendo así el control estatal en lo que refiere al ciclo del combustible.
Mientras, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito se encuentra sin producir desde principio de 2017 y estaba a la espera del inicio de la cuarta central para retomar la producción.
El ministro de Energía de la provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro, señaló que “producida la caída de la cuarta central, la única posibilidad de producción de agua pesada que tiene PIAP son las 300 toneladas para reposición. Eso va a ser lo último que produzca en agua pesada, porque no hay otra demanda ni mercado internacional”.
Asimismo, la CNEA, organismo dedicado a la investigación y al desarrollo nuclear, comenzó (con el gobierno macrista) a sufrir demoras y recortes progresivos en los programas y proyectos que venía llevando adelante desde el relanzamiento del Plan Nuclear, que quedan evidenciados en su política presupuestaria.
La decisión de desactivar la construcción de nuevas centrales nucleares de potencia, impacta directamente en el medio ambiente, porque deberá cubrirse la generación nucleoeléctrica proyectada -sin emisión de gases de efecto invernadero- con generación térmica a base de gas, ya que las energías renovables no convencionales (eólica y solar) no son capaces de sustituir la potencia firme de las centrales nucleares por ser intermitentes.
La misma decisión conlleva a impactos en la composición de la matriz energética nacional que a la fecha está compuesta por: 61% fósiles; 33% hidráulica; 5% nuclear; 1% solar, eólica, biomasa y geotérmica. La generación nucleoeléctrica representa hoy un poco menos del 6% de la generación de electricidad en el país, y se esperaba que la construcción de la Cuarta y la Quinta Central llevara este porcentaje a un valor más aproximado al promedio mundial, que es el 10%.
(*) Periodista y politólogo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
