Ecuador: aumento de la violencia machista y desfinanciamiento de los programas para combatirla
Violencia machista en aumento en Ecuador a la par que las medidas para combatirla
Los asesinatos y homicidios de mujeres por razón de género son los únicos delitos que han aumentado este año en Ecuador, en paralelo a la cada vez mayor concienciación social sobre la violencia machista y la adopción de medidas para combatirla.
Desde que comenzó 2017 y hasta el pasado 5 de noviembre se registraron en el país 92 casos de muertes violentas de mujeres por parejas, exparejas o por su condición de género, 28 más que en el mismo período del año pasado, según reveló el titular del Interior, César Navas este jueves 23 de noviembre.
Por el camino han quedado en torno al centenar de niños huérfanos en un país con cerca de 16,4 millones de habitantes, y donde el 60 % de las ecuatorianas asegura haber atravesado por algún cuadro de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, según las estadísticas nacionales.
En vísperas de que el próximo sábado 25 de diciembre se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los datos son palmarios.
Ecuador es el sexto país con la tasa más alta de femicidios de la región latinoamericana y Caribe, donde es la primera causa de muerte entre las mujeres de 16 a 44 años por delante del cáncer, según la ONU.
El índice de homicidios y asesinatos de mujeres es de 5,04 casos por cada 100.000 habitantes, representando más del 40 % del total de todos los delitos que se cometen en el país andino.
“Tenemos un incremento en los femicidios”, reconoció el ministro en el V Encuentro de Seguridad Ciudadana celebrado en Quito, donde llamó “a trabajar en conjunto en la formación de valores en jóvenes y niños para tener una sociedad cada vez más pacífica”.
Antes de la entrada en vigor en 2014 del Código Orgánico Integral Penal en Ecuador, que tipifica el femicidio como delito, las muertes de mujeres a manos de hombres por razón de género se enmarcaban bajo el recuadro de crímenes pasionales o violencia intrafamiliar.
Desde que comenzaron a atenderse judicialmente como tales estos delitos y hasta octubre de este año, 246 mujeres perdieron la vida en esas circunstancias, según la Fiscalía General del Estado, que indicó que el 70 % de las víctimas tenían entre 15 a 34 años, y apenas 28 habían presentado denuncia previa.
La violencia contra las mujeres ha llevado a varias campañas de sensibilización en diferentes sectores sociales e iniciativas tan impactantes como la de un cubo de grandes dimensiones en uno de los principales parques de la capital con la leyenda de “No violarás”.
La Iglesia católica ecuatoriana se ha hecho eco de la inquietud al denunciar esta semana que “en nuestra sociedad el problema real y triste del trato a la mujer y de la violencia doméstica se ha recrudecido en estos últimos tiempos”.
Bibiana Aído Almagro, responsable de ONU Mujeres en Ecuador, dijo a Efe que pese a que queda camino por hacer en la región, 16 países han tipificado estos crímenes como femicidios y trabajan en leyes de “segunda generación” para prevenir y erradicar esta lacra.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció en agosto, tres meses después de asumir el cargo, un proyecto de ley para frenar el aumento de crímenes machistas, que está analizando actualmente la Asamblea Nacional (Parlamento).
“En Ecuador existe una voluntad política para avanzar en su erradicación como la ‘cruzada nacional contra la violencia hacia las mujeres’ anunciada por el presidente o el proyecto de ley que estudia el Congreso”, manifestó Aído Almagro.
El borrador se encuentra en una fase de discusión y análisis acerca de los ejes en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, entre los que se encuentran las Medidas Administrativas de Protección (MAP) que en virtud de la ley serán de aplicación inmediata y provisional.
Hasta su concreción y aprobación final, son la Fiscalía y el sistema integrado de emergencias ECU-911, en coordinación con la Policía comunitaria, las instituciones que hacen seguimiento tanto a víctimas como a los propios agresores, en aquellos casos reportados.
Mientras se gestiona una legislación integral, en el plano jurídico la lucha contra la impunidad ganó este miércoles una batalla en el país.
El Tribunal de Garantías Penales del Azuay condenó a 34 años y ocho meses al autor del femicidio de Cristina Palacio, cuyo cuerpo fue arrojado a un río, en un caso muy controvertido ocurrido en marzo pasado en el municipio de Cuenca, en el centro austral del país.
Sobre un problema de orden mundial y con ondas raíces en siglos de desigualdad y subordinación del rol de la mujer, Almagro subraya que “hay que combatir también la impunidad social, que no se justifiquen ni se toleren los actos de violencia”.
La Asamblea se vistió de lila
Las buenas intenciones de la Asamblea Nacional van a estrellarse en el muro del presupuesto. Ni la ley contra la violencia machista, aprobada aquí hace un año, ni el plan para erradicar los abusos sexuales en el sistema educativo, que el Pleno recomendó fortalecer en la sesión de ayer, tienen quién los financie. Dos informes al respecto conoció este jueves la Asamblea: uno del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, en lo que fue una celebración adelantada del Día de la No Violencia Contra la Mujer, que tendrá lugar este domingo; y otro, el final, de la Comisión Aampetra, constituida para investigar los casos de abuso, acoso y violación en las escuelas. Ambos piden lo que el gobierno de Lenín Moreno, al parecer, no está dispuesto a darles: dinero. Con esto, el Pleno acumuló dos razones más (por si le faltara alguna) para lo que ya parece inevitable: el rechazo de la proforma presupuestaria que se debatirá y votará el martes próximo.
Por el Día de la No Violencia Contra la Mujer hubo invitadas especiales, camisetas lilas, verdes y blancas que los asambleístas se encorsetaron sobre vestidos y corbatas e informe a cargo de Mónica Alemán, presidenta del grupo parlamentario respectivo. Le molestó a la correísta que no hubiera cámaras de televisión para cubrir su discurso. Lo interpretó, como suelen hacer los de su partido, como un signo de desinterés de los medios por lo que de verdad importa. La verdad es que, a juzgar por el contenido de su discurso, poco fue lo que se perdieron los canales: una lista de foros, mesas redondas y talleres organizados por el grupo que preside y que tampoco cambian sustantivamente una realidad penosa.
Lo más importante, una cifra: 657.646 dólares (“de 9 millones presupuestados antes”, dijo Alemán) es todo lo que ha asignado el gobierno al programa de prevención de la violencia machista. “No alcanza ni para cubrir la segunda encuesta nacional que nos están debiendo”, aseguró Virginia Gómez de la Torre, representante de la sociedad civil recibida por el Pleno y a quien apenas sí habrían puesto atención los asambleístas (ocupados como estaban en sacarse selfis con las camisetas) si no fuera porque la presidenta encargada, Viviana Bonilla, les llamó la atención bochornosamente: “Después habrá tiempo para la foto”, les dijo.
En cuanto al informe de los abusos sexuales en el sistema escolar, la presidenta de la Comisión Aampetra, Silvia Salgado, lo presentó como acostumbra: omitiendo cualquier alusión a los responsables a pesar de que, la víspera, la Contraloría señaló claramente a los tres ministros de Educación del correísmo. El principal de ellos, Augusto Espinosa, hoy asambleísta, no se dejó ver por el recinto, quizá para ahorrarse el trago amargo.
Se lo habría dado Raúl Tello (BIN). Fue él quien restregó a oficialistas y correístas la responsabilidad de haber actuado como un solo bloque a la hora de librar a Espinosa de responsabilidades y sanciones. Otros anticorreístas (César Rohon, del PSC, y Washington Paredes, de SUMA) recordaron otro de los aspectos políticos del escándalo de los abusos sexuales: la presencia de la Red de Maestros, el nuevo gremio del magisterio con el cual el correísmo sustituyó a la UNE y que se engrosó, en muchos casos, con personal no calificado y profesores sin el título respectivo.
Lo más importante, otra vez, tuvo que ver con el dinero: las recomendaciones de Aampetra piden recursos para atención de víctimas, contratación de personal especializado, constitución de unidades de peritaje integral en la Fiscalía y unidades exclusivas para el seguimiento judicial de los casos de violencia sexual contra los niños, ampliación de salas de acogida… No está calculado, pero es mucho dinero. Y (la respuesta se sabe de antemano) no hay. Este informe se sometió a votación y recibió el respaldo de 73 asambleístas. Nuevamente, los correístas cerraron filas en torno a Espinosa: se abstuvieron.
Abusos sexuales
La culpa de los ministros
En el escándalo de los abusos sexuales en las escuelas, la responsabilidad de los ministros de Educación no fue poca. Según un informe de Contraloría, la omisión del plan nacional para erradicar los delitos sexuales del sistema educativo, confiado a ellos, es la causa del incremento de los casos.
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