Costa Rica: la Sala Constitucional decidirá esta semana el futuro del plan fiscal
La Sala Constitucional entró este lunes en días críticos para la definición de la controvertida reforma fiscal impulsada por el Gobierno, en una semana en la que el presidente Carlos Alvarado tiene por coincidencia una reunión con su homólogo del Poder Judicial, Fernando Cruz, y del Congreso, Carolina Hidalgo.
Los magistrados tienen tiempo hasta el lunes 26 de noviembre para responder las dos consultas de inconstitucional, por lo cual se prevé que en la segunda mitad de esta semana pueda darse la decisión trascendental para el proyecto que el Gobierno y algunas fuerzas aliadas consideran urgente para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas.
Para esta decisión el alto tribunal tiene definida la lista de los siete magistrados que determinarán las posibilidades o condiciones del proyecto 20.580 para recibir la votación definitiva en la Asamblea Legislativa.
Cuatro magistrados de experiencia, uno nuevo y dos suplentes serán los encargados de resolver si los diputados violaron la Constitución Política con el procedimiento que permitió votar la reforma fiscal el 5 de octubre en primer debate, el primer paso de esta propuesta del Gobierno por atenuar la crisis fiscal.
Sin la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, los magistrados propietarios serán Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar. Se les suma Jorge Araya, juramentado hace dos semanas en la Asamblea Legislativa, en medio de la expectativa sobre el futuro de la reforma fiscal.
Los dos suplentes serán Martha Esquivel y Hubert Fernández. Ella es una abogada con amplia experiencia en funciones litigantes y con poco tiempo de ejercer como jueza, aunque sustituye de manera indefinida al exmagistrado Ernesto Jinesta, jubilado en mayo.
Fernández, en cambio, tiene una larga carrera como juez en el área contenciosa y ha ejercido como letrado en la Sala Constitucional. Él salió elegido por rifa para sustituir a Fernando Cruz en esta ocasión, pues este anuncio el 16 de octubre que se inhibía de conocer las consultas sobre el plan fiscal. Lo dijo durante la intervención en la que aseguraba que este proyecto afecta al Poder Judicial y violenta su independencia.
Como coincidencia, en la mitad de esta semana en que se discutirá la constitucionalidad de la reforma fiscal, está programada una reunión de presidentes de los supremos poderes en el Poder Judicial, que hará coincidir a Cruz, al mandatario Carlos Alvarado y a la diputada oficialista Carolina Hidalgo, confirmaron en la oficina de esta. Se trata de una de la reuniones que periódicamente hacen los representantes de los tres poderes.
¿Qué se revisará?
Los magistrados deben determinar la constitucionalidad del contenido de ocho artículos del texto aprobado el 5 de octubre con 35 votos. También deben revisar si el procedimiento abreviado (208 bis) fue correcto, aunque hay dudas sobre la manera en que un grupo de diputados planteó esta acción el 25 de octubre.
Esto, porque hay fallos anteriores de la Sala que levantan sospechas sobre el ingreso tardío de la consulta que señala vicios de procedimiento, los únicos que podrían tumbar el plan fiscal, como ocurrió en 2006 y 2012. Al tratarse de una ampliación a la consulta original, hace que la Sala pueda negarse a revisar esa parte, según argumentos contenidos en el fallo 04621-2012.
Esta es solo una de las consideraciones en esta consulta clave para la reforma fiscal. La necesidad eventual de 38 votos es otra de las preguntas en el aire, pues en la primera votación solo hubo 35 votos a favor y ninguno de los 22 contrarios ha dado señales de cambiar su posición.
Mientras tanto, el Gobierno, autoridades financieras y otros actores claman por una aprobación de la reforma fiscal para recaudar en el primer año una suma cercana a 1,5% del PIB y dar señales positivas hacia los mercados internacionales, para frenar la curva creciente de endeudamiento público.
En sentido contrario, la huelga convocada por sindicatos del sector público contra el plan fiscal desde el 10 de septiembre llega ya a su día 65, aunque el impacto vigente se da solo en escuelas y colegios, donde quedó truncado desde entonces el curso lectivo.
Tribunal de Trabajo anula sentencia que declaraba ilegal huelga en el sector educación
El Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial de San José anuló la sentencia en primera instancia que declaraba ilegal la huelga contra el Plan Fiscal en el sector educativo, dejando sin efecto esta lo dispuesto en primera instancia. Así lo señala la sentencia n°443 del 16 de noviembre a las quince horas dada a conocer este lunes.
Esto significa que el juez de primera instancia deberá de calificar nuevamente si el movimiento de huelga en el Magisterio Nacional es legal o ilegal.
El Tribunal señaló algunos vicios que considera dan pie a la anulación de la sentencia, como el hecho de que “el juez sentenciador estimó que el movimiento que se conoce no fue pacífico”, pero no se incluye una explicación ni se fundamenta este criterio; e incluso, ni siquiera analizó el contenido de la prueba aportada en soporte de CD -que dice ser el sustento de su resolución- y que lo llevó a la “total convicción” de que las manifestaciones llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación.
Además, ” el juez omitió indicar con qué fundamento liquidó las costas procesales, pues no señaló los elementos probatorios para concluir que el monto de un millón de colones es el pertinente y el que debe satisfacer solidariamente los demandados , lo que violenta la debida fundamentación de la sentencia”, dice el texto dado a conocer ayer.
De acuerdo con la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) “la anulación de esta sentencia es un triunfo para el Magisterio Nacional y toda la clase trabajadora, por cuanto deja sin efectos una primera sentencia que carecía de fundamento para determinar la ilegalidad, por lo que de nuevo nuestro movimiento se cubre de presunción de legalidad”.
A la fecha, la huelga en el sector educativo suma ya 71 días.
MEP se pronuncia
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Educación Pública (MEP) señaló que respeta la resolución del Tribunal de Trabajo que anula la sentencia en primera instancia y que se mantiene a la espera de la nueva decisión judicial.
De acuerdo con el MEP “la declaratoria de la huelga es un trámite importante para el Ministerio; sin embargo, por encima de la declaratoria de legalidad o ilegalidad están miles de estudiantes que tienen el derecho a recibir lecciones, conocer sus calificaciones y finalizar el año lectivo para continuar con su desarrollo educativo y social”.
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