Correa: «Somos victimas de la traición más grande en la historia de América Latina»
Rafael Correa dice que hay «persecución política» en Ecuador tras decisión judicial
El expresidente del Ecuador Rafael Correa denunció este jueves una «persecución política» después que la justicia ecuatoriana decidiera llamarlo a juicio, una decisión contra la que aseguró que dará la batalla ante la justicia internacional.
«Como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas excusas tremendamente graves», es una «persecución política», asegura Correa en una entrevista a la AFP en Ottignies-Louvain-la Neuve, Bélgica, donde reside desde su marcha del poder.
El mandatario ecuatoriano entre 2007 y 2017 reaccionó así a la decisión de la jueza Daniella Camacho, de la Suprema Corte de Ecuador, de llamarlo a juicio por su presunta participación en el secuestro de un opositor en el 2012 en Colombia.
El exmandatario, que afronta una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide que sea juzgado en ausencia por ese delito castigado con hasta siete años de cárcel.
Para Correa, la acción judicial, en su opinión plagada de «irregularidades» y un «fraude total», «no tiene ningún futuro». «Pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba» y «tenerme fuera el país para la próxima campaña (electoral), en marzo de 2019», agrega.
Desde Bélgica, de donde es oriunda su esposa, el exmandatario siempre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha acusado a su vicepresidente de 2007 a 2013, y actual presidente Lenín Moreno, de orquestar un complot en su contra.
Preguntado sobre un eventual regreso para enfrentar el juicio, Correa lo descarta porque sería «regresar para que (le) masacren con la injusticia que vive el país». «Todo está tomado. Ecuador tiene un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional, la destituyeron», refirió.
Correa: La traición más grande de la historia de América Latina
Muy popular en su década de gobierno, llamó a sus seguidores a «no perder el ánimo» y a preocuparse por «los perseguidos en el país», como su también vicepresidente entre 2013 y 2017, Jorge Glas, quien cumple seis años de prisión por corrupción.
«Esto no lo buscamos. Es una verdadera pesadilla. Somos víctimas de la traición más grande tal vez de la historia del país y, probablemente, de la historia de América Latina, pero al final venceremos», asegura.
Su defensa ahora pasa también por acudir ante instituciones internacionales, como hicieron en septiembre sus consejeros jurídicos que denunciaron esa «persecución judicial» ante el Relator Especial Especial de la ONU sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados.
«También vamos a ir al sistema interamericano, pero (…) había que esperar esta última etapa. Ya hemos agotado todo lo razonablemente posible», avanzó. «De persecución política, tenemos muchísimas pruebas», agrega.
Sobre la petición de la justicia ecuatoriana a Interpol de una circular con él, Correa asegura que, aunque aún no tienen «comunicación oficial», la organización de cooperación policial la rechazó.
«Si lo hubiera aceptado ya tendríamos la alerta roja. Y lo rechaza por ser un caso evidentemente político, es de libro de texto, es una persecución política», subraya.
Interpol, con sede en Lyon (Francia), no suele informar sobre sus decisiones. La justicia ecuatoriana, que emitió también en julio una orden de arresto nacional contra Correa, tampoco se ha pronunciado sobre la circular roja.
Para el exmandatario socialista, las acciones en su contra forma parte de una estrategia regional, basada en un «acoso judicial terrible, el famoso ‘lawfare’ (Guerra jurídica)» por parte de las élites locales «conectadas con las de los países hegemónicos».
«Mira lo que le han hecho a (Luiz Inácio) Lula da Silva», explica en referencia al presidente brasileño de 2003 a 2010 y en prisión desde abril por corrupción y lavado de dinero. Y «el mundo no reacciona», lamenta.
Expresidente Rafael Correa pidió asilo en Bélgica desde junio, según agencia internacional
Según la agencia de noticias AFP, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien fue llamado a juicio por la jueza Daniella Camacho por el caso Balda, solicitó asilo en Bélgica desde el pasado mes de junio y esta petición habría sido tratada, por las autoridades de ese país, desde el mes de agosto.
Dos fuentes cercanas al caso fueron utilizadas por la agencia de noticias para conocer esto e indicaron que el expresidente Correa ya habría sido incitado y escuchado una primera vez para defender su solitud a finales del verano de este año. El Presidente de la República en una entrevista con TELESUR anunció que él no forma parte de este caso y que ya se han alertado a distintas organizaciones internacionales.
Según lo publicado por esta agencia el exprimer mandatario la solicitud d asilo en Bélgica fue pedida días antes de que la justicia de Ecuador se emitiera una orden de arresto nacional e internacional contra él. Contactada por la AFP, la CGRA rechazó confirmar la información y explicó que el tratamiento de una solicitud toma en general «tres meses de media», aunque hay algunos que «pueden tomar mucho más tiempo».
Rafael Correa ha anunciado reiteradas veces que es un perseguido político y también expresó su solidaridad al exvicepresidente, Jorge Glas, ya que se encuentra en huelga de hambre. Por ahora la defensa del exprimer mandatario apelarán la decisión de la justicia ecuatoriana en el caso por plagio de Fernando Balda.
¿De qué trata el caso Balda en Ecuador?
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió el miércoles un auto de llamamiento a juicio contra el expresidente Rafael Correa y tres exfuncionarios por el secuestro, en Colombia, del opositor Fernando Balda.
El 13 de agosto de 2012 fue raptado en una calle de Bogotá (capital) por varios hombres que lo subieron a la fuerza a una camioneta. El secuestro duró aproximadamente una hora.
Balda culpó al ex jefe de Estado por el hecho. Y en noviembre de 2017 sostuvo en su cuenta de Twitter que «se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura Interpol a Rafael Correa».
Dos meses después, a pesar de que el caso había proscrito, la Fiscalía General de Ecuador lo reabrió y el político, exintegrante del movimiento Alianza PAIS —fundado por Correa— fue llamado a volver al país meridional.
El fiscal encargado sostuvo que en el secuestro estuvieron involucrados agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). En específico, los ciudadanos ecuatorianos Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinoza Méndez.
Señor relator ONU para Independencia de la Justicia, señores OEA, señores CIDH:
el periódico del Gobierno ecuatoriano ya sabe la decisión de la jueza en el Caso Balda… ¡y todavía la jueza no se ha pronunciado! https://t.co/QXePngfcCg— Rafael Correa (@MashiRafael) November 7, 2018
Sin embargo, Jorge Costa Palacios, secretario de Inteligencia, ante el pedido de la fiscal Jimena Mena Martínez, reveló el pasado 15 de mayo documentos que señalan que esos tres ciudadanos no fueron «servidores públicos de la Secretaría de Inteligencia, dentro del período del año 2011 al 2012».
Cartas de altos mandos y dos depósitos de pago son las principales pruebas que manejan contra Correa.
Horas antes de que se conociera el fallo del miércoles, el propio Correa denunció en una entrevista exclusiva para teleSUR que es víctima de una persecución judicial y que el caso Balda es «puramente político».
Asimismo, indicó que no esperaba «absolutamente nada de la justicia ecuatoriana» porque la nación «está totalmente fuera del Estado de derecho».
Expresidente Rafael C. no podrá ser juzgado al estar fuera del país
El exprimer mandatario fue llamado a juicio por el secuestro de Fernando Balda. La resolución fue anunciada por la jueza Daniella Camacho, quien además ratificó la prisión preventiva, la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de cuentas y fondos en Ecuador.
A un año y medio de haber culminado su mandato, la situación legal del expresidente de la República Rafael C. se complica. Este 7 de noviembre la jueza nacional Daniella Camacho resolvió llamarlo a juicio, ratificó su prisión preventiva y dispuso la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de sus cuentas y fondos en el Ecuador.
Las medidas rigen también para el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) Pablo R. y los exagentes de policía Diana F. y Raúl Ch., todos acusados de presuntamente haber cometido el delito de plagio en el caso del secuestro al político Fernando Balda ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá-Colombia.
En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio desarrollada este miércoles 7 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la jueza se tomó alrededor de tres horas para dar a conocer su resolución.
Pese a que la Fiscalía presentó la acusación por los delitos de asociación ilícita y plagio, la jueza no dio paso a la acusación por el primer delito mencionado debido a que, según dijo, no se cumplían los elementos del tipo penal.
La fiscal general subrogante Ruth Palacios adelantó en la misma audiencia que apelará esa decisión.
El fallo de Camacho fue sustentado en los 28 elementos de convicción presentados por la Fiscalía contra el expresidente, según los cuales la tesis fiscal es de que el secuestro se dio por orden directa del entonces mandatario hacia su secretario de inteligencia, Pablo R.
Además, en este delito se habrían usado recursos públicos de la Senain, por lo que Fiscalía advirtió que el delito de peculado podría ser motivo de una nueva acusación y acción legal.
Pero la resolución de la jueza de que los cuatro procesados en el caso pasen a la etapa de juicio no se podrá ejecutar debido a que para el expresidente Rafael C. y para Pablo R. el proceso se suspende, ya que no se los puede juzgar en ausencia.
Al momento el exmandatario se encuentra en Bélgica, mientras que el extitular de la Senain en España. Sin embargo, el juicio se reactivaría cuando sean detenidos para lo cual está en trámite el proceso de alerta roja internacional a través de la Interpol.
“La resolución judicial tiene que cumplirse”, dijo el jurista Ramiro Román al admitir que al ser un delito que prescribe hasta en siete años, luego de ese tiempo Rafael C. y Pablo R. podrán estar liberados de culpa.
Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente, rechazó el fallo de la jueza Camacho aunque aseguró que no les causa sorpresa porque responde a presiones políticas. “No se hace mención a los elementos de descargo que hizo la defensa”, dijo
De su lado Fernando Balda aseguró que con la resolución se ha hecho justicia. “Al fin las mafias no tuvieron injerencias en una decisión judicial”, manifestó.
Stalin Oviedo, abogado de Pablo R., sostuvo que la resolución de la jueza no fue motivada y que hay indefensión.
A la sala de audiencias de la CNJ este miércoles 7 de noviembre se dieron cita la fiscal general (s) Ruth Palacios; el acusador particular, Fernando Balda, y sus abogados, los defensores de los procesados, así como seguidores y excolaboradores del gobierno anterior.
Un grupo de simpatizantes del anterior Gobierno se concentró en los exteriores de la CNJ, en donde permanecieron con pancartas, carteles y gritando consignas a favor del exmandatario.
Los manifestantes lanzaron palos y otros objetos a los abogados acusadores al ingreso y a la salida de la dependencia.
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