Bolivia: investigan al expresidente Carlos Mesa y otros 7 exfuncionarios por sobornos a Odebrecht
Caso Lava Jato: Involucran a Mesa y este dice que quieren “demolerlo”
Tras conocerse que la Comisión Especial de Investigación Odebrecht y Lava Jato, de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), involucró a ocho personas en Bolivia en presuntos sobornos por obras públicas adjudicadas a las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, entre los que está el expresidente y candidato a la presidencia por el FRI, Carlos Mesa, este cree que quieren “demolerlo”.
La presidenta de dicha instancia legislativa, diputada Susana Rivero, explicó que se identificó, en su informe final, tres indicios que demuestran que la operación Lava Jato llegó al país. Usando la misma metodología que se usó en otros países se observó coincidencias de viaje en lugares y fechas de altos funcionarios públicos bolivianos con los máximos representantes de las empresas brasileñas, también se vio movimientos bancarios “inusuales”, transacciones que no tienen justificación económica ni legal.
“Hemos decodificado los movimientos sospechosos del señor Carlos Mesa, porque levantó su secreto bancario, se registró movimientos inusuales o sospechosos de dinero que la instancia competente deberá investigar a que corresponden y de dónde vienen”, dijo.
Ante estas declaraciones, Mesa tuiteó: “Camargo Correa, la vergonzosa investigación de la comisión masista presidida por Susana Rivero, otro Quiborax para demolerme”.
En un resumen ejecutivo de las cartas que envió a Rivero, Mesa indicó que la investigación que realizaron se basa en el documento de la Policía brasileña denominado “Castillo de Arena”, que establece el pago de supuestos sobornos de Camargo Correa en Bolivia y que las supuestas coimas se pagaron entre el 19 de septiembre de 2005 y el 18 de agosto de 2008, durante los gobiernos de Eduardo Rodríguez Veltzé y Evo Morales, cuando él ya no era Presidente.
Según la comisión también se encontró movimientos financieros inusuales y sospechosos de un ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, de un ministro y dos viceministros del gobierno de Carlos Mesa, de un ministro del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y de dos gerentes del antiguo Servicio Nacional de Caminos.
El informe final recomienda a la Asamblea Legislativa remitirlo al Ministerio Público para que empiece una investigación jurisdiccional.
Comisión da curso para investigar a Mesa y 7 exautoridades por Lava Jato
Tras cinco meses de revisión de documentos, la Comisión Mixta que investigó el caso Lava Jato en Bolivia concluyó que existen “serios indicios” de irregularidades respecto a sobornos, viajes y movimientos de dinero contra ocho exfuncionarios, incluido Carlos Mesa. Recomendaron derivar el informe a la Fiscalía para que investigue el caso.
Inmediatamente, Carlos Alarcón, abogado y asesor del candidato presidencial Carlos Mesa, aseguró que la comisión busca distraer a la opinión pública del verdadero foco de atención sobre el caso, ya que los pagos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen se realizaron en la gestión de Evo Morales.
Aseguró que se orquesta una “guerra sucia y despiadada” contra el expresidente, similar al caso Quiborax.
La Comisión Especial sólo centró la investigación en personas relacionadas a la empresa Camargo Correa que ejecutó la carretera Roboré-El Carmen, dejando al margen la participación de otras cinco firmas brasileñas en proyectos del país.
En Bolivia, cuatro Gobiernos estuvieron vinculados con seis empresas brasileñas en la ejecución de siete proyectos relacionados con obras viales y la supervisión del proyecto Misicuni.
Según la diputada Susana Rivero, existen suficientes elementos para constatar movimientos “inusuales y sospechosos”, que requieren de más investigación.
Señaló el nombre de Carlos Mesa. A los demás los mencionó como un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, dos viceministros de Mesa, un exministro Mesa, un exministro de Eduardo Rodríguez Veltzé y dos exgerentes del Servicio Nacional de Caminos.
La acusación contra Mesa se basa en que, por decretos, el expresidente instruyó la suscripción de contratos para la construcción de los tramos carreteros Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, el primero recayó en la empresa brasileña Camargo Correa y el segundo, en Odebrecht.
Rivero detalló que se encontraron tres indicios de que hubo irregularidades en las contrataciones de empresas brasileñas.
El primer indicio, según la oficialista, es el modus operandi. Explicó que las contrataciones autorizadas mediante decisiones altas esferas, como el decreto supremo, son una práctica que realizaron las empresas brasileñas en otros países donde hubo sobornos.
El segundo indicio consiste en las coincidencias de funcionarios de Gobierno en lugares donde estaban empresarios brasileños, en particular Marcos de Moura Wanderley, exrepresentante de Camargo Correa en el Perú, y Jorge Barata, de Odebrecht, quienes son acusados de operar los esquemas de sobornos.
Rivero aseveró que Mesa tuvo 16 coincidencias de viajes en el periodo investigado.
El tercer indicio, y más preocupante según Rivero, son los movimientos de dinero que, de acuerdo con la comisión, no tienen justificación económica ni legal, ni se explican por ingresos privados.
Alarcón acusó a Rivero de intentar desviar la atención y no involucrar en la investigación a las gestiones del expresidente Eduardo Rodríguez Vetzé y del presidente Evo Morales.
Diputado afirma que presuntos vínculos de Mesa con Odebrecht se tratarán en esta legislatura
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y miembro de la Comisión que investiga el caso Lava Jato en Bolivia, Edgar Montaño, informó que en este mes se tratará los indicios de responsabilidad que involucran al expresidente Carlos Mesa con el conocido caso de corrupción internacional que vincula a empresas brasileñas.
«Yo creo que (el caso se tratará) en esta legislatura, es más, (será) en este mes», respondió Montaño al ser consultado sobre si es esta legislatura o en la próxima se abordará el caso que supuestamente implicaría al expresidente Carlos Mesa.
Después de cinco meses de trabajo, la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga la suscripción de contratos entre el Estado boliviano y las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa, informó que además de Mesa, están implicados otros siete exfuncionarios, entre ellos Carlos Alarcón, que fue ministro en esa gestión.
Montaño remarcó que no se trata de un tema de «revancha política», ya que Mesa es el candidato presidencial opositor con más posibilidades de hacer frente y ganar a Evo Morales, «ni es un tema que recién lo estamos haciendo, si no hace seis meses cuando el señor Carlos Mesa como cien veces dijo que no iba a ser candidato».
Mesa calificó de «vergonzosa» la investigación que realizó la Comisión legislativa, presidida por la diputada Susana Rivero, y dijo que solo busca «demolerlo».
Carlos Alarcón, abogado del expresidente Mesa, aseguró que se desató una «guerra sucia» contra su defendido, para desacreditarlo como candidato a la presidencia.
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