Trabajadores cumplen un mes de huelga general contra la reforma fiscal
La huelga general contra el plan fiscal cumple este martes un mes de protestas en Costa Rica, lucha trasladada ahora al Poder Judicial, del que los sindicatos esperan rechacen su aprobación en primer debate por la Asamblea Legislativa.
El 10 de septiembre último muchos pensaron que los afiliados a la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN) -coalición de agrupaciones obreras y sociales- no tendrían la suficiente gasolina para mantener las manifestaciones mucho más allá de una semana y cuando más dos.
Sin embargo el movimiento de huelga cumple un mes y, aunque algunos sindicatos firmaron el fin de la protesta, se mantiene vivo en todo el país, como lo demostraron este lunes con la masiva concentración en la Plaza de la Justicia, frente a la sede de la Corte Suprema, y las acciones en las diferentes regiones del país.
También, a pesar que los diputados sancionaron el viernes pasado por 35 votos a favor y 22 en contra el polémico proyecto legal Fortalecimiento de las Finanzas Públicas -plan o reforma fiscal-, denominado combo fiscal por sus opositores, en una demostración más de la polarización creada en Costa Rica por nuevos impuestos para reducir el déficit del Gobierno.
Aprobada en el primero de los dos debates necesarios, corresponde ahora enviarla a consulta a diversas instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia que, en una evaluación preliminar, estimó que dicho plan fiscal no podía tramitarse por la vía rápida (208 bis) y por ende requiere mayoría califica (38 votos a favor) para ser sancionado.
Queda además pendiente la posibilidad -ya anunciada- de que al menos 10 legisladores firmen una petición para someterla al criterio de la Sala Constitucional (IV), algo a lo que apuestan también los afiliados a la USSN, cuya huelga general por tiempo indefinido no ha podido derribar el combo fiscal.
Esas instituciones tienen ocho días para responder a la consulta y se espera que la Corte Suprema de Justicia mantenga su criterio. De ser así, entonces los magistrados de la Sala IV podrían declarar inconstitucional el proyecto legal y ordenar su archivo.
La férrea oposición al combo fiscal radica en que para los huelguistas los nuevos impuestos afectarán sensiblemente a la clase trabajadora y a los sectores más pobres del país, mientras favorece a los más poderosos y ricos.
Reforma fiscal es publicada en La Gaceta y queda a la espera de un pronunciamiento de la Sala IV
Luego de haber sido aprobado en primer debate el pasado viernes, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue publicada este martes en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que, de ahora en adelante, el Congreso deberá esperar un mes para seguir con el trámite legislativo.
La reforma contempla un total de 83 páginas y plantea modificaciones para una mejor recaudación fiscal, nuevos impuestos, reducciones al gasto público, exoneraciones; y otros aspectos que han sido ampliamente cuestionados por el gremio sindical costarricense.
La Presidenta del Directorio Legislativo, Carolina Hidalgo Herrera, confirmó que el texto aprobado por 35 diputados fue enviado a consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y varias instituciones públicas.
Hidalgo dijo que es probable que las instituciones cuestionen algunos puntos por el fondo, pero que están confiados en que el trámite fue acorde a lo que la ley establece.
Entre estas entidades están: el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las universidades públicas, todas las municipalidades, el Poder Judicial, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y Privados (Aresep), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre otras.
La moción para enviar el texto a consulta fue aprobaba después de que el proyecto se sometió a votación. De acuerdo a la misiva acordada por las fracciones legislativas, las instituciones consultadas tienen ocho días hábiles para pronunciarse y los Magistrados de la Sala IV tienen un mes para responder.
Tanto el Gobierno como los partidos políticos representados en la Asamblea, saben que el pronunciamiento del Poder Judicial podría cambiar todo, esto ya que en días anteriores manifestaron que la reforma fiscal incide en el funcionamiento de la institución.
La Corte intentó proteger los salarios, ya que el plan fiscal fija un tope a los salarios millonarios que ciertos funcionarios perciben en esta institución. En este entendido, cabe mencionar que si la Corte se pronuncia en contra de la ley, en el Congreso se necesitará el apoyo de las dos terceras partes de los diputados para aprobarlo, es decir, 38 de 57.
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