Marcha contra fujimoristas y aliados tras las denuncias por corrupción
Ciudadanía marcha hoy contra blindaje y amnistía a corruptos y criminales
Una nueva movilización a nivel nacional se realizará hoy para exigir una sanción ejemplar a los corruptos y rechazar que el fujimorismo haya archivado las denuncias contra el legislador de Fuerza Popular Héctor Becerril y el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry.
Bajo el lema «Ni amnistía ni blindaje para criminales y corruptos», la ciudadanía marchará por las calles de Lima, Trujillo, Chimbote, Ica, Cusco y Arequipa, entre otras regiones, informó el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tito Bracamonte.
«Vamos a salir a la calles porque estamos viviendo una situación bastante crítica, enfrentando de manera decidida la corrupción. Es una lucha sin cuartel contra aquellos que han querido apropiarse del Estado con el objetivo de alcanzar fines ilícitos, como hemos visto con la red criminal de ‘Los Cuellos Blancos del Callao'», explicó.
Añadió que la movilización busca también respaldar a los jueces y fiscales probos, como José Domingo Pérez, que están investigando las redes de corrupción y que ha recibido amenazas por haber pedido la detención preliminar de Keiko Fujimori, por el caso cócteles.
Por su parte, el coordinador del Foro Salud, Jorge Rodríguez, indicó que la Asamblea Ciudadana ha reafirmado su lucha en defensa de la democracia.
«Estamos decididos a luchar contra los actos de corrupción que en estos momentos se evidencian en la intención del fujimorismo de impedir las investigaciones de la Fiscalía», dijo.
Informó que participarán agrupaciones de mujeres, colectivos universitarios y otras organizaciones de la sociedad civil, que se llevará a cabo a nivel nacional.
Ley Fujimori
Rodríguez convocó a los ciudadanos a reunirse a las 5 de la tarde en la plaza San Martín para expresar su rechazo a la ley que ha dado el Congreso para evitar que Alberto Fujimori cumpla su condena por violaciones a derechos humanos, tras la anulación de su irregular indulto.
Al respecto, Bracamonte indicó que la marcha también mostrará su rechazo a la llamada ley Fujimori, calificándola como un intento de impunidad. Remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares para evitar medidas que impidan el cumplimiento de la pena de forma arbitraria.
Campo de Marte: así se desarrolló la marcha en apoyo a Keiko Fujimori
Decenas de simpatizantes de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular se reunieron en la avenida La Peruanidad, al lado del Campo de Marte, para marchar en solidaridad tras su detención preliminar hace casi una semana.
Hasta el lugar llegaron los congresistas Luz Salgado, Karina Beteta, Karla Schaefer, Rosa Bartra y Héctor Becerril. No obstante, y pese a que la marcha se anunció para las 5:00 p.m., esta recién habría iniciado minutos antes de las 7:00 p.m.
La Policía Nacional no les otorgó permiso para llegar hasta la Prefectura de Lima; sin embargo los manifestantes anunciaron que se movilizarían por calles del Centro Histórico.
La ruta que tomarían iniciaría en la avenida La Peruanidad hacía la avenida Guzmán Blanco, 9 de diciembre, la Plaza Grau, cruzaran el Paseo de los Héroes Navales y Paseo de la República. Luego regresarán por a 9 de diciembre para terminar en la Plaza Bolognesi.
Keiko fue detenida luego que la Fiscalía encontrara indicios sobre presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht al partido Fuerza 2011 hoy Fuerza Popular.
Otras 19 personas también fueron detenidas el miércoles pasado entre ellas están Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Marizol Vallese y Erick Giovanni Matto Monge, por el presunto delito de lavado de activos.
Jaime Yoshiyama, también tiene orden de captura pero se encuentra recuperándose de una operación en Estados Unidos.
Alianza aprofujimorista protege con todo a Becerril y Salaverry
Sin argumentos jurídicos, con solo la fuerza de su mayoría de votos, Fuerza Popular y su pequeño aliado el Apra, lograron la impunidad de tres de sus protegidos, el congresista fujimorista Héctor Becerril, el Fiscal de la Nación pro fujimorista, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ante graves cargos de corrupción y crimen asociado.
Del mismo modo, ni siquiera quisieron admitir a debate la moción de censura al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, y de su junta directiva, por haber permitido con prepotencia y violación del reglamento del Congreso, la aprobación de la “Ley Fujimori”.
Esa ha sido la respuesta de la alianza de conveniencias entre Fuerza Popular y el Apra que controla el Poder Legislativo, a favor de personajes implicados en el “Caso CNM Audios”, el segundo peor caso de gran corrupción y crimen organizado descubierto en el país en el curso de los primeros veinte años del presente siglo.
Una conducta que se refleja claramente en el reciente resultado de la encuesta nacional Ipsos que arroja una desaprobación ciudadana del 87% para el líder aprista Alan García Pérez y de 81% para la lideresa de fuerza Popular, hoy detenida preliminarmente bajo cargo de lavado de activos, junto con 19 cómplices.
EL CASO SALAVERRY
La moción de censura a Salaverry fue enviada al tacho sin contemplaciones por 68 votos del fujimorismo y de un minialiado, el Apra.
Solo Marisa Glave, de Nuevo Perú, alcanzó a hacer una breve presentación de la moción. Expuso que la “Ley Fujimori” que implicaría la libertad de quienes atentaron contra los derechos humanos fue aprobada en tiempo record la semana pasada por la mayoría fujimorista en complicidad con la Mesa Directiva”.
La moción fue secundada por las bancadas de Peruanos Por el Kambio, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y los no agrupados, porque Salaverry y sus codirectivos cometieron irregularidades durante el debate y votación de la “Ley Fujimori”.
Los firmantes consideraron que Salaverry realizó prácticas autoritarias y contrarias al reglamento del Congreso y la práctica parlamentaria en el manejo de la exoneración de proyectos de ley.
En los hechos exoneraron al proyecto de todo trámite previo, con la firma electrónica de Richard Acuña, desdeñando la rúbrica de César Vásquez, quien se hallaba presente en el hemiciclo, pero era contrario a las exoneraciones.
EL CASO BECERRIL
Héctor Becerril, uno de los fujimoristas que más repulsa provoca en amplios sectores de la ciudadanía, fue acusado por el congresista acuñista (APP), César Vásquez de infracción a la Carta Magna y la comisión del presunto delito de tráfico de influencias.
Vásquez recomendó su destitución del Congreso y su inhabilitación por cinco años para cargos públicos.
Todo por haber presionado en febrero de este año al miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Baltazar Morales, para que diera su voto por Julio Gutiérrez, candidato fujimorista a la presidencia de ese organismo.
Becerril, según Morales, realizó su acto de coerción en el domicilio del también consejero CNM Guido Aguila, quien patrocinó la presión de Becerril sobre Morales.
El asunto no solo quedó probado por un “CNM audio” entre Aguila y Morales, sino que este último lo confirmó en una conferencia de prensa, ante el investigador del caso y ante quien quisiera escucharlo.
Pero, sin que importara la contundencia de los hechos y el testimonio del mismo presionado, 16 fujimoristas, más el aprista Mauricio Mulder, votaron por rechazar el informe contrario a Chávarry.
EL CASO DUBERLI RODRÍGUEZ
Con 20 votos a favor, 4 contra y 2 abstenciones, la misma alianza aprofujimorista, confirmó también la no imputación al expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, determinada por el congresista de Fuerza Popular, Mario Mantilla, sobre su participación en los “CNM audios”.
Congreso no tramitó el caso Hinostroza y Salaverry culpó a sus funcionarios
El rumor según el cual César Hinostroza ha fugado del país desató una tormenta en el Legislativo, ya sacudido por la prisión preliminar de la jefa del partido de la mayoría, Keiko Fujimori, y la acusación de haber protegido de la inhabilitación al fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, y al congresista fujimorista Héctor Becerril, ambos vinculados a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Sucede que en tanto no se tramite el expediente, la Fiscalía no puede iniciar investigación al exjuez supremo, y esa inacción podría ser aprovechada por Hinostroza para escapar, como supuestamente ya lo había hecho.
Ayer, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, admitió públicamente que no sabía qué había pasado con la acusación que el Congreso debió haber enviado a la Fiscalía apenas decidió su inhabilitación, hace doce días.
«Me informa el oficial mayor que el expediente se enviará recién hoy, a pesar de que el mismo 4 de octubre indiqué que se remita de inmediato. Los responsables de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted», afirmó.
El titular del Legislativo se enteró de la demora a través de la cuenta de Twitter del congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), quien se quejó de la lentitud de los funcionarios del Congreso.
De inmediato, Salaverry informó que propuso a la Mesa Directiva que dirige retirar del cargo al oficial mayor del Congreso, José Abanto, así como a la jefa del Gabinete de Asesores, Patricia Robinson, y al director general Parlamentario, César Delgado Gembes.
Esta propuesta tendrá que ser ratificada o no por la Mesa Directiva que preside Salaverry, la cual, además, está compuesta solo por fujimoristas.
En tanto, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, dijo que se tendrá que evaluar la propuesta de Salaverry y que en el Consejo Directivo también se deberán pronunciar, no sin antes escuchar a los tres funcionarios.
Según fuentes del Legislativo, Salaverry habría tomado la radical decisión porque no confiaría en el personal que colocaron Luz Salgado y Luis Galarreta, sus antecesores en la presidencia del Parlamento.
En Fuerza Popular se comenta que Úrsula Letona, Luis Galarreta, Karina Beteta, Rosa Bartra, entre otros, no apoyan la gestión de Salaverry y que incluso habrían forzado involucrarlo en la aprobación de la ley que pretende dejar en libertad al expresidente Alberto Fujimori.
Como se recuerda, cuando Salaverry asumió la presidencia y le retiró su confianza al entonces oficial mayor del Congreso, José Cevasco, designado por Salgado, cuya gestión se vio empañada por el escándalo de las presuntas irregularidades en las compras de computadoras.
Anoche, fuentes de La República informaron que Daniel Salaverry había propuesto al abogado Gianmarco Paz como nuevo oficial mayor del Congreso y al letrado Guillermo Llanos Cisneros como jefe del Gabinete de Asesores.
La versión de la fuga de Hinostroza
– El abogado Manuel Humberto Asmat, a cargo de la defensa de César Hinostroza, afirmó que el exjuez se encuentra en el país y ha pedido que lo citen a declarar.
– Según pudo conocer La República, Hinostroza evaluó viajar a Estados Unidos, pero le confirmaron que la nacionalidad de su hija no impediría su extradición.
– Entonces, personas vinculadas a Edwin Oviedo le habrían buscado asilo, pero fue rechazado en dos embajadas. Luego, le habrían ofrecido sacarlo por algún punto de Madre de Dios. Lo que coincide con la versión que circuló ayer de su probable fuga.
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