Lawfare, la justicia al servicio de la persecución política – Por Andrés Reliche
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El pasado fin de semana se registraron varios hechos en Ecuador que trajeron a la mente el lawfare (guerra jurídica, en inglés, judicialización de la política, en la práctica). El exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien es investigado por el presunto delito de peculado, se despojó del grillete electrónico que portaba y, a través de un mensaje, anunció que estaba en tránsito hacia un país que le había concedido el asilo, pues se considera perseguido político.
Horas después de este hecho, que generó una serie de críticas contra el gobierno de Lenín Moreno, tres funcionarios salieron a dar una rueda de prensa: la ministra del Interior, María Romo; el ministro de la Política, Paúl Granda, y el secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Si la intención era aplacar los cuestionamientos, las palabras de los funcionarios, sobre todo de este último causaron estupor, pues –ante la prensa– declaró que debido a la fuga de Alvarado el gobierno había establecido dos acciones, una de ellas prohibir la salida del país de todos los funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
Solo minutos después de esta declaración se desató una serie de críticas en Twitter, incluso de juristas afines al gobierno de Lenín Moreno, recordándole al funcionario que ese tipo de medidas solo pueden ser dictadas por las autoridades judiciales que, se supone, son independientes del Ejecutivo. Además, esas acciones se deben dictar solo cuando hay abierta una causa judicial contra los acusados (la Fiscalía solicita y un juez ordena, de ser el caso, y siempre observando el debido proceso. En Ecuador la Constitución garantiza el principio de inocencia: todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario -no al revés-).
Frente al grosero desliz, la noche del domingo, el gobierno sacó un as bajo la manga y dispuso el traslado del exvicepresidente Jorge Glas, desde la cárcel 4 en Quito, hasta el centro de rehabilitación de la ciudad de Latacunga (a 100 kilómetros de la capital ecuatoriana), lo que fue catalogado por la defensa del exdignatario como una transgresión a normativas internacionales y una arbitrariedad. Dijo además que no puede distraerse a Glas de su juez natural poniendo en peligro su vida. Hay que recordar que el exvicepresidente no tiene aún una sentencia en firme.
En tanto, el expresidente Rafael Correa (quien también mantiene varios juicios abiertos en la justicia ecuatoriana, uno de ellos basado solo en un par de testimonios –sin pruebas documentales, de “cooperadores eficaces”) señaló: “Realmente kafkiano: Por “fuga” de un evidente perseguido político, se cambia a una prisión común al ex vicepresidente; se pretende “prohibir” desde el Ejecutivo la salida del país de los funcionarios de mi Gobierno; y fiscal “encargado” anuncia más juicios y medidas cautelares. Me recuerda bastante bien las tácticas nazis: si se “escapaba” un “prisionero”, había que matar a cinco, como medida disuasiva”.
“¿Cómo se pueden dar estas cosas en el siglo XXI y en nuestra América?”, cuestionó el expresidente quien reside en Bélgica desde julio de 2017.
Lawfare
Lo que sucede en Ecuador no es nuevo, y coincide con otros casos de persecución judicial que se registran en Suramérica (¡oh sorpresa!) contra líderes de procesos progresistas (Lula Da Silva, Dilma Roussef, Cristina Fernández, y sus colaboradores).
La táctica de los 70 de impulsar sangrientas dictaduras (como sucedió en Chile, Argentina y Uruguay, por citar algunos casos) genera resistencia interna y externa, por lo que en la actualidad se han implementado técnicas más ‘sutiles’. La guerra sucia, de desapariciones y asesinatos políticos de los 80 –Centroamérica, Colombia– también es mal vista en la actualidad por la comunidad internacional.
Los denominados “golpes blandos” son procesos de desestabilización que se realizan no desde negar la institucionalidad -usando fuerzas armadas, etc.- como los golpes clásicos, sino desde una supuesta ‘sociedad civil’ (grupos de oposición, organizaciones no gubernamentales, think tanks, en plena sintonía con medios de comunicación dominantes) que impulsan permanentemente la idea de la necesidad de “cambio”.
El objetivo principal es atacar a gobiernos progresistas dando la imagen que o bien el pueblo o bien la justicia ‘resisten’ a los gobiernos a los que se tacha de corruptos o antidemocráticos. Justamente estas son las líneas argumentales sobre la que se sostienen los golpes blandos.
Corrupción
Se implanta una matriz de comunicación donde se escogen casos de corrupción específicos y se los magnifican y generalizan a todo un proceso, se niega lo positivo y deslegitima los líderes.
Actualmente la anulación de los líderes que impulsan cambios en la relación de poder en nuestra región se da a través de los parlamentos (caso Dilma, en Brasil), en las cortes (Lula, en Brasil; Rafael Correa, Jorge Glas, en Ecuador) y con una participación fundamental de los medios de comunicación, que se erigen (por cuenta propia) en acusadores, fiscales y jueces y orientan a la opinión pública para emitir sentencias en los titulares y en los canales de televisión.
Medios de comunicación masivos y concentrados operan como “periodismo de guerra” de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que “manufacturan consentimiento” sobre la corrupción como “enfermedad” del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas de lo privado.
Los grupos que no pueden llegar al poder por elección popular recurren al bloqueo o muerte política de los adversarios, a través de la judicialización de la política: Lawfare (guerra jurídica).
El poder judicial es más elitista porque es el único que no tiene elección de la población. Eso hace que los poderes dominantes actúan de manera directa en las decisiones tomadas por la justicia. A través del Lawfarese busca la destrucción anímica y psíquica de los dirigentes políticos. Los tipos penales preferidos para la persecución política son la asociación ilícita, terrorismo y delincuencia organizada.
Tres dinámicas del Lawfare
- Timing político: implica que el caso judicial (utilizado como un arma) se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.
- Reorganización del aparato judicial: las élites con el control del aparato del Estado colocan en espacios clave a “técnicos” (abogados, jueces, fiscales) vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político y/o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de éste.
- El doble rasero de la ley: si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se “elige” seguir de cerca a unos, invisibilizando o desestimando otros.
Efectos
Una de las consecuencias del Lawfare es un cambio de modelo, evidentemente, porque estamos construyendo sociedades mucho más inquisitivas y sistemas antidemocráticos en los que se naturaliza que jueces y fiscales actúen por fuera del Derecho, pese a que las leyes nacionales y las convenciones internacionales establecen el principio de inocencia y el respeto a juicios justos y con observancia al debido proceso.
El Lawfare en América Latina
El golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff en 2016, es uno de los eslabones de una serie de golpes blandos que empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, en el 2009, la intentona de golpe en Ecuador en 2010 y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014. En 2017, el Vicepresidente reelecto por Ecuador fue apresado por “asociación ilícita” con la empresa transnacional Odebrecht.
El 7 de abril de 2018, el expresidente brasileño y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula Da Silva, se convirtió en el primer expresidente preso de ese país, acusado por un delito común. En Ecuador, la arremetida judicial se intensificó con la orden de prisión contra el expresidente Rafael Correa (quien reside en Bélgica desde julio de 2017), en la fase de instrucción fiscal del juicio político por el supuesto secuestro de un ciudadano.
