Las universidades públicas de Colombia denuncian «crisis estructural de financiamiento»
Universidades públicas denuncian déficit de 18,2 billones de pesos
Los 32 rectores de las universidades públicas denuncian que existe un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos y 15 billones de inversión.
Así lo expresaron durante la asamblea del Sistema Universitario Estatal (SUE), que se realizó en Cartagena el 28 de septiembre.
Aseguran que el proyecto de Ley 052 de 2018 de la Cámara y 059 de 2018 del Senado, por el cual se fija el presupuesto de la nación para el 2019, «no debe ser aprobado».
«Ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables
para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y proyección social», afirman los rectores en un comunicado.
Dicen que el proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por concepto
del IPC (Índice de Precios al Consumidor ) y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas.
«Se contempla cerca de 1,97 billones de pesos para calidad y fomento de la Educación
Superior; sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, este
monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación a la demanda de las cohortes del Programa Ser Pilo Paga,
estampilla UN y fomento a la Educación Superior. Es claro que no hay un recurso
concreto adicional que haga base presupuestal de las demás universidades públicas», explican los rectores en el comunicado.
Las 32 universidades públicas solicitan al Congreso de la República recursos adicionales para el 2019 por un monto de 500.000 millones para la viabilidad y sostenibilidad del SUE. «Recursos que debieron haber ingresado en el 2018 a las universidades públicas y terminaron financiando becas Icetex y el Programa Ser Pilo Paga», advierten.
Informaron que apoyarán las marchas estudiantiles del 10 de octubre. La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) anunció que el 6 de octubre se reunirán para definir si convocan a paro nacional.
¿Por qué las universidades públicas dicen estar en crisis?
«Llegamos a un límite, la situación va a empeorar y no tendremos capacidad de acción en los próximos años. Si el problema no se soluciona a tiempo, la educación superior llegará a un colapso».
Con esas palabras, Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), describe la actual situación de las 32 universidades públicas de Colombia.
«El actual gobierno no imprime los recursos adecuados para que las universidades públicas sigan cumpliendo con la función social. El principal problema tiene que ver con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, pues el legislador nunca pensó en el crecimiento de las universidades, y que se iban a mantener quietas. A la fecha, tenemos un faltante de 3,2 billones de pesos en funcionamiento y aproximadamente 15 billones en infraestructura”, señaló Oviedo.
El artículo 86 de la Ley 30 detalla que el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los rectores de las instituciones aseguran que como dicho índice no crece, ellos están congelados.
Cifras del Ministerio de Educación y recopiladas por el SUE señalan que 2016 había 1’194.697 estudiantes de pregrado. En el 2010 esa cifra se ubicó en 927.295 alumnos.
El principal problema tiene que ver con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, pues el legislador nunca pensó en el crecimiento de las universidades, y que se iban a mantener quietas»
El haber crecido implica mayor infraestructura, fortalecimiento de la investigación, laboratorio, formación docente a nivel doctoral e internacionalización. Seguiremos creciendo y necesitaremos cada vez más recursos», indicó Torres.
Leonardo Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, añade que también hubo un problema con la reforma tributaria de 2016, pues asegura no entender dónde están los recursos que se prometieron en ese proceso.
«No sabemos dónde están los recursos del IVA social, de los estudiantes de cooperativa y el impuesto complementario de la renta. La hipótesis que manejamos es que se destinó para financiar las becas del Icetex y el programa Ser Pilo Paga. Esto genera desfinanciación», indicó Martínez.
El presidente del SUE explica que de esas estrategias solo se entregaron 162.000 millones de pesos, y esperaban 465.000 millones.
«El gobierno Santos no cumplió con lo que prometió. Recuerde que en la reforma tributaria de 2016 subieron el IVA del 16 al 19 por ciento. Un punto de ese impuesto era para educación y un 0,4 por ciento para educación superior. Esos recursos se fueron solo para algunas universidades; ahí está el descalabro».
Según los datos obtenidos del documento Conpes 3914 de 2018, la inversión en el programa Ser Pilo Paga ha significado al Estado alrededor de 3,5 billones de pesos entre los años 2015 y 2018, con un alcance de tan solo 40.000 estudiantes beneficiados en todas las cohortes.
«Si se realiza un análisis simple, los aportes que por todo concepto realiza el Estado para financiar el funcionamiento de las universidades estatales correspondió este año a 3,6 billones de pesos y benefició a más de 600.000 estudiantes, lo que indica una gran desproporción en el impacto de los recursos destinados a este programa de gobierno frente a los invertidos en el sistema universitario público», señala un informe que realizó el SUE.
Ricardo García Duarte, rector de la Universidad Distrital, coincide con sus colegas y señala que también es necesario ampliar la cobertura docente.
«Para que nos hagamos una idea, hoy la Distrital cuenta con 27.000 estudiantes, hace 20 años teníamos 9.000. Nuestra planta de maestros es de 2.200, 650 son de planta y el resto con contrato especial. Tenemos necesidad de más docentes. Además, hemos aumentado en infraestructura, añadimos tecnología y estamos modernizando nuestros laboratorios. Esto supone gastos adicionales», advirtió Duarte.
Según la Ocde, la relación de estudiantes con el personal docente puede ser un indicador de los recursos disponibles para un determinado nivel de educación y tipo de institución.
En ese sentido, «Colombia tiene la segunda proporción más alta de alumnos por docente en educación secundaria inferior (26), justo después de India (27) y muy por encima del promedio de la Ocde (13). Sin embargo, este valor es más alto en las instituciones públicas (28) que en las instituciones privadas (20). Esta brecha entre las instituciones públicas y privadas es mucho más amplia que el promedio en los países de la Ocde (1 estudiante)», dice un informe de la organización.
Lo que solicitan
Los rectores de las instituciones piden una reforma del artículo 86 de la Ley 30, en donde se les permita crecer con el IPC más cuatro puntos.
Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional, pide al Gobierno la construcción de una política estatal.
«Los aportes de nivel nacional a las universidades públicas pasaron de representar el 73 por ciento de los recursos financieros de las instituciones en 1993 a representar solamente el 48 por ciento en el 2016. Es urgente que bajo la consideración de política de Estado se consolide un mecanismo de financiación estable y estructural para la educación superior pública», dijo Montoya.
La rectora agregó: «No puede seguir sucediendo que en los últimos meses del año los rectores de las universidades públicas estemos mirando cómo cuadrar la nómina de fin de año. Cada vez se vuelve más angustioso y no resistimos más. Antes de diciembre, necesitamos 60.000 millones de pesos».
‘Twitteratón’ masiva
Con el ‘hashtag’ #SOSUniversidadesPúblicas, usuarios en redes sociales solicitaron mayores garantías para la educación pública superior.
Rectores de universidades públicas alzan la voz por crisis de recursos
Los máximos directivos de las 32 universidades públicas en Colombia consideran crítica la situación financiera del sector y piden al Congreso que no apruebe el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PNG) para 2019. A su juicio, este debe corregir la distribución de los recursos para educación y añadir 500 mil millones de pesos de inversión. Así lo manifestaron a través de un comunicado este viernes a nombre del Sistema Universitario Estatal (SUE).
En el texto, los directores y señalan que el en el proyecto de presupuesto “no se contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y proyección social”.
Explican que la iniciativa que está en trámite en el congreso solo contempla el ajuste de recursos para la educación por concepto del Índice de precios al consumidor (IPC). Además, señalan “los 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación no tienen destinación alguna para las universidades públicas”.
Se refieren a la petición del gobierno que el presupuesto de inversión en el sector pase de 2 billones, como en el proyecto original a 4 billones de pesos, la cual fue aprobada en el primer debate el pasado lunes por las comisiones económicas de Senado y Cámara.
La crítica a Ser pilo paga
En cuanto a la distribución de los recursos, la carta critica que el aumento al presupuesto por el gobierno vaya a los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la calidad y a la financiación de los estudiantes que aún son beneficiarios del extinto programa Ser Pilo Paga. “Es claro que no hay un recurso concreto adicional que haga base presupuestal de las demás universidades públicas”.
El impacto de Ser Pilo Paga es negativo para la educación pública a juicio de los 32 directores. “Ha significado un aumento muy reducido en la cobertura -calculando en 1,97%-, con un costo muy alto que se estima en 3,5 billones para financiar a tan solo 40.00 jóvenes”. Mientras, señalan que en 2017 las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes con tan solo 2,93 billones de presupuesto. A principios de septiembre, la ministra de educación, María Victoria Angulo, anunció la reestructuración de este programa.
