La gratuidad universitaria como herramienta de justicia social – Por Elena Calvín

Por Elena Calvín *

Muchos fueron los cambios que se impulsaron a partir de la Reforma Universitaria de 1918, de la cual este año celebramos el Centenario. Entre ellos, los principios de autonomía, que permite a las universidades darse sus propios estatutos y programas de estudio, y el cogobierno, que implica que los representantes de la comunidad universitaria (docentes, estudiantes y graduados) formen parte de las decisiones estratégicas de cada casa de estudios.

Pero de estos avances por tornar la universidad más democrática y menos elitista, quedaron fuera la gratuidad universitaria y el diseño de un plan de becas para que pudieran ingresar a sus aulas aquellos sectores económicamente más desfavorecidos.

No fue hasta varias décadas después, con la llegada al poder del peronismo, que la educación universitaria fue considerada un derecho social a la que todas y todos podíamos acceder.

La gratuidad universitaria, establecida el 22 de noviembre de 1949 a través del Decreto Nº 29.337/49 de Juan Domingo Perón, suprimió todos los aranceles a la enseñanza superior.

Entre los considerandos que llevan a su resolución, se destaca el lugar que se le otorga a la educación en el desarrollo del país: “…el engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen”.

A través de políticas públicas educativas como el otorgamiento de becas en 1947, la creación de la Universidad Obrera Nacional en 1948, la eliminación de los aranceles universitarios en 1949 y la supresión del examen de ingreso en 1953, se dio impulso a que la matrícula universitaria creciera de 40.284 estudiantes en 1945 a 138.871 en 1955.

Pensada la educación dentro de un proyecto de país que sentó sus bases en la Constitución de 1949, se resaltó la función social e inclusiva que debe tener el Estado, con una mirada estratégica hacia el proceso de crecimiento que demandaba fuertemente la capacitación de las mayorías. Como medida de justicia social era necesario que no fueran excluidos del sistema universitario aquellos/as jóvenes que tuvieran capacidad y vocación, pero no contaran con recursos económicos para poder solventar sus carreras.

La gratuidad universitaria pudo romper el lugar de privilegio que tuvieron hasta entonces los sectores históricamente más beneficiados de la sociedad. Representó, además, que la educación se transformara en una herramienta de ascenso social, influyendo no solo en el bienestar del/a estudiante y su familia, sino en el de toda la comunidad.

La igualdad de oportunidades aporta a la equidad y al crecimiento social de todos sus habitantes, pero, a su vez, significa un aumento del capital cultural y simbólico del país. Como consecuencia de la masificación de la educación, el conocimiento pasa a convertirse en derecho colectivo y en un elemento indispensable para el desarrollo de la Nación.

Nuestro sistema de educación superior público y gratuito, destacado en todo el mundo, es considerado un derecho adquirido e irrenunciable de las/os argentinas/os. Es por eso, que a pesar de los múltiples intentos a lo largo de varias décadas de revertirlo, ha permanecido vigente hasta nuestros días, gracias a la resistencia de toda la comunidad al quiebre de este contrato social establecido hace casi 70 años.

Frente a los nuevos embates que sufren las universidades públicas en nuestro país, es necesario remarcar que la educación pública no puede considerarse un gasto, ni un bien transable, ni un servicio público. Es un derecho de todas y todos, que conlleva en cada una/o de los universitarias/os el compromiso implícito de aportar con sus conocimientos a una sociedad más justa, democrática y soberana.

“La conquista más grande fue que la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles: para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, el Estado pagaba todo. De manera que tanto el pobre como el rico podían ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas, cuando lo podíamos seleccionar entre 4.000.000”. (*Juan D. Perón – Marzo de 1970).

* Directora de Prensa y Comunicación Institucional | UNDAVFuente-Universidad Nacional de Avellaneda, Con Información