Julian Assange demanda al Estado ecuatoriano por vulnerar sus derechos
La defensa del fundador de WikiLeaks y asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, presentó una acción de protección por la supuesta vulneración de sus derechos por parte del Estado ecuatoriano a través de la restricción de comunicaciones y la implementación del “Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica”.
La demanda, que será tramitada por la jueza civil Karina Martínez, fue presentada en contra del canciller José Valencia y del procurador general del Estado, Íñigo Salvador.
El abogado de Assange, Baltasar Garzón, señaló que la incomunicación a la que ha sido sometido su defendido, desde marzo de este año, no tiene ninguna justificación, pero que han acatado esa disposición “aun desde la discrepancia”.
“La incomunicación debe cesar inmediatamente, una persona individual, privada no puede verse limitada en su libertad de expresión”, dijo.
Respecto al protocolo, Garzón sostuvo que el Gobierno ecuatoriano lo implementó de manera unilateral y arbitraria porque el documento contiene una serie de términos inadecuados para el asilo de una persona sumamente vulnerable.
“No sabemos quién ha aprobado estas medidas restrictivas de derechos, es un documento que no tiene firma ni membrete y que no identifica la autoridad que lo emite”, agregó.
Según los abogados de Assange, el protocolo limita el derecho a la defensa, atenta contra la intimidad y privacidad de las personas que lo visiten y de los médicos que lo atiendan.
Pero ayer, desde Daule (Guayas), donde se realizó un gabinete itinerante, el canciller José Valencia respondió a la presentación de este recurso; señaló que el protocolo es una norma que Ecuador tiene derecho a implementar como Estado soberano y tomando en cuenta que la Embajada de Ecuador en Londres está bajo esta jurisdicción.
Además, que el reglamento se enfoca en la protección de la embajada, los funcionarios que trabajan allí e, inclusive, del propio Assange. “Queremos que, simplemente, las visitas de él se registren, eso pasa en toda embajada del mundo y por su puesto que va a ocurrir (en la Embajada en Londres) porque hay autoridades que van a hacer respetar esa soberanía del país”, señaló al recalcar que el asilado tiene derecho a visitas bajo las directrices del Gobierno y de forma ordenada.
Una vez que la demanda constitucional sea calificada, la jueza deberá convocar a una audiencia oral, en la que se ha solicitado la comparecencia de Assange a través de videoconferencia, “previa aceptación y decisión del canciller”.
La defensa de Assange considera que la situación actual del asilado ha empeorado y esperan que se encuentre una solución, bajo el temor de que no sea extraditado a un tercer país, “donde se pueda afectar la integridad física y psicológica del peticionario”, señalan.
Entre los documentos desclasificados por la Cancillería y entregados a la Asamblea, hay dos disposiciones ministeriales en las que se le otorgaba a Assange estatus de agente diplomático en Londres y en Moscú (Rusia), en la misma fecha.
Al respecto, Garzón sostuvo que, de lo que él conoce, en el caso de Moscú, ni siquiera se hizo el trámite para obtener el beneplácito de ese país y, como se sabe, en el caso de Reino Unido este no lo aceptó, aunque lo que correspondía era declararlo persona no grata y expulsarlo, pero no ocurrió así.
Ecuador responderá de manera ‘adecuada’ a defensores de Assange
«Ecuador responderá de una manera adecuada» y «en apego al derecho» a la acción de protección interpuesta por la defensa de Assange, luego que el país emitiera el protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica para regular la estancia, de más de seis años, del australiano en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, manifiesta una nota oficial de Exteriores.
Valencia señaló que la misión diplomática ecuatoriana en Londres tiene una jurisdicción clarísima que es «la jurisdicción del Estado ecuatoriano, y tiene el derecho de proteger sus oficinas, a los funcionarios que trabajan ahí e incluso al propio señor Assange».
Al confirmarse como cierto el protocolo de vivencia de Assange al interior de la Embajada, documento que fue motivo del pedido de protección, Valencia indicó que el mismo está enfocado hacia la protección de las oficinas y de Assange.
«Queremos únicamente que las visitas (de Julian Assange) se registren como pasa en cualquier otra Embajada del mundo (.) por cierto, permitiendo que todo aquel que vaya a visitar al señor Assange lo haga (se registre). Él tiene ese derecho, sin embargo que lo haga de una manera ordenada y bajo las normas, leyes y directrices del Gobierno ecuatoriano», expresó sin ampliar otros contenidos del protocolo.
La Justicia ecuatoriana tiene un plazo de 48 horas desde este viernes para emitir un pronunciamiento sobre el pedido presentado por el abogado español, Baltasar Garzón, quien se encuentra en Quito.
El exjuez Garzón dijo que el petitorio a la Justicia de Ecuador busca dejar sin efecto 32 disposiciones que contiene el protocolo ecuatoriano que norma las comunicaciones de Assange, sus visitas y otros tópicos contenidos en un documento «atentatorio» que «vulnera los derechos» del activista australiano.
La demanda fue dirigida contra el canciller de Ecuador, José Valencia, y el Procurador, Íñigo Salvador, y demanda una respuesta en 48 horas.
Garzón dijo que ese documento no ha sido consensuado y «es una situación arbitraria, que contiene términos que son impropios para una situación de buena armonía y asilo», afirmó.
Assange ingresó con una solicitud de refugio a la Embajada ecuatoriana londinense en 2012, cuando gobernaba Rafael Correa. Desde su llegada al poder en mayo de 2017, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, no estuvo conforme con el asilado y sus declaraciones políticas. El jefe de Estado llegó a decir que Assange era «una piedra en el zapato» para su Gobierno y que era un problema «heredado».
Assange mantiene su temor a que al salir de la Embajada deba enfrentar a la justicia de Reino Unido, que lo puede extraditar a Estados Unidos para ser juzgado y condenado incluso con pena capital por haber develado documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán.
