Argentina: un Frente Productivo contra el desmantelamiento y el modelo económico – Por Matías Strassorier y Solange Martínez

En Argentina, el abajo se mueve. No ha dejado de moverse en estos casi tres años de gestión macrista. Ahora, el armado de frentes sectoriales y la reorganización de los esquemas sindicales comienzan a confluir en frentes más amplios. Esto es un síntoma de los movimientos de las estructuras sociales, que crujen frente a la crisis política y económica, que amenaza con profundizarse.

Esta crisis no alcanza hoy únicamente a los sectores más vulnerables, los primeros en percibir el impacto. Las capas medias y los sectores acostumbrados a absorber los costos y soportar en soledad también se están organizando para salir a dar la pelea. Estos reagrupamientos ponen en evidencia una necesidad y también una capacidad organizativa de la sociedad argentina.

“El macrismo es un modelo de endeudamiento, especulación y timba financiera y por eso surge la necesidad fundamental de unirse en la lucha contra este modelo”, señala el documento fundacional del denominado Frente Productivo, formalmente constituido en Buenos Aires el pasado 11 de septiembre.

El Frente aglutina a organizaciones vinculadas a la base productiva argentina, como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME) y la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPo).

Ese espacio hace más de tres meses que comenzó a recorrer el país  para articular las necesidades de los sectores productivos más golpeados por la crisis. El primer encuentro realizado en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, contó con la participación de más de 500 personas del sector.

La segunda oportunidad de debate y trabajo político ocurrió con la presencia de más de un centenar de participantes en la provincia de La Rioja, donde además se hicieron presentes los Ministros provinciales de Industria e Infraestructura y de Producción, legisladores y subsecretarios de gobierno, quienes manifestaron su acuerdo con el programa  debatido. Restan en la agenda de este año, encuentros en Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

“Para nosotros lo primordial  es el trabajo y que la persona pueda llegar a fin de mes con el esfuerzo de trabajar ocho horas por día. Es fundamental generar una unidad. Pero no una unidad para mirarnos en un espejo. Necesitamos a todo el mundo”, señaló Christian Miño, líder de la CNCT. Guillermo Martini, dirigente de la CANPo, señaló que “nos quieren dejar en manos de un sector concentrado de producción de comida de la Argentina, como son las empresas transnacionales y no lo vamos a permitir”.

dijo a su turno Daniel Moreira, de Asociación PYME relató que ya hay un plan de acción en marcha. “Se acabó la catarsis, el diagnóstico (…) Sabemos que vamos a encarar una lucha en conjunto para el bien del pueblo”, finalizó.

La reunión contó también con la presencia de Hugo Yasky, Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina, que trajo la noticia de la constitución del nuevo Frente Sindical para el Modelo Nacional integrado por más un centenar de gremios de las distintas centrales del país.

En el último año se aceleró el avance del modelo económico de concentración asentado en la financiarización, fiel reflejo de una nueva fase del sistema de acumulación en el que rueda la economía mundial. Esto que suena complejo, a nivel local no es otra cosa que una flecha directa al corazón de la base productiva del país.

Luego del desarrollo industrialista bajo promoción del Estado en los años 1940 y 50, Argentina experimentó el desarme del andamiaje productivo con la oleada neoliberal que agitó a la región en la década del 1990.

A partir del año 2003, y hasta el 2015, el país asentó las bases de su modelo económico en la buena salud del mercado interno. El bajo índice de desempleo, las mesas de negociación salarial arbitradas por el Estado (paritarias) que lograban superar el índice inflacionario, los costos energéticos y logísticos razonables y una mejor distribución de la renta, fueron elementos claves con los cuales el gobierno -de Néstor y Cristina Kirchner- logró un equilibrio y un crecimiento macroeconómico con un motor fundamental de tres caballos: el trabajo, la producción y el consumo interno.

Tras el cambio de gobierno en 2015 y con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, el ministerio de Industria pasó a llamarse de Producción, y se dieron de baja varias líneas de financiamiento destinadas a acompañar la inversión de pequeñas y medianas empresas para su capitalización y crecimiento; se le quitó rango a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa; se creó la Secretaría de Transformación Productiva, destinada a trabajar en la reconversión de sectores como el metalúrgico, textil, del calzado, y también del alimentos, hacia actividades primarias o de servicios.

La política macroeconómica del gobierno actual no sólo abandonó al sector productivo sino que lo  reacomodó en la senda de la supervivencia a golpes de subas de tarifas, devaluaciones,  quita de subsidios, apertura de importaciones y otras medidas que contribuyeron a la retracción del consumo mientras abonaron el terreno con desregulaciones y altas tasas para la especulación desenfrenada.

El informe “Uso de la Capacidad Instalada en la Industria”, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec),  publicado a mediados de septiembre, reflejó que en julio las metalúrgicas aplicaron a la producción 51,1% de su estructura productiva, cuando un año atrás utilizaban cerca de ocho puntos más. Esto es resultado de la menor actividad.

En este contexto de altas tasas de interés, altos niveles de endeudamiento y la dilación de los plazos para cobrar, el  70% de las pymes argentinas finalizó el mes sin ganancias. Por cuarto mes consecutivo la producción industrial siguió en caída, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

En manos de las trasnacionales de alimentos

En el mismo sentido, se tomaron las decisiones políticas destinadas al sector de la producción agraria, sobre la que descansa la alimentación de los argentinos, en manos de pequeños y medianos productores. Quita y reposición de retenciones, incentivos a la exportación, una profunda devaluación y eliminación de políticas públicas de apoyo resultaron en una combinación explosiva para el sector de las economías regionales argentinas.

El reciente desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar y de otras políticas del ex Ministerio de Agroindustria -que brindaban asistencia técnica y financiamiento al sector- se sumó a la eliminación del monotributo social agropecuario. Estos movimientos sigbnificaron la desaparición del Estado en el apoyo a una arquitectura productiva dotada de más de 250 mil pequeños productores que abastecen el 80% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos.

Quedó, así la cancha libre en el mercado, para las empresas que concentran la producción alimentaria de la región más próspera y fértil de la Argentina, la pampa húmeda. Estas empresas se encuentran ligadas al capital especulativo financiero que tienen un control monopólico de la comercialización internacional y definen, junto a las grandes cadenas de súper e hipermercados, los precios de los alimentos.

Una alternativa para estos productores a pequeña escala ha sido asociarse para afrontar los costos de manera colectiva. Sin embargo, si se considera que la escalada del dólar (que en los primeros días de enero se cotizaba a 18,76 y osciló en las últimas semanas entre los 37 y 40 pesos) registró la mayor devaluación desde la crisis del 2001, se hace evidente que sostener los insumos, los servicios, la logística para el pequeño y mediano productor se vuelve inviable.

En ese contexto, en el que  resulta mucho más conveniente especular que producir, el Frente Productivo continúa recorriendo ciudades para ampliar sus bases, incorporando una mayor heterogeneidad social y política, debatiendo el programa económico que necesita la Argentina y la región.

Al mismo tiempo, este espacio que nace, busca “posicionar a la mayor cantidad de actores sociales y políticos en contra de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2019, que legitima el recorte y las metas macroeconómicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, señaló Daniel Moreira de APyME.  La articulación de sectores y actores por otro modelo de país, está en marcha.

(*) Investigadores-redactores argentinos del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico