Trabajo en el Sector Público: El Estado no es un botín

Por Ibis Fernández Honores *

El trabajo en el Perú está regido por dos grandes estatutos laborales: uno para el sector público (Decreto Legislativo 276) y otro para el sector privado (Ley de Productividad y Competitividad Empresarial, aprobada por Decreto Legislativo 728).

Pero además, existen diversos regímenes laborales llamados “de carácter especial”, cuya principal característica es otorgar menos derechos y beneficios laborales a los trabajadores. Hoy, cerca del 76% de la Población Económicamente Activa del Perú trabaja bajo algún régimen laboral especial.

En ese marco, las distintas formas de empleo dentro del Sector Público se convierten en uno de los problemas más álgidos de nuestra realidad nacional: hay enormes diferencias en cuanto a la contratación del personal dentro del Estado y esto, claramente, vulnera nuestro derecho a la igualdad.

El nuevo Régimen del Servicio Civil conocido como la Ley SERVIR, que debería ser inaplicable, busca supuestamente regular la contratación pública en el Perú y su objetivo es unificar la diversidad de regímenes laborales coexistentes. Pero en la realidad, dicha ley tiene fallas de origen, porque no toma en cuenta la situación histórica de la carrera pública y porque no respeta los principios que rigen el acceso al empleo público: el mérito y el acceso en condiciones de igualdad. En realidad, la ley SERVIR tiene un alto costo en medio de la desaceleración económica que sufre nuestra economía y no cuenta con incentivos en autoridades y trabajadores de los antiguos regímenes.

Lo más desconcertante es pensar que si esta ley tiene como objetivo la “modernización del Estado” y está basada principalmente en la meritocracia, ¿por qué hay entidades estatales que fueron exoneradas de esta reforma? Nos referimos al Banco Central de Reserva, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y el Congreso de la República. Esta decisión sólo ha propiciado que otros sectores estatales exijan salirse de la ley SERVIR.

A esto se suma que una gran parte de los y las trabajadoras prefieran sus antiguos regímenes ya que temen que al ingresar a la nueva modalidad se abra la posibilidad de despidos: hay una extendida supresión de plazas y evaluaciones de desempeño totalmente distorsionadas. En realidad, esta Ley sólo busca constituir una “élite burocrática dentro del Estado”.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el problema de la temporalidad en el empleo público: Los empleados que desempeñan sus tareas bajo el régimen CAS, los tercerizados del Estado peruano, son aquellos contratados que sufren la flexibilidad a pesar de tener cinco, diez o hasta 20 años de servicio.

Supuestamente, los trabajadores CAS serían los más beneficiados por la Ley SERVIR, pero las evaluaciones que vendrían con dicha reforma hacen eco en la experiencia nefasta de

las reformas del gobierno de Alberto Fujimori, en el que se despidió a unos 450.000 trabajadores públicos.

También es preocupante que en el aparato estatal, estos trabajadores y trabajadoras tercerizados son víctimas de la intermediación laboral, la precarización del empleo y la reducción del alcance del sindicato y la cobertura en la negociación colectiva.

Un ejemplo: en el Municipio de Lima, el Sindicato de Trabajadores Obreros de Limpieza Pública (SITOBUR) denuncia que el 70% de los trabajadores son madres, madres solteras, viudas y jefas de hogar que han contribuido en la limpieza y la salud pública en las calles de Lima por más de 21 años de servicio y no tienen contemplado sus derechos laborales y sindicales. Trabajan de madrugada y sufren todo tipo de atropellos. Ellas están en una total indefensión por parte de las empresas y las autoridades municipales.

Es por eso que, camino al Bicentenario de la Independencia de nuestro país, es necesario reflexionar acerca de esa visión del Estado como un botín, corporativo y patrimonial, ya que cada Gobierno de turno contrata o nombra en exceso a trabajadores sin ningún criterio, salvo el del clientelaje político y el pago de favores. Otro Estado es posible. Y es necesario construirlo.

* Dirigente de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales del Perú (CITE) y Secretaria de Prensa de CLATE