Procesan a Cristina Fernández con prisión preventiva por considerarla jefa de una asociación ilícita
Un procesamiento sin sorpresas ni pruebas
Como se esperaba, el juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse. En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento. Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con la versión de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y “supone” que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento. Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales –algunos presionados y otros por propia voluntad–; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela. También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido. El juez no pedirá por ahora el desafuero de CFK –necesario para detenerla–, sino que esperará lo que resuelva la Cámara Federal, adicta a la Casa Rosada, cuando lleguen las apelaciones. Argumenta que Cristina podría entorpecer la investigación.
– Sin sorpresas. La imputación de ayer no tiene sorpresas ni revelaciones. Básicamente se acusa a Cristina y a Néstor Kirchner de ser jefes de una asociación ilícita que recaudó dinero de manera ilegal para enriquecerse.El fallo señala que una pequeña parte de lo que se juntaba se usó para la política, pero que el punto central era que recaudaban para su propio beneficio. Los organizadores de la asociación ilícita eran Julio De Vido y Roberto Baratta, y por debajo de ellos había una lista de ex funcionarios o allegados que recaudaban dinero –el secretario de Baratta, Néstor Lazarte, Claudio Uberti, Walter Fagyas y varios más–, encargados de cobrar y luego entregar la plata a los organizadores.
Respecto de los empresarios,el fallo dice que se beneficiaban ganando plata con obras en las que cobraban sobreprecios. El juez calcula que pagaron unos 55 millones de coimas, aunque no hay ninguna evidencia de una cifra de esa naturaleza. Por ejemplo, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente, figura con pagos de 13 millones de dólares, pero Calcaterra dice que sólo puso 300 mil dólares. En el escrito de ayer, Iecsa es la mayor pagadora de coimas.
– Cristina. La acusación contra la ex presidenta se basa esencialmente en una serie de especulaciones y en un arrepentido falso por donde se lo mire: José López. El ex secretario de Obras Públicas dice que se vio con CFK en enero de 2011 y que ella le dijo que debía seguir recaudando. No hay testigo de ese encuentro. Dice que cinco años más tarde lo llamó Fabián Gutiérrez, ex secretario de Kirchner, y le dijo que había que guardar un dinero. Eso fue el 13 de junio de 2016. López dice que “cree” que Gutiérrez era mandado por CFK y que le dio los 9 millones de dólares. O sea que no le consta –como hicieron creer los medios estos días– que el dinero provenía de la ex mandataria. La versión no tiene asidero. Está probado que el dinero que López llevó al convento estaba en su casa desde hacía tiempo, al lado del tanque de agua, y con la humedad de ese ambiente. Además, CFK no tenía relación con Gutiérrez desde 2011.
– Empresarios. El tramo más extenso del escrito de ayer está centrado en el relato de los cuadernos.
Una parte de los empresarios dice que efectivamente aportaron dinero, nunca en las cantidades mencionadas por Centeno. Iecsa figura con 13 millones de dólares y dice haber puesto entre 200 y 300 mil. El cálculo del aporte de Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, no supera el millón de pesos, pero en los cuadernos figura con 10 millones de dólares. Ferreyra no se arrepintió y dice que puso el dinero por convicción. Hay otros que hablan de 500 mil pesos y empresarios que dicen que ni estaban en Buenos Aires cuando se hicieron las supuestas entregas.
La mayoría hace referencia a que fue un esquema de recaudación electoral, concentrado en 2009, 2013 y 2015. Otros mencionan que se trató de una extorsión, que sintieron presión del poder y que, aunque les pedían dinero para campaña, podían perder obras y licitaciones.
José López llenó agujeros con algunas de las palabras mágicas: Wado De Pedro, la Cámpora, Justicia Legítima. Dijo –sin aportar un solo dato– que el dinero se les entregó a ellos. Quien admitió que hubo plata que le entregaron para la campaña electoral fue el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que asombrosamente no aparece en la resolución de ayer.
– Construcción. El arrepentido de mayor relevancia fue Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción. Es que habló de una sospecha histórica sobre el club de la obra pública. El empresario reconoce que arreglaban licitaciones: qué empresa iba a ganar y a qué precio. Y sobre esa base –según declaró– se pagaba un porcentaje de coima. No se acompañó ninguna evidencia de sus afirmaciones, hechas bajo pena de ir a la cárcel. Por ejemplo, no se dice qué obra se arregló, cuál fue el sobreprecio y cómo se hizo el pago.
Menos todavía se entiende por qué no aparecen en el texto ni Franco ni Mauricio Macri, dueños de Iecsa, la empresa supuestamente más involucrada. Además, es conocido que el Grupo Macri fue históricamente una especie de emblema de la obra pública.
En referencia a esta modalidad de la coima, no hay tampoco en el procesamiento ninguna mención a pagos precisos y menos todavía pagos que de alguna manera se puedan verificar que fueron para CFK, por ejemplo.
– Peajes. El otro mecanismo de coima que aparece en el texto de los procesamientos es el del club de los peajes, donde también el Grupo Macri tenía la principal ruta, la Panamericana, pero no figura. Es que lo que se transcribe en el escrito es básicamente la declaración de Claudio Uberti, otro arrepentido, en su momento expulsado del gobierno a raíz de la valija de Antonini Wilson.
Uberti evitó la prisión también repitiendo dos de las palabras mágicas: coimas, Cristina. Contó que mientras fue funcionario, durante la gestión de Néstor Kirchner, recaudó unos 150 mil dólares por mes y los entregó a veces directamente al entonces mandatario.
El ex titular del órgano de control de las concesiones viales (Occovi) se despachó con un relato asombroso: que el día que murió Nestor Kirchner había bolsos y valijas por 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay. Uberti sostuvo que no vio el dinero, pero que le contaron. Esto exhibe la calidad de su arrepentimiento.
Aún así, el fallo da por probado el mecanismo de las coimas en los peajes sobre la base de lo dicho por Uberti, quien tampoco aportó pruebas.
– Venezuela. Por último, hubo una vertiente distinta del procesamiento de ayer y está referida a una única empresa: Techint. El titular Luis Betnaza también esquivó la prisión diciendo que le exigieron coimas en el marco de la negociación con Hugo Chávez por la expropiación de Sidor, la empresa de Techint en Venezuela. Sin embargo, al final Betnaza también terminó en forma imprecisa, sin decir exactamente a quién se pagó ni por qué. Hay una mezcla entre aporte electoral y coima. El principal ejecutivo de Techint terminó procesado, pero no se entiende cómo no ocurrió lo mismo –si el delito existió– con el dueño de la empresa, Paolo Roca, quien participó activamente de la negociación por Sidor. Todo esto exhibe que la causa está orientada políticamente.
– Asociación. De la lectura global del escrito surge que hay ex funcionarios que, posiblemente, hayan estado involucrados en hechos de corrupción. Está claro que a López le encontraron 9 millones de dólares que nunca pudo explicar y en el texto figura el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, a quien se le habrían encontrado propiedades en Estados Unidos por unos 60 millones de dólares. Cada vez que se llevó dinero al departamento de la calle Uruguay, sólo estaba Muñoz, nunca los dueños de casa. Así lo reveló el encargado del edificio que contó que ni Néstor ni Cristina volvieron al departamento durante sus mandatos.
A ninguno de los principales imputados, empezando por CFK, De Vido, Baratta, se le detectaron bienes provenientes de ese supuesto enriquecimiento ilícito por el que fueron procesados. Se mencionó a Ernesto Clarens como el gran financista, el que iba a develar la ruta del dinero. No hubo nada de eso. Terminó diciendo que jamás manejó dinero de Néstor o Cristina Kirchner y que nunca habló con ellos. Se dijo que el empresario Juan Chediak iba a revelar todos los manejos con la plata. Tampoco aportó ni un dato sobre el tema. Los allanamientos resultaron un fracaso y, sobre todo, un atropello. Las retroexcavadoras en el sur fueron patéticas y Patricia Bullrich hasta argumentó que la engañaron. El uso de la ley del arrepentido como una extorsión –el que se arrepiente se vuelve a su casa, el que niega los cargos va a la cárcel– impide saber la verdad porque nada de lo que afirmaron los supuestos arrepentidos fue verificado como correspondía. Hubiera sido bueno sacar a la luz la verdadera matriz de la corrupción y el club de la obra pública, pero eso requería una pesquisa seria y de bajo perfil, no un show de persecución política.
El procesamiento terminó siendo un texto débil. Tal vez la mayor evidencia es que hubo que escarbar la olla para convertir a José López en el arrepentido estrella.
Cristina Kirchner vuelve a Comodoro Py a declarar en la causa por lavado de dinero
La ex presidenta Cristina Kirchner volverá a presentarse este martes en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fue convocada para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que tiene detenido al empresario Lázaro Báez.
La senadora nacional había intentado dejar sin efecto la citación, pero este lunes la Cámara Federal porteña rechazó el planteo que hizo contra los jueces de ese tribunal que habían dispuesto su indagatoria.
Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens rechazaron por «improcedente» el pedido de recusación en su contra formulado por la defensa de la líder de Unidad Ciudadana, por lo que quedó ratificada la indagatoria prevista para este martes a las 10.30.
Los dos camaristas le habían ordenado al juez federal de primera instancia Sebastián Casanello que citara a la ex mandataria a declaración indagatoria en el marco de la causa por las maniobras de lavado de dinero realizadas a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita».
Hasta el momento, Casanello había evitado llamar a la senadora, pese a los pedidos en ese sentido del fiscal Guillermo Marijuan y de la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en el caso, ya que considera que Cristina Kirchner es investigada por los mismos hechos en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez.
Esta causa por lavado de dinero en gran parte está elevada al Tribunal Oral Federal 4, que va a fijar fecha de juicio a fines de octubre próximo, y allí hay unas veinte personas imputadas, entre ellas Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.
Todos están acusados de formar una banda dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI.
Por el caso, Báez se encuentra detenido desde abril de 2016, luego de que se conociera un video de «La Rosadita» en el que se veía a su hijo Martín y a otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares.
Para los jueces, «se corroboró suficientemente la existencia de una estructura conformada por Báez que entre el 2010 y 2013 canalizó fondos de origen ilícito a través de una ingeniería financiera, que posibilitó la expatriación de una suma cercana a los sesenta millones de dólares y luego la repatriación parcial de unos treinta y dos millones de esa moneda que terminaron contabilizados en Austral Construcciones S.A. además de la adquisición de bienes y servicios».
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