Pamela Aguirre, miembra del Parlamento Andino: «El Lawfare es una maniobra para excluir a los líderes de izquierda»
Entrevista a Pamela Aguirre, miembra del Parlamento Andino
Por Pedro Brieger, director de NODAL
En varios países de América Latina se utiliza el concepto de “lawfare” como sinónimo de la persecución del Poder Judicial en sintonía con el poder ejecutivo a líderes políticos del campo progresista. Si bien cada caso es diferente lo han denunciado la expresidenta Cristina Fernández en la Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Lula de Silva en Brasil. Para analizar esta práctica política NODAL consultó a Pamela Aguirre, parlamentaria ecuatoriana en el Parlamento Andino.
¿Se puede decir que el “lawfare” representa un nuevo estilo de gobierno en América Latina?
A nivel regional se ha implantado una estrategia que busca criminalizar a los líderes políticos que cuentan con gran aprobación popular. Se utiliza indebidamente el derecho para aislar a los candidatos -con procesos judiciales evidentemente viciados como en el caso de Lula Da Silva- y, de esta forma, se instaura una competencia desigual. La judicialización de la política es uno de los mayores riesgos para la democracia.
En este sentido, el Lawfare se presenta como una maniobra para excluir a los líderes de izquierda de la palestra política. A la vez, se rompe el estado de derecho y se ponen en vilo los derechos de todos los ciudadanos, pues en aras de la persecución política (solapada por los grandes consorcios mediáticos) se corroe la seguridad jurídica.
¿Cuál es la situación hoy en Ecuador?
Hoy por hoy, en Ecuador no existe ninguna función del Estado que no tenga autoridades cesadas, destituidas, encargadas o transitorias, cuyo proceso de selección no sea reprochable en términos de legalidad y legitimidad. Ante semejante situación, nuestro sistema democrático pende de un hilo. Tres de las cinco funciones del Estado –electoral, judicial y de transparencia y control social– cuentan con autoridades “encargadas” sin haber cumplido los procesos establecidos en la constitución y la normativa vigente. Todo esto se debe a la existencia de un órgano transitorio, cuya constitucionalidad siempre hemos puesto en duda, que se ha extralimitado en las funciones que le fueron conferidas vía mandato popular y ya no le rinde cuentas a nadie. La máxima aberración de este organismo fue haber destituido a todos los jueces de la Corte Constitucional, atentando así contra la independencia de esta entidad que funge como garante del orden constitucional. Por otro lado, la Presidencia de la Asamblea Nacional y la Vicepresidencia de la República también han sido foco de discordia en cuanto a sus titulares.
Al caos institucional y los atentados contra el estado de derecho, se suma una gestión mediocre que no ha podido cumplir con sus promesas de campaña y, además, está propiciando una regresión en derechos respecto a lo logrado en la década previa. Dijeron que iban a generar 250 mil empleos al año y, al contrario, 160 mil personas han perdido su empleo. Al gobierno de Rafael Correa le tomo 10 años sacar a 1.7 millones de personas de la pobreza y, apenas en un semestre bajo el régimen de Moreno, 500 mil personas han vuelto a caer bajo la línea de pobreza. A grosso modo puede decirse que hoy se gobierna en función del gran empresariado. Como muestra se puede mencionar que se condonado aproximadamente 1300 millones de dólares en intereses y multas por impuestos no pagados a los 50 mayores de deudores del país.
¿Y cuál es la situación del expresidente Rafael Correa?
En Ecuador se ha utilizado al discurso “anticorrupción” para dar paso a un proceso de persecución judicial contra todos los actores que ejercen oposición al régimen de Moreno. Es sumamente necesario impulsar la lucha contra la corrupción, lo que no puede ocurrir es que el gobierno se aproveche de este recurso para bloquear las vías democráticas de procesamiento de la oposición.
En el caso de Correa, como no lograron reunir prueba alguna para acusarlo de corrupción, hoy pretenden vincularlo al secuestro de un ex prófugo de la justicia ocurrido en 2012 en Colombia. No solo que no existen pruebas sustanciales para inculpar a Correa, sino que se trata de un hecho que ya fue juzgado y sentenciado en la República de Colombia en 2015.
Existe además una extralimitación de medidas cautelares. La orden de prisión preventiva emitida contra Rafael Correa por no comparecer ante la Fiscalía del Ecuador y la solicitud de su captura a la Interpol son medidas absolutamente desproporcionadas considerando que Rafael Correa reside en Bélgica y se presentó a declarar en el Consulado de Ecuador en ese país.
Por último, es imposible no poner en duda los canales institucionales utilizados y la imparcialidad de quienes llevan el proceso contra el expresidente. El caso lo lideran un Fiscal “encargado” y un presidente de la judicatura “encargado”, que se deben a un órgano transitorio, cuya máxima autoridad ha declarado en numerosas ocasiones su animadversión contra Rafael Correa. Además, existe una actuación dudosa de la Asamblea Nacional para quitarle los fueros al expresidente Correa.
