Nicaragua: se cumplen cinco meses de protestas contra el gobierno de Ortega
Cinco meses después, 136 son acusados de terrorismo
A cinco meses del inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la represión que en un principio fue violenta y sangrienta ha migrado a los tribunales de justicia, donde se ha convertido en una persecución selectiva, afirman juristas.
Entre el 4 de julio y 17 de septiembre protestantes de Estelí, Masaya, Matagalpa, Carazo, León, Managua, Boaco, Jinotega y el Caribe Sur han sido presentados por la Policía y acusados en los Juzgados capitalinos.
Expertos coinciden en que la ley relacionada al terrorismo se ha convertido en la principal “arma política” del gobierno. Solo en Managua, la Policía ha remitido 136 personas al Ministerio Público acusadas de cometer supuestos actos terroristas, entre otros delitos.
En las cárceles hay más de 309 presos políticos, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.
Alberto Novoa, exprocurador y especialista en derecho penal, explica que “se utiliza el sistema judicial como arma política. La mayor parte de esas personas encarceladas por protestar no han lavado dinero, no han financiado actividades ilícitas. ¿Quién califica a un grupo de terrorista? Lo califica el Gobierno”.
Novoa valoró que la fundamentación y las pruebas para estas acusaciones “podrían indicar” otro tipo penal, pero no terrorismo.
“En Nicaragua está tipificado el delito de rebelión, pero a los detenidos no se les acusa de este delito, porque el concepto de rebelión es mucho más restringido, tiene sus características, sus modalidades, sus tipos de pruebas”, recordó.
El terrorismo y el financiamiento al mismo “es más fácil de tipificar que la rebelión. El concepto de terrorismo es tan amplio que cualquier prueba, el juez puede calificarla como elemento de convicción, como por ejemplo, pasar agua con bicarbonato para disipar un poco la bomba lacrimógena, sería ayuda al terrorismo, financiamiento al terrorismo”, criticó Novoa.
Sin embargo, “dicen que los tranques causaron terror a la gente, por lo tanto a quienes estuvieron en ellos se les acusa de terrorismo, pero se sabe que la obstrucción de las vía no es terrorismo”, aclaró Novoa.
Un formato de acusación
Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que trabaja en la defensa legal de los acusados, señaló algunas acusaciones polémicas; por ejemplo, “que a Cristian Fajardo (uno de los líderes enjuiciados) se le acusa de financiar al terrorismo por haber facilitado algunos ataúdes para las víctimas de represión de las protestas”.
En otro caso, “Saúl Pineda (también acusado) conocía a algunas personas del movimiento campesino que estaba en los tranques y a la hora de las redadas fue detenido. Hay muchas personas que no estaban participando y aun así las capturaron”, añadió Montenegro.
El abogado de la CPDH recalcó que la protesta cívica no implica el financiamiento y la comisión de actos terroristas.
“No nos explicamos cómo en un país que aparentemente era el más seguro de toda Centroamérica, de repente tenemos a 200 o más persona acusadas por terrorismo y usar armas restringidas, no tiene sentido”, agregó Montenegro.
Pese a que “hay una suerte de decisión en estos casos”, los defensores señalan las ilegalidades desde el inicio, tales como incompetencia por jurisdicción, detenciones ilegales y presentaciones tardías de los detenidos.
La CPDH también apunta a presentar la nulidad, porque no se acatan los recursos de exhibición personal de los jueces ejecutores y se admiten acusaciones incongruentes y por incumplimiento en los intercambios de información y pruebas, añadió.
La restricción de los medios de comunicación a las salas de los juzgados también forma parte de las violaciones legales a los procesos, consideró el jurista Alberto Novoa.
Además, “no se puede tratar a un presunto inocente con la cárcel, que es la figura coercitiva que se impone de último. El acusado debe estar preso hasta que esté condenado, no antes”, señaló el exprocurador.
Montenegro indicó que continuarán agotando vías internas, para apelar y revisar los casos en los que ya se ha dictado sentencia, y posteriormente recurrir a organismos de derechos humanos internacionales.
El Ministerio Público está utilizando los mismos formatos de acusación a los detenidos, por haber participado en las protestas los acusan de lo mismo, denunció la CPDH. La Policía también está violentando la presunción de inocencia, al señalar de manera categórica a los manifestantes como terroristas, enfatizó.
En casi todos los casos, los detenidos son vinculados a los tranques que se levantaron entre mayo y julio en distintos puntos del país, como parte de las protestas ciudadanas contra el gobierno.
Según las autoridades policiales y judiciales, en los tranques, que fueron desmantelados por antimotines y encapuchados armados entre mayo y julio, se cometían secuestros, torturas y extorsión.
Entre los detenidos en las cárceles de la capital, señalados de terrorismo, se cuentan 24 líderes universitarios, dos exmilitares y tres líderes campesinos.
Marchas siguen y nacen nuevas formas de protesta
Aunque las fuerzas policiales y simpatizantes del partido de Gobierno han asediado a los participantes de las marchas y plantones, esta forma de protesta se ha mantenido desde el 18 de abril.
En el último mes se ha vuelto común que al inicio o al final de las marchas, policía a bordo de camionetas capturan personas. El objetivo parece ser sembrar el miedo y desmotivar a la gente de salir a marchar”.
Las formas de manifestarse se han diversificado entre los nicaragüenses: globos azul y blanco con mensajes de protesta, zapatos pintados del mismo color sobre las señales de tránsito y hasta carteles colgados en el tendido eléctrico de los barrios.
“Mientras el Gobierno no ceda a las demandas populares, las protestas no cesarán,” opina Sergio Cabrales, sociólogo e investigador de la Universidad Centroamericana (UCA), quien considera que la judicialización de las protestas contribuye a que se “mantengan vivas las expresiones en las calles”.
“El nica es así, si algo le incomoda, llega hasta el final por una solución; eso está presente en el imaginario nicaragüenses, tenemos la memoria histórica de una revolución (en 1979)”, resaltó.
El sociólogo también expresó que la población quiere insistir en su protesta contra del Gobierno para mantener el interés de los demás países del mundo sobre Nicaragua.
Respaldo internacional
El sociólogo Cabrales dice que la crisis que inició el 18 de abril fue producto del “desahogo de una energía acumulada” y no solamente surge por las reformas al sistema de seguridad social.
“En abril, recién había concluido las protestas por las reacción del Gobierno ante el incendio en la reserva de Indio-Maíz, que fue un detonante indiscutible de todo lo que hemos estado mediando en los últimos meses”, añadió.
Por su parte, el sociólogo Cirilo Otero destacó que en el estallido social jugaron un papel determinante dos sectores que habían permanecido en silencio: los jóvenes y los campesinos.
Hoy “los ciudadanos se sienten respaldados por la comunidad internacional que ha rechazado la represión y violación de los derechos humanos”, opinó Otero.
Valoró que el ánimo del pueblo nicaragüense seguirá aumentando mientras el Gobierno ejerza más presión.
“Las protestan no van a parar hasta que la gente no tenga una respuestas y se sienta satisfecha con su objetivo”, concluyó Otero.
Cenidh recurre contra ley de terrorismo
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la “ley antiterrorismo”, por considerar que fue diseñada para criminalizar las protestas sociales.
Según el Cenidh, la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva viola los derechos constitucionales de los nicaragüenses, al prohibir cualquier acción que el Gobierno considere ofensiva.
“Esta ley es ilegal, está hecha precisamente para criminalizar la protesta social, para perseguir a los opositores de este Gobierno”, dijo a periodistas la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
La “ley antiterrorismo” fue aprobada en julio pasado, por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento), dos meses después del inicio de la crisis sociopolítica en el país.
El Cenidh considera que la legislación permite a las autoridades judiciales a procesar por el delito de terrorismo a cualquier ciudadano que incomode al gobierno.
De acuerdo con el Cenidh, en las cárceles de Nicaragua aguardan, al menos, 309 “presos políticos”, muchos de los cuales son acusados de terrorismo.
48 horas presos por llevar chimbombas
Cuarenta y ocho horas pasaron encerrados en las celdas de la ciudad de Jinotepe, Carazo, Daniel Carvajal y Maykell Corea, a quienes paramilitares los capturaron solo por intentar tirar globos azul y blanco.
Ambos ciudadanos son originarios de la ciudad de San Marcos y fueron apresados el 14 de septiembre a las 5:30 a.m. cerca del estadio de la ciudad, ubicado a cuatro cuadras de estación policial.
Según Daniel Carvajal, civiles encapuchados los interceptaron unas cuadras antes de llegar al estadio, donde él y su primo Maykell querían soltar los globos.
“Bajaron a mi primo (de la mototaxi) a punto de golpes, yo me quedé dentro y nos trasladaron hacia la estación policial. Ni siquiera logramos soltar los globos”, dijo Carvajal a El Nuevo Diario vía telefónica.
Carvajal también denunció que estando dentro de la estación policial de San Marcos, los parapolicías empezaron a tomarles fotos y llamaron al secretario político de la ciudad.
“Empezaron a gritar y a celebrar que habían capturado a los terroristas, gritaban y bailaban, luego nos sacaron de la celda y nos interrogaron. El policía que nos hacía las preguntas nos golpeó, preguntaba que quién me financiaba, que con quién trabajaba y quién me había mandado a tirar las chimbombas”, relató también Carvajal.
“El secretario político dijo que teníamos que sacar permiso en la policía si queríamos protestar, que nos iban a dar seguimiento y que dejáramos de andar levantando al pueblo porque ya todo estaba normal “, añadió.
Maykell Corea relató que a él lo golpearon los paramilitares al bajarlo de su mototaxi, y a pesar de que ya fue puesto en libertad, aún no le entregan su vehículo.
Nicaragua sigue recibiendo mensajes de la solidaridad internacional
Los mensajes solidarios con Nicaragua continúan llegando desde diversos países. En este sentido, en Irán personalidades académicas, del sector de la salud, jóvenes, diplomáticos y políticos participaron en una actividad de solidaridad con nuestro país, en la que se compartieron fotos y textos sobre los acontecimientos vividos en la nación centroamericana a partir del 18 de abril.
Por otra parte, el fin de semana pasado, durante la fiesta de L’Humanité, la comunidad nicaragüense radicada en Francia, junto con amigos solidarios, participaron en la marcha “Puro Amor por la paz en Nicaragua”.
Además, reunieron firmas de respaldo con el pueblo y gobierno nicaragüenses.
En Berlín, Alemania, amigos de la solidaridad con Nicaragua y artistas de nuestro país se reunieron para conmemorar las efemérides patrias.
“Que el vibrante ejemplo de la Batalla de San Jacinto sea un estímulo para continuar trabajando unidos por la paz y la reconciliación, y asegurar el mejor porvenir para la patria que soñaron Darío y Sandino”, expresó el compañero Jürgen Mertschenk, de la Asociación Nueva Nicaragua.
Asimismo, en el acto el poeta nicaragüense Jeremy Cerna recitó poemas sobre la lucha libertaria en la tierra pinolera.
Desde otros países como Venezuela, Costa Rica e Italia también llegaron muestras de solidaridad y el deseo de numerosos amigos de que impere la paz en la tierra de Sandino.
