México: la CIDH rechaza informe oficial sobre Ayotzinapa y analiza pendientes del gobierno
En la víspera del cuarto aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena, enlistó la lista de pendientes del gobierno federal para dar con el paradero de los estudiantes.
En Tixtla, la funcionaria afirmó que existen evidencias de la colusión entre autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluido el Ejército, en actividades del narcotráfico en la Guerrero.
“La supervisión internacional continuará teniendo como principal objetivo, la obligación de dar con el paradero de más víctimas”, señala el reporte presentado en la normal rural Raúl Isidro Burgos ante estudiantes y familiares de los jóvenes desaparecidos.
Sobre el análisis técnico de telefonía, la CIDH destacó que de los nueve teléfonos de los estudiantes que tuvieron actividad después de la media noche del 26 de septiembre de 2014, al menos uno de los equipos móviles fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal, ante lo que pidió un esclarecimiento expedito.
También, advierte que, a la fecha, no hay nuevas detenciones por “acción y omisión” de actores estatales que podrían haber tenido algún nivel de participación en el crimen.
El documento reitera que el encuadre de los delitos no corresponde a las graves violaciones cometidas porque se trata de delincuencia organizada, ejercicio ilícito del servicio público contra la administración de justicia y secuestro y no por desaparición forzada.
Sobre el apartado de tráfico de drogas y asistencia técnica internacional, la Comisión destaca la información recibida a través de asistencia jurídica internacional, sobre un caso de relevancia en la Corte de la ciudad de Chicago, Illinois.
Se refiere a las transcripciones de mensajes de personas procesadas por tráfico de drogas desde Iguala, Guerrero.
La CIDH consideró que esta información es de suma importancia ya que revela diversos aspectos que en su momento fueron planteados por el GIEI, como el tráfico de drogas transfronterizo mediante líneas de autobuses y los vínculos del grupo criminal Guerreros Unidos tanto en Estados Unidos como en México.
También, señala la posible participación de la Policía Federal debido a que tres funcionarios de la corporación actualmente están sujetos a proceso penal por delitos de delincuencia organizada, así como por ejercicio ilícito del servicio público.
Por ello, la CIDH considera necesario investigar a profundidad a todos los elementos federales que están desplegados en la ciudad de Iguala, el día en que ocurrió la desaparición.
Esmeralda Arosemena también pidió esclarecer el papel del Ejército en la desaparición de los normalistas ante la serie de contradicciones que los soldados del 27 Batallón de Infantería han declarado.
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