Las Fuerzas Armadas Argentinas entre posguerras y neoliberalismo periférico
Por Sabina Frederic (UNQ/CONICET)
SEGURIDAD INTERIOR Y DEFENSA
A LA DERIVA
Las Fuerzas Armadas Argentinas entre posguerras y neoliberalismo periféricoPosguerras y democratización
La desaparición del Submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes en un ejercicio militar en noviembre de 2017, terminó con la inercia con la que el actual gobierno conducía la cartera de Defensa. Pero también con una política de Estado iniciada en 1984 destinada a limitar la capacidad de los militares de atentar contra la democracia. Desde entonces las Fuerzas Armadas, que habían estado enroladas desde la segunda mitad del siglo XX en la doctrina de seguridad nacional propia de la Guerra Fría, fueron la amenaza del Estado de derecho en Argentina. La posguerra de Malvinas, el pos terrorismo de Estado –pos “Guerra Sucia” para ex militares y “guerra de guerrillas” para ciertos ex guerrilleros-, y la pos Guerra Fría, impulsaron una fuerte contracción del ámbito castrense. Así, quedó ampliamente justificado su debilitamiento por vías simbólicas, presupuestarias, normativas y humanas, y fundamentalmente la limitación de cualquier forma de intervención en “seguridad interior”[1]. La nueva causa nacional, la democracia, se construyó contrayendo el amplio espacio ocupado por los militares desde la construcción del Estado nacional en el siglo XIX.
En ese contexto, en julio de 2018 se aprueban dos decretos presidenciales que encarnan la expresión normativa del cierre de ese ciclo, aunque no necesariamente implican la definición clara de un nuevo rol en el largo plazo[2]. Ciertamente, parecen más una salida urgente por vía de un uso inmediato del instrumento militar con fines prácticos, ya ensayada incluso en el último tramo del gobierno que terminó en 2015. Aunque hay diferencias contundentes. Los decretos mencionados tienen aspiraciones refundacionales, e introducen una racionalidad neoliberal en la Defensa nacional en medio de una crisis económico financiera insoslayable, a la que el gobierno actual nos arrastra aceleradamente. Su aprobación, sin embargo, nos empuja a reflexionar con responsabilidad sobre la/as función/es de las Fuerzas Armadas en el mediano y largo plazo.
Pero veamos qué dice la nueva normativa. El decreto 683/18 reforma la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional de 2006. Si bien conserva algo de la redacción del decreto anterior, amplía el campo de intervención de las Fuerzas Armadas para su empleo ya no únicamente frente a la “agresión externa” de un Estado sino también de agentes no estatales[3].
De este modo este decreto junto a aquel que aprueba la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (decreto 703/18) y define el posicionamiento estratégico de la Argentina a nivel regional y global, establecen los nuevos parámetros del empleo del instrumento militar de la Defensa. Los decretos habilitan legalmente su intervención frente a “agresiones” como el narcotráfico, u otras formas del crimen organizado trasnacional, y el terrorismo internacional. La primera forma de la “amenaza” deja de ser entendida legalmente como problema de “seguridad interior” para serlo como de seguridad nacional e internacional. Un principio aplicado por Colombia y también por México, derivado de sus respectivos alineamientos con Estados Unidos, con las consecuencias negativas para la ciudadanía y los militares que ya todos conocemos. La segunda es también resultado de la alianza con Estados Unidos, el compromiso con los problemas de seguridad de la OTAN y la evaporación, en la nueva directiva, del Consejo de Defensa Suramericano dependiente de la UNASUR que fuera creado en 2008. Recordemos que los ataques a la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) ocurrieron luego de la decisión del gobierno argentino de emplear a las Fuerzas Armadas en la Guerra del Golfo y antes del escenario dejado por el atentado a las Torres Gemelas (2001). Frente a este panorama, y a instancias de estos decretos, las Fuerzas Armadas verán reducida su estructura de ocupación territorial, se venderán inmuebles, se reducirá su personal permanente y se incorporará reserva (civiles contratados a tiempo parcial o con flexibilización laboral). El menú neoliberal incluye un uso “eficiente” del instrumento militar de manera de complementar con “apoyo logístico” y comunicación, la acción de las Fuerzas de Seguridad en las fronteras y en la custodia de objetivos estratégicos.
Cuando la democratización ya no es el faro: militares víctimas del Estado
Aunque el camino trazado por esta normativa ha generado disensos en el arco autodenominado “progresista”, también levantó y lo sigue haciendo innumerables críticas en el seno de las Fuerzas Armadas, y entre especialistas en la materia. Sin embargo, hay entre los primeros y los segundos, quienes coinciden en el diagnóstico: el Estado democrático no debería sostener Fuerzas Armadas con tan alto nivel de obsolescencia de equipamiento, una pirámide de personal invertida, totalmente envejecida, un éxodo espasmódico de personal joven (subalterno) capacitado y una pérdida del sentido de propósito. Los militares no han atentado con el orden constitucional en ninguna de las crisis político-económicas ocurridas en democracia (1989 y 2001). Han dejado de ser percibidos y auto percibidos como la “reserva moral” de la Patria y trazado vínculos de confianza con diversos sectores de la política nacional anti golpista.
La desaparición del ARA San Juan impulsó esos acuerdos básicos, pues mostró un límite: esa debilidad también se cobra vidas. La muerte de jóvenes militares, dadas las circunstancias en las que ocurrió, los -y la-, convirtió en víctimas. Victimas del Estado, de su abandono deliberado, cuyos efectos acumulativos acabaron con el submarino. No fue el primer “accidente”. Hubo muchos en estos últimos 34 años en los que perdieron la vida o sufrieron graves lesiones, oficiales, suboficiales, aspirantes, soldados y cadetes, aunque fuera a cuenta gotas y sin tomar estado público, tapados por un espíritu de sacrificio militar que se fue volviendo contra ellos. Pocas posibilidades quedan de convertir estos daños irreversibles en un sacrificio por la Patria.
Reacciones del arco autodenominado progresista acordaron en esto. Así lo indican desde el acompañamiento de integrantes de Madres de Plaza de Mayo a los familiares de los tripulantes desaparecidos, encadenados a las rejas que circundan la Pirámide de Mayo, a notas de periodistas del diario Tiempo Argentino[4] solidarizándose con las víctimas uniformadas.
No obstante, si bien tal debilitamiento de las Fuerzas Armadas contribuyó con la democratización al menos hasta promediar los gobiernos de los Kirchner, desde entonces algunas voces, tanto del anterior gobierno como del actual, comenzaron a mostrar que aquella política de Estado requería revisión. Más allá de mis ideas, se ve con claridad que de un tiempo a esta parte ese modo de confrontar a los militares para la democratización nacional, dejó de ser nuestro faro. Las Fuerzas Armadas perdieron incluso su importancia para la concreción de aquel proceso, no eran siquiera necesarias como el mal contra el cual erigir la democracia. Bueno, sí para algunos grupos que cargan con el dolor y la búsqueda de justicia por sus seres queridos. Pero los juicios por delitos de lesa humanidad aún continúan y siguen cayendo sobre ex integrantes de las Fuerzas Armadas.
La propia Cristina Fernández de Kirchner anunció que cierta manera maniquea de concebir a las Fuerzas Armadas del presente debía revisarse, cuando al conmemorar el 25 de mayo de 2013, semanas después de la inundación de la ciudad de La Plata luego de destacar la solidaridad de “miles de jóvenes de la política y las iglesias junto a los hombres de las Fuerzas Armadas” señaló: “Porque yo estoy segura que quienes pergeñaron ese golpe terrible del 24 de marzo de 1976 quisieron tener un río de sangre que separara al pueblo de las Fuerzas Armadas”. Seguidamente, cerró su discurso afirmando “tenemos que cerrar ese río con verdad, justicia, trabajo y la convicción de que tenemos que unirnos… la Patria es el otro, sea quien sea”. Sin embargo, subyacía una dualidad entre las misiones asignadas y las políticas de inversión en el sector.
Militarizar la seguridad o policializar a los militares
A mediados de agosto de 2018 se desplegaron 500 efectivos del Ejército entre La Quiaca y Puerto Iguazú. El objetivo: “combatir el contrabando y el narcotráfico”. A fin de año, anunciaron algunos medios de comunicación, llegarán a 1000, y posteriormente a un máximo de 10.000 soldados. El apoyo logístico y la interoperabilidad con las Fuerzas de Seguridad aprobadas en los decretos mencionados, serán el marco. El comando de la operación militar estará a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El operativo tanto como los decretos cerraron un largo proceso de negociación entre de un lado, jefatura de gabinete, las autoridades de los ministerios de Defensa, de Seguridad, la Gendarmería; y del otro, el Estado Mayor General de Ejército y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las posiciones de los primeros y de los militares no fueron coincidentes, probablemente tampoco las de las diferentes carteras ministeriales. Se sabe que el Ejército consiguió sostener su posición y reducir el avance de las modificaciones que conducían a la pérdida de su personal, a la venta de inmuebles sin que su renta fuese transferida al presupuesto militar, y a ejecutar en los territorios fronterizos “tareas policiales” sin competencias legales. Luego de la amenaza de retiros masivos llegaron el aumento salarial a las Fuerzas Armadas y la aceptación del gobierno nacional, rechazada por el Ejército, de que cedieran 5000 efectivos jóvenes a la Gendarmería. También el Ejército se negó a cumplir con el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal mediante el cual el ministerio de seguridad sugería suplir la falta de poder de policía, obligando a los militares desplegados a actuar como cualquier otro particular en caso de flagrancia. Todo parece indicar que su despliegue se hizo en las condiciones sugeridas por altos mandos de Ejército, es decir: presencia en la zona a través de la realización de ejercicios de instrucción o maniobras, y no como observadores o en patrullas represivas. Así renunciaron también a los viáticos que sí percibieron en los operativos durante el gobierno anterior.
Ahora bien, ¿por qué emplear a militares en misiones policiales si la Argentina duplica el número de policías cada 100 mil habitantes recomendado por Naciones Unidas? ¿Por qué más Fuerza orientada a prevenir y reprimir el crimen si contamos con cerca de 500 cada 100 mil, el número más alto de América? ¿Por qué elegir la frontera norte y el despliegue terrestre si sabemos que pistas aéreas clandestinas en campos privados, el puerto de Rosario y de Zarate, son vías prominentes de entrada de drogas ilícitas? ¿Por qué intimidar a través de múltiples agencias del Estado (AFIP, Migraciones, Gendarmería y Aduana y ahora Ejército) el tráfico de subsistencia de personas ahogadas en décadas de desempleo en el mercado formal? ¿Por qué emplear militares si es más que sabido que sólo la inteligencia criminal y la investigación sobre lavado de dinero captura a los “peces gordos”?
Ahora bien, si la presencia del Ejército en la frontera será para realizar ejercicios de adiestramiento, ¿cuáles son los efectos? La puesta en escena ya cosecha sus costos. A horas del despliegue el presidente de Bolivia, expresó su repudio y acusó al gobierno argentino de “amedrentar” a su país. Si no fuera una simulación, entonces también habría que preguntarse cuál es el mensaje que se está enviando a los militares. Muchos jóvenes militares se están preguntando si acaso no terminarán convertidos en gendarmes. Una pregunta análoga a la que desde 2011 se hacen los gendarmes empleados en operativos urbanos fuera de la frontera como Cinturón Sur o Centinela. ¿Se puede seguir siendo gendarme “trabajando de policía”? Nuestras investigaciones etnográficas muestran que las ambigüedades introducidas en este proceso tienen altos costos personales e institucionales.
Soberanía nacional y regional frente al neoliberalismo periférico
Abandonado el peligro de las Fuerzas Armadas como amenaza interna, su empleo como instrumento de la Defensa nacional opone ideológicamente, de un lado a quienes creen en la soberanía nacional y regional, en alianza con potencias que disputan la hegemonía estadounidense, y, por otro, quienes creen en una globalización hegemonizada por el país del norte. Por supuesto que hay un abanico al interior de cada una de ellas sobre las que abundan colegas más especializados.
Por lo cual quisiera destacar, como cierre de esta reflexión, que para los primeros las Fuerzas Armadas son en tiempos de paz un instrumento disuasivo destinado a proteger nuestros recursos naturales requeridos en el mediano y largo plazo por procesos de desarrollo tecnológico y económico. Así, por ejemplo, el mar, los acuíferos, son de interés estratégico siempre que proyectemos su aprovechamiento, y no meramente como “reserva natural”. De manera que no hay sentido de propósito de las FFAA sin un proyecto de desarrollo doméstico a largo plazo, compartido internamente, y sin alianzas regionales. En el contexto internacional actual su protección requiere de mecanismos de integración político y militar, como ejemplo de lo cual es la OTAN. Porque a nadie se le ocurriría pensar en la capacidad defensiva de un país europeo, atendiendo solo a su dotación militar aislado de la OTAN, pues no hay duda que sería incapaz de disuadir el poder de fuego de amenaza alguna. Por este camino no hay Fuerzas Armadas argentinas viables si no es en el contexto de la UNASUR/MERCOSUR/Consejo Suramericano de Defensa. Por estos días cada vez más bastardeado.
Pero como bien sabemos el neoliberalismo tiene otros objetivos y estas alianzas regionales son un obstáculo. Los militares, debilitados en su capacidad de confrontar con otros Estados nacionales, parecen ser un recurso para paliar el déficit en el sistema de protección social otrora ofrecido por el Estado de Bienestar, algunos de cuyos fragmentos aún muestran signos de vida. Así, todo parece indicar que el despliegue de policías, gendarmes y militares no es sino una forma de “dar seguridad” frente a esa desprotección estatal resultado de la larga agonía de la educación, la salud y la seguridad social publica en Argentina.
[1] El marco legal lo dieron las leyes de Defensa Nacional de 1988 y de Seguridad Interior de 1991. [2] Decreto 683/2018, nueva reglamentación de la Ley de Defensa, y Decreto 703/2018, nueva Directiva de Política de Defensa Nacional. [3] El artículo 1° del 683/18 establece concretamente: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.” [4] https://www.tiempoar.com.ar/nota/macri-obligado-a-dar-explicaciones, 25 de noviembre de 2017.Fuente-Revista Bordes – Universidad Nacional de José C.Paz
VOLVER
