Intolerable reto a las instituciones – Por Prensa Libre, Guatemala
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Así como las encuestas parecen coincidir en que siete de cada diez guatemaltecos favorecen el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en esa misma proporción se perciben las posturas de reprobar las últimas actuaciones del Gobierno, relacionadas con el hostigamiento al máximo ente de Naciones Unidas contra la corrupción, pero también por las muestras de abuso generalizado.
El acelerado deterioro de la institucionalidad obedece a una enorme imprudencia, inexperiencia e incluso manipulación de resoluciones judiciales que acrecientan las preocupaciones sobre el rumbo por el cual el Gobierno quiere conducir su clara oposición al combate de la corrupción y la impunidad, lo cual ha tocado a muchas personas cercanas al presidente Jimmy Morales.
Muchos de los últimos acontecimientos también se relacionan con una auténtica falta de liderazgo, que se ha querido sustituir con acciones colindantes con la ilegalidad, a través de un marcado abuso de poder. Eso ha puesto en alerta también a instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, que ya no puede seguir con una peligrosa actitud de observancia y tolerancia, porque se puede abrir la puerta a lamentables desaciertos causantes de consecuencias impredecibles.
Es claro que el presidente Morales, buena parte de su gabinete y muchos de sus asesores no son las personas más idóneas para tomar decisiones que socaven los esfuerzos por combatir la corrupción y la impunidad, por constituir un conflicto de intereses en el caso de él, pues enfrenta sindicaciones de financiamiento ilícito en la anterior campaña electoral y, en consecuencia, es la persona menos indicada para asumir la responsabilidad sobre las decisiones de Estado.
Ante un escenario de tanta vulnerabilidad para el país, es justificado reclamar la acción inmediata de entidades como el MP, que deben abandonar su actitud vigilante y emprender acciones ante quienes de hecho han expresado su abierto desafío a resoluciones del máximo tribunal constitucional del país, el cual también debe asumir con más gallardía la delicada misión que carga sobre sus hombros.
El país arrastra una intolerable cultura de impunidad y rapiña, como lo prueba la cantidad inconcebible de funcionarios, diputados o políticos encarcelados o en procesos judiciales por convertir al Estado en una fuente inagotable de corrupción.
La rapiña del Estado fue generalizada y ese flujo de recursos ilegales incluso rebasó fronteras y hoy tiene a otros políticos en la mira de la justicia internacional, como ocurrió ayer con Manuel Baldizón, a quien se le notificó en una cárcel para inmigrantes que debe pasar a una prisión federal estadounidense, porque ahora enfrenta acusaciones del FBI, por lavado de dinero y conspiración en Estados Unidos, lo que demorará su llegada a Guatemala para enfrentar cargos por corrupción.
A los guatemaltecos les urge salir de esos perversos liderazgos, y una de las entidades con más posibilidades de asumir las riendas de esa cruzada por la dignidad nacional es el Ministerio Público, cuya titular afronta el compromiso histórico de restablecer el imperio de la ley.
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