Guatemala: la Comisión de la Mujer rechaza una ley de protección a niñas víctimas de violencia sexual
La Comisión de la Mujer emitió dictamen desfavorable a la iniciativa 5376, a pesar de que organizaciones retiraron el artículo con más oposición: la despenalización del aborto en niñas menores de 14 años que sufrieron una violación. Aníbal Rojas, presidente de la comisión, alega que la propuesta no se presentó como enmienda, por lo que no la tomaron en cuenta. Al rechazar ese artículo, también rechazaron que el Estado se encargara de atender, reparar y proteger a las menores que hubieran sufrido una violación.
El fallo se veía venir. Desde que la Comisión de la Mujer —liderada por el diputado conservador de Visión Con Valores Aníbal Rojas— recibió la iniciativa 5376, las previsiones no eran favorables. Y esto se confirmó hoy, cuando la comisión emitió dictamen desfavorable.
La Ley de Protección integral, acceso a la justicia y reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas nacía muerta en un Congreso tradicionalista, debido a un artículo que definió todo el proyecto. La cruz estaba puesta en el numeral siete, que despenalizaba el aborto en una única causal muy concreta: niñas menores de 14 años que habían sido víctimas de una violación.
En las audiencias públicas primero, y en las reuniones de la Comisión de la Mujer después, la mayoría de congresistas dejaron clara su postura en contra: no aceptarían bajo ningún pretexto que se pudiera permitir la interrupción de un embarazo de manera libre, legal y segura. Aunque se tratara de niñas violadas.
Con este panorama, el 23 de agosto, las organizaciones que llevaban dos años trabajando la iniciativa retrocedieron en este artículo. Estaban dispuestas a sacrificarlo. Sabían que si se mantenía, la propuesta no llegaría al pleno, y prefirieron apostar por una nueva propuesta más equidistante, en la que se recogieron sugerencias de los grupos conservadores, con tal de que la ley fuese aprobada.
Además de retirar el artículo de la discordia, modificaron algunos otros puntos. Por ejemplo, eliminaron los términos “embarazo forzado” y “maternidad forzada”, que quedó como embarazo o maternidad “por violencia sexual” y ampliaron la edad de protección a adolescentes menores de 18 años.
El martes a primera hora, las organizaciones y la diputada Sandra Morán, de Convergencia, dejaron las enmiendas en el despacho de Aníbal Rojas. Sin embargo, el jueves, en la sesión de la Comisión de la Mujer, las discusiones previas al dictamen desfavorable continuaban estancadas alrededor del artículo siete, el del aborto.
Había un motivo. No se estaban tomando en cuenta las enmiendas. Rojas se mostró sorprendido cuando Morán le increpó. Con sorna, y a pesar de conocer el documento de las organizaciones y de haber repartido copias entre los miembros de la comisión, no fue hasta la reunión del jueves cuando le hizo ver a Sandra Morán un pequeño error que tanto ella como las organizaciones habían cometido.
Según el artículo 112 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, al momento de estudiar un proyecto de decreto, las enmiendas solamente pueden ser planteadas por los congresistas que forman parte de la comisión. Y la firma de Morán no estaba en el documento con las propuestas, a pesar de haber acuerpado a las organizaciones el día que las presentaron y de enviar una carta a Rojas en la que reiteraba las enmiendas.
Tanto Aníbal Rojas como los demás integrantes de la comisión se aferraron a este artículo para emitir dictamen desfavorable. Hicieron oídos sordos a las nuevas propuestas, engavetaron los 30 folios con las modificaciones de la iniciativa y ante los medios de comunicación remarcaron que el artículo siete, aquel que las organizaciones ya habían sacrificado con tal de obtener una respuesta afirmativa, fue el gran motivo para negarse a aceptar la ley.
La sensación era de decepción total entre las organizaciones que trabajaron el proyecto de ley. “Nos preocupa que las niñas y adolescentes y sus hijos nacidos a consecuencia de violencia sexual no tengan ningún acompañamiento, que hoy estén en esas condiciones de abandono, de soledad, de desprotección”, remarcaba Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo, el martes, antes de entregar la iniciativa en el despacho de Aníbal Rojas.
La Ley tenía un objetivo claro: mejorar la situación de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Según datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), recopilados a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en los primeros siete meses de 2018, se registraron 61,686 embarazos en niñas y adolescentes. En el último mes, la cifra llegó a los 10 mil.
Los registros del ministerio señalan que 2,102 de estos embarazos fueron en niñas menores de 14 años. Penalmente se consideran violaciones.
La iniciativa 5376 incluía entre sus artículos la demanda de que se evitara a toda costa la institucionalización de menores que sufrieron violencia sexual, explotación y trata de personas. También que se incorporara en el Ministerio de Educación la creación de un “proyecto de vida” para las niñas y adolescentes víctimas y para los niños nacidos de una violación.
Se dejaba establecido que la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata tendría que elaborar una estrategia de protección integral para dar una respuesta efectiva a las víctimas, y que el Estado ejecutaría medidas de reparación para ellas.
En los primeros siete meses de este año se registraron 61,686 embarazos en niñas y adolescentes.
El diputado Aníbal Rojas alegó que algunas de estas propuestas requerían un presupuesto específico y en el proyecto no se detallaba de qué partida se sacaría. Este, dijo, fue otro de los motivos por los que no se le dio el visto bueno.
Rojas no desaprovechó la oportunidad. Ante las cámaras y los micrófonos se apoyó en la manifestación del domingo por la tarde, en la que miles de personas marcharon bajo la consigna “No al aborto, sí a la vida”. El congresista alegó que se debe escuchar a la población que participó en la protesta. “Ahí hubo miles de personas que se manifestaron en contra del aborto y esta ley contemplaba este tema. Manifestamos nuestra oposición total en el dictamen. En Guatemala no puede permitirse ninguna práctica de aborto”, concluyó.
Este argumento puede servirle de espaldarazo para que se apruebe la antítesis de este proyecto, la iniciativa 5272, que busca aumentar las penas a las mujeres que aborten y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se preveía que la iniciativa se discutiera esta semana en el pleno, pero por ahora se mantiene pausado, a la espera de que vuelva a ponerse en agenda.
Según los sondeos que Sandra Morán hizo en el Legislativo, no hay planes de que se discuta próximamente, pero, dice, se mantiene alerta.
La desinformación y el nombre de un dios
Una mujer levanta sus brazos con las palmas extendidas al cielo. “Le doy gracias a Dios porque estoy aquí. La palabra de Dios dice que sus ojos vieron el embrión. ¡Los hijos son herencia de Jehová!”
La que habla no es una feligresa que reza en una iglesia, o una predicadora que grita en una plaza de Guatemala. Es una diputada, la congresista Floridalma Leiva Hernández, electa por el Partido Patriota y hoy independiente.
Clama en medio de la sesión de la Comisión de la Mujer, dice que “se están perdiendo los valores”, habla del carácter de sus hijas, asegura que no les permite faltarla al respeto. Y pide que esos valores se repliquen en el Congreso.
En el tiempo de intervenciones, todos los diputados, incluida Leiva, hacen referencia a su oposición al aborto. Por motivos personales, religiosos o por su interpretación del artículo que habla del Derecho a la Vida. “El ser formado en el vientre de la madre no tiene voz. El ser en formación también tiene que ser defendido. La única diferencia que tenemos con ellos es tiempo”, dice Juan Manuel Díaz Durán, de Visión con Valores.
“Conozco la historia de una niña a la que el papá la obligó a abortar. Tenía 14, 15 años. Al salir de la cuestión del aborto, ella me dijo: ‘Yo sentí algo entre mis piernas’ y era el brazo del feto”, añade Erick Lainfiesta, de Encuentro por Guatemala.
Durante la sesión, Lainfiesta también trató de criminalizar a adolescentes embarazadas. “Hay chicas que están en un momento de desfase. Tienen su acto, se quedan embarazadas y salen con que las violaron con tal de no aceptar su responsabilidad. Hay una oportunidad con esta ley de que ellas aborten diciendo que fueron violadas”.
“¿Se refiere a un embarazo en una niña? Eso no puede ser deseado”, le increpa Sandra Morán al diputado que, después de esperar, paciente, con gesto serio, escuchando las intervenciones, reprende a sus compañeros por no haber leído la propuesta de las organizaciones.
«Si el Congreso no responde a la necesidad de las niñas, que la sociedad lo haga. Que las iglesias, las asociaciones lo hagan. A todas las personas que se vinieron a sentar aquí para decir no a la 5376, hoy está en sus manos la responsabilidad de atender a las niñas» Sandra Morán.
Sorprendidos, los diputados revisan rápidamente entre sus carpetas cuando Morán les hace ver que desde el 23 de agosto, el artículo sobre el que discuten ha sido retirado. La congresista continúa con el rostro compungido durante el resto de la sesión. Sabe que ella y su equipo cometieron un error del que los demás congresistas se van a aprovechar, y no hay marcha atrás.
“Les pido que no lo firmen (el dictamen). Esta comisión pudo hacer un dictamen favorable. Está ahí la propuesta —les reclama Morán, como última medida antes de que den carpetazo a la iniciativa—. Empezamos en junio del 2016. Dos años después les estamos diciendo ‘no’ otra vez. Ustedes están planteando que las niñas pueden ser madres. Está bien. Estamos dejando desprotegidas a miles de niñas que hoy viven con sus hijos”.
La diputada no tuvo respuesta. Mientras Morán hablaba, los demás congresistas terminaban de firmar el dictamen. La Ley para la protección de las niñas llegaba hasta ahí.
Varios diputados de la comisión —Lainfiesta, Rojas, Leiva…— sugirieron crear una nueva iniciativa a la que vieran más probable darle el visto bueno. Morán los escuchaba, escéptica. Les toma la palabra, pero tiene dudas de que consigan armar otro proyecto. Lo mismo prometieron hace un par de semanas cuando emitieron dictamen desfavorable a la 5395, la Ley de identidad de género.
El Grupo Intersectorial, conformado por las organizaciones que trabajaron la propuesta, sacó un comunicado después de la decisión de la Comisión. Bajo su criterio, predominó el interés político de Rojas para emitir el dictamen. Las agrupaciones cuestionaron el motivo detrás del mismo, condenaron que la discusión se llevara a un terreno religioso y rechazaron que incluso el presidente Jimmy Morales se sumara a cuestionar la iniciativa.
El mandatario volvió a mencionar en la conferencia de prensa sobre la situación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del jueves que el gobierno es respetuoso de la vida y la familia, igual que lo hizo hace una semana, cuando declaró que no renovaría el mandato de la agencia de Naciones Unidas.
“Si le dan dictamen desfavorable sin tomar en cuenta estas enmiendas, el artículo siete era solo un caballito de batalla para evitar que el Estado de Guatemala proteja a las niñas”, se anticipaba la diputada Morán el martes.
Después de la reunión de la Comisión de la Mujer y ante los medios de comunicación, una decepcionada Sandra Morán lo reiteraba. “El único argumento es que yo no hice el procedimiento correcto. Por favor… cuando estamos hablando de la vida de las niñas, si hubiera habido voluntad política, eso lo hubiéramos solucionado con una carta”.
Morán culpó a las organizaciones conservadoras que en los últimos meses han presionado para que la iniciativa de protección a las niñas no viera la luz. “Pueden estar felices que escucharon su voz —remarcó, en relación a las palabras de Rojas sobre la marcha del domingo—. Si el Congreso no responde a la necesidad de las niñas, que la sociedad lo haga. Que las iglesias, las asociaciones lo hagan. A todas las personas que se vinieron a sentar aquí para decir no a la 5376, hoy está en sus manos la responsabilidad de atender a las niñas. Les responsabilizo porque el Estado de Guatemala no haga nada por ellas”, concluyó.
