El gobierno de Guatemala prohíbe la entrada al comisionado internacional contra la Impunidad
El Ejecutivo lo confirma, Iván Velásquez no podrá ingresar a Guatemala
El Ejecutivo confirmó la veracidad de la misiva del Instituto Guatemalteco de Migración en el que se prohíbe el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Según el Oficio No. 72-2018-RMW, el presidente Jimmy Morales informó al Director General del Instituto Guatemalteco de Migración que Velásquez tiene impedimento para ingresar al territorio nacional.
En el documento se argumentan «razones de orden y seguridad pública», por lo que Raquel María Vicente, coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio, giró instrucciones para que, «de forma inmediata, se tomen las medidas para impedir el ingreso de Iván Velásquez al territorio nacional por cualquier puesto fronterizo».
En el oficio, de fecha 3 de septiembre, se pide que la orden se ejecute con total confidencialidad, y está dirigida a los Jefes de Delegados de Migración.
La presidencia explica en su comunicado que la decisión se tomó por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional por considerarlo una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública.
El Gobierno de la República de Guatemala, a la opinión pública informa: pic.twitter.com/OnpN7nIn9G
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) September 4, 2018
El titular de la CICIG salió del país este lunes para participar en varias reuniones previstas en Washintong, según informó ayer el vocero de la Comisión, Matías Ponce.
El oficio circuló en primera instancia en redes sociales, el vocero de la CICIG, Matías Ponce, aseguró que no habían sido notificados de ningún impedimento. Similar declaración ofrecieron en el departamento de Comunicación de Naciones Unidas, en donde explicaron que no se había recibido información alguna.
No es la primera vez
En agosto del año pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió en favor de un amparo que evitó la orden de Jimmy Morales de expulsar al Comisionado de la CICIG del país, y pidió a la Cancillería guatemalteca y a la Policía Nacional Civil suspender la orden que se giró a los pocos días de que el mandatario declaró ‘non grato’ a Velásquez.
Luego en marzo la CC resolvió otro amparo que garantizaba el ingreso libre y sin restricciones al titular de la CICIG, luego de que existiera la amenaza de que el Ejecutivo limitara su llegada al país.
Guatemala: Cronología del conflicto entre Jimmy Morales y la Cicig
El 6 de septiembre de 2015, Jimmy Morales fue electo presidente de Guatemala tras una campaña enfocada contra la corrupción. Sin embargo, a tres años de su triunfo en los comicios, es ese motivo el que hoy lo tiene viviendo su peor momento.
Actualmente está siendo investigado por un financiamiento electoral ilícito, llevándolo a una gran desaprobación que se incrementó luego que el pasado viernes 31 de agosto anunciara que no renovará la concesión a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Cronología de Morales contra la Cicig
En abril de 2016, Jimmy Morales viajó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pedir que se ampliara el mandato de la Cicig hasta septiembre de 2019, debido a «su excelente desempeño en conjunto con las instituciones de justicia guatemaltecas, donde se han logrado importantes avances en la lucha contra la corrupción».
En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció al partido gubernamental FCN-Nación por ocultar información de sus financistas de campaña. Uno de los señalados fue el militar retirado Edgar Ovalle, acusado en enero de ese año por su participación en acciones de desaparición forzada.
En enero de 2017, la presentación del caso «Botín Registro Propiedad», destinada a perseguir los faltantes de fondos provocados al Estado, reveló que tanto el hijo como el hermano de Jimmy Morales, José Manuel y Samuel Morales, también estaban involucrados.
La investigación surge luego de develarse que importantes empresarios guatemaltecos habrían entregado al FCN-Nación, aportes no reportados al TSE, los que se canalizaron al pago para fiscales electorales del actual partido oficial, durante la primera y segunda vuelta electorales de la campaña por la presidencia de Jimmy Morales en 2015.
En marzo de 2017, Morales salió al paso para explicar por qué no había defendido a la Cicig de los ataques en redes sociales por parte de detractores a la labor del organismo anticorrupción. «Si ni a mi hijo defendí, por qué tengo que defender a otras personas», dijo.
De esta manera, comenzaron a aparecer los primeros rumores sobre una posible destitución del directivo de la Cicig. Morales negó que fuera hacer esta petición, pero sí aseguró que, como presidente, tenía la potestad.
En julio de 2017, José Manuel y Samuel Morales, fueron enviados a juicio por los delitos de fraude y lavado de dinero.
En agosto de 2017, el presidente declara persona «non grata» al presidente de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez. Sus argumentos: «Abusó de sus facultades al hacer publicaciones en medios de comunicación sobre acusaciones a ciudadanos guatemaltecos sin observar la garantía constitucional de la presunción de inocencia, derecho de inocencia y debido proceso”.
En septiembre de 2017, A raíz de eso, la Corte Suprema de Justicia aceptó iniciar el trámite de antejuicio contra el mandatario para que sea remitido al Congreso. La petición contra Morales fue presentada por el ministerio Público y la Cicig, en respuesta a la investigación por financiamiento electoral ilícito.
El 11 de septiembre, el Congreso rechazó levantar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, impidiendo así continuar con la investigación por presuntos actos de corrupción.
El 19 de septiembre, el jefe de Estado anunció que revisaría la continuidad del acuerdo de instalación de la Cicig en Guatemala, al tiempo que buscó expulsar a su presidente por «inmiscuirse en asuntos internos».
En octubre de 2017, el presidente de la Cicig, Iván Velásquez, afirmó en una entrevista que tiene «un compromiso con Guatemala y voy a seguir hasta el último momento que sea posible» ante las presiones de cancillería y de Morales.
En febrero de 2018, los miembros del Grupo G13 -organismo conformado por nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala: Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA)- hizo una advertencia a Morales, haciendo un «llamado a las autoridades de Guatemala a trabajar junto a la Cicig de manera que pueda seguir cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones y su mandato».
En abril de 2018, Iván Velásquez y la fiscal del ministerio Público (MP) Thelma Aldana presentaron una segunda investigación por el caso que involucra a Morales. Según la Cicig y el MP, «se presume que al menos 15 millones de quetzales provinieron de financiamiento ilícito para el partido en las elecciones del año 2015», por lo que solicitaron al TSE que se cancele el partido FCN-Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Agosto de 2018
El MP y la Cicig presentaron el 10 de ese mes la solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) al presidente, la que fue recogida por el Congreso.
Días después, el 31 de agosto, el jefe de Estado anunció públicamente, el 31 de agosto, que no renovará la concesión de la Cicig, la que caduca en septiembre de 2019. Minutos antes de la conferencia de prensa donde ofreció el comunicado, hubo un despliegue de elementos del ejército y de la policía circulando frente a la sede de la Cicig y en otros puntos del país, sin una justificación legal.
Miles de personas se manifestaron durante el viernes 31 de agosto y el sábado 1 de septiembre en Guatemala contra la decisión del ejecutivo de impedir la continuidad de la Cicig en el país.
La Comisión Pesquisadora
Días antes del anuncio, el 28 de agosto, el Congreso designó a una Comisión Pesquisidora, para encargarse de decidir el antejuicio (retiro de la inmunidad) al presidente Morales. Esta, deberá escuchar a las partes, examinar los expedientes y entregar un informe al parlamento.
La Comisión acordó que entre el 4 y el 14 de septiembre los diputados deberán estudiar un expediente de 5 mil páginas con el caso.
Entre el 17 y el 18 de septiembre se llevará a cabo una revisión pública del expediente, lectura de las partes y escucha de los audios.
El 1 de octubre tendrá ocasión la audiencia del ministerio Público.
El 2 de octubre será el turno de la Cicig.
El 4 de octubre del Tribunal Supremo Electoral.
Entre el 5 y el 10 de octubre, auditarán terceros en el caso.
Y, finalmente, entre el 11 y el 14 de octubre, será el presidente Jimmy Morales quien deberá presentarse para su audiencia.
Entre el 15 y el 19, la Comisión elaborará y revisará el informe circunstanciado.
Entre el 22 y el 25 de octubre, presentarán el informe al Congreso con la recomendación sobre si se debe o no retirar la inmunidad a Morales, es decir, proceder con el antejuicio.
Asimismo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) comunicaron que analizarán las recientes acciones del presidente para apoyar el antejuicio. Al respecto, el mandatario afirmó: «No estoy obligado a acatar órdenes ilegales». De no respetar las decisiones del Congreso y el CC, el presidente incurriría en el delito de desacato, llevando al país al rompimiento del orden constitucional.
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