El aborto en El Salvador y Costa Rica, una demanda pendiente
El Salvador cumple veinte años encarcelando a mujeres por aborto
Por Paula Rosales desde San Salvador.
El Salvador mantiene, desde 1998, una prohibición total a cualquier tipo de aborto, incluyendo los casos donde mujeres y niñas corren peligro de muerte o hayan sufrido violación sexual. La pena máxima es hasta 40 años de prisión debido a que los jueces las juzgan por homicidio agravado.
Imelda Cortez fue violada constantemente durante ocho años por su padrastro de 70 años de edad, quien a base de amenazas abusaba de ella. Producto de las violaciones, Imelda resultó embarazada.
En abril de 2017, Imelda Cortez, una estudiante de bajos recursos económicos, tuvo un parto extra hospitalario, por lo que llegó desmayada al centro de salud y los médicos determinaron que ella se había provocado un aborto, así que la entregaron a la policía.
Desde entonces la joven es procesada por el supuesto delito de tentativa de homicidio agravado en perjuicio de su hija recién nacida, por lo que podría ser condenada a 20 años de prisión.
De acuerdo a la abogada defensora Alejandra Romero, las pruebas indican que “Imelda presentó rasgos de un parto reciente, parto extra hospitalario; ella no se realizó ninguna acción para provocar dicho parto, sino fue un parto natural”.
Sin embargo, el sistema judicial se niega a otorgarle la libertad a Imelda a pesar de todas las pruebas científicas y forenses que concluyen que es inocente, sostiene la abogada.
El empobrecido país centroamericano mantiene desde 1998 una prohibición total a cualquier tipo de aborto, incluyendo los casos donde mujeres y niñas corren peligro de muerte o hayan sufrido violación sexual. La pena máxima por este delito es hasta 40 años de prisión debido a que los jueces las juzgan por homicidio agravado.
Según la agrupación ciudadana Colectiva Feminista en la actualidad 24 mujeres están condenadas a largas penas de prisión por haber sufrido complicaciones obstétricas durante sus embarazos, los casos van desde violaciones sexuales, malas atenciones en el sistema de salud y abortos espontáneos ocasionados por golpizas.
La mayoría de mujeres que son acusadas de provocarse abortos coinciden con las características de pobreza extrema, bajos niveles de educación y carecen de defensores públicos incapaces de defenderlas. Cada una de ellas fueron denunciadas por los médicos que atendieron sus emergencias.
La lucha por revertir las sentencias
De acuerdo con organizaciones internacionales de los derechos humanos, El Salvador tiene una de las leyes más severas en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y niñas se refiere.
El partido oficialista de izquierda FMLN presentó en 2017 una iniciativa de ley para despenalizar en 4 causales el aborto: para salvar la vida de la mujer durante su embarazo; cuando el embarazo sea producto de violación; malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina y menores de edad víctimas de violación o estupro.
En el país existen grupos conservadores de derecha que se oponen a debatir una nueva legislación y rechazan de tajo toda forma y discusión sobre las prácticas de aborto, incluso, aquellas donde las mujeres están en peligro de muerte.
Además, en un país donde más del 70 por ciento de las personas se dicen cristianas, la educación sexual se ve como un tabú y algo ignominioso.
De acuerdo al informe “Al borde de la muerte”, presentado en 2014 por Amnistía Internacional, las pruebas que incriminan a las mujeres de haberse provocado un aborto son deficientes y poco concluyentes. Y los procesos a los que son sometidas no cuentan con las garantías necesarias para aplicar la justicia correspondiente.
Por esa razón la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, ha desarrollado una campaña de exposición de 17 casos de mujeres que tuvieron complicaciones obstétricas y han sido condenadas a largas penas en prisión.
La campaña tiene como objetivo que la Corte Suprema de Justicia revise cada uno de los casos en los que se han comprobado fallas judiciales del proceso sancionatorio y dictamine el indulto de la pena. Debido a la presión de organizaciones sociales un total de 23 mujeres han recuperado su libertad bajo la figura de conmutación y revisión de pena.
Sentencias de muerte
Sobrevivir al sistema penitenciario salvadoreño no es cosa fácil. En todas las cárceles hay un completo hacinamiento. La capacidad instalada para las 19 cárceles del país es de 8.100 reclusos, en la actualidad sobrepasan los 25.000.
Una misión de las Naciones Unidas dijo que el sistema carcelario en el empobrecido país centroamericano es “denigrante e inhumano”.
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
En Costa Rica aquí estamos, en pie de lucha
Por Ana Rojas (*)
Ante un nuevo 28 de septiembre, día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe, la situación en Costa Rica. El estado legal, las contradicciones del nuevo gobierno, el tabú social y la solidaridad con lo que pasa en el sur del continente.
La situación legal del aborto en nuestro país es que hay muchos artículos dentro del Código Penal que lo tipifican como un delito; estos son, entre otros, el 118 y el 119; sin embargo, el 121 establece que las mujeres pueden tener acceso al aborto terapéutico en caso de que su vida corra peligro. A partir de esa situación legal, hubo una historia paradigmática que sacudió esta aparente normalidad.
En 2012 “Aurora”, una mujer de 32 años, pidió que se le interrumpiera un embarazo inviable. En el hospital, las y los médicos no le concedieron este derecho que también fue negado por el Tribunal Supremo que tardó 36 días en dar una respuesta. En lo que duró esto, su vida estuvo en grave peligro; atravesó una situación muy complicada de salud y fue por eso que demandó al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tras conocer y analizar su caso, emitió una resolución exigiendo que Costa Rica emitiera una normativa técnica que garantice este acceso a la salud para las mujeres.
Fue en ese momento cuando, las entonces diputadas y actual vicepresidenta y ministra de la mujer de Costa Rica, Epsy Campbell (Acción Ciudadana) y Patricia Mora (Frente Amplio), impulsaron un Proyecto de Ley para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, iniciativa que no pasó a más y no se debatió en la Asamblea Legislativa.
Con esta historia reciente y viendo todo lo que sucede en el sur de nuestro continente fue que empezamos a apoyar, a acuerpar, primero las manifestaciones en Chile, y luego mirando lo que pasa en Argentina, tras una de las reuniones, surgió surgió la necesidad de agruparnos en el Movimiento por el Aborto Legal en Costa Rica, a finales de junio. Con el antecedente de grupos como el Foro por el Aborto y la Colectiva por el derecho a decidir; este frente se crea como una alianza de más de 60 organizaciones y colectivas.
Fue entonces que empezamos a presionar a Carlos Alvarado, actual presidente, para que se emita la normativa técnica que establezca algo que ya habia exigido la CIDH al Estado y se comienza a hacer presión, como las manifestaciones del 8 de agosto, día en que en nuestro país se entregó una petición a la Casa Presidencial que fue respondida con algo completamente tibio, diciendo que iban a tomar en cuenta nuestras demandas. Algo típico de un gobierno de centro, neoliberal, que intenta caerle bien a todo el mundo pero que no traduce las demandas en políticas públicas concretas.
Enfrentarse a un enemigo claro
El principal enemigo de las mujeres en Costa Rica es el sector conservador evangélico; ni siquiera el partido de derecha tradicional, el Partido de Libernación Nacional (PLN), ha representado una oposición tan grande como los partidos, pastores e iglesias evangélicas, mucho más militantes que las católicas y que en este momento tienen gran presencia en la Asamblea Legislativa.
Son quienes se están encargando de las campañas contra la educación sexual en las escuelas en un país donde se pueden registrar hasta 500 embarazos al año en niñas menores de 15 años. Ellos son los principales enemigos de los derechos, y no sólo de las mujeres, sino también de toda la población.
La persecución y la criminalización a mujeres y activistas por el derecho al aborto tuvo un auge cuando Epsy Campbell y Patricia Mora empezaron a impulsar esta Ley en años pasados; fue una persecución extraña ya que el movimiento social y feminista no se había activado como tal para pedir el aborto libre sino que se pedía la normativa que garantice los abortos terapéuticos y la educación sexual, esa era la consigna principal y la garantía de los derechos reproductivos.
No obstante, se allanó una clínica de aborto clandestino, hubo cuentas de WhatsApp de activistas que fueron intervenidas; sin embargo nada fue llevado a juicio porque no se lograron comprobar las incriminaciones. De la misma forma los casos de mujeres criminalizadas por abortar son muy pocos. Y esto se debe a que, sin dudas, la criminalización más fuerte es la social, el aborto se percibe como algo tabú en Costa Rica y eso pasa porque la discusión por el aborto aún tiene mucho de qué nutrirse de otras experiencias.
En esa estamos, y aquí estamos, en pie de lucha. Y mucho tiene que ver con el ejemplo, con lo que estamos viendo que sucede en el sur del continente, y por eso estar unidas es muy importante para nosotras. En Costa Rica definimos a las pañueladas como “proceso sororal para unirnos bajo una misma lucha: por el aborto legal, seguro y gratuito”. Y por eso, para el 28 de septiembre, estamos movilizadas.
(*) Integrante del Movimiento por el Aborto Legal en Costa Rica.
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