Ecuador: la Corte decide si llama a juicio a Correa por el secuestro de un opositor
Justicia define responsables en casos Balda y Froilán Jiménez
Dos casos que activó la Fiscalía este año apuntan al expresidente Rafael Correa: secuestro de Fernando Balda y crimen de Froilán Jiménez durante la revuelta del 30-S.
Ambos procesos judiciales pasaron de la investigación reservada y ahora están en manos de los jueces. Esto significa que la Fiscalía halló evidencias y presentó cargos en contra de los posibles responsables.
El secuestro de Balda
En este caso, la Corte Nacional deberá decidir si llama o no a juicio a Correa. A las 10:00 de hoy se reanudará la audiencia preparatoria de juicio.
La defensa del exjefe de Estado tiene previsto presentar los argumentos que, a su criterio, confirman la inocencia de Correa. Una de las tesis es que los testigos protegidos e imputados en este caso, los policías de Inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, fueron obligados a acusar al expresidente.
Caupolicán Ochoa, abogado de Correa, dijo que no había pruebas en contra de Falcón y que prácticamente la mantienen como “rehén, solo con el propósito de incriminar a una tercera persona”.
La asambleísta Sofía Espín, afín a Correa, tiene el mismo criterio. Ayer volvió a justificar la visita que hizo el lunes, junto con la abogada Yadira Cadena, a la testigo, recluida en una cárcel de Quito. “Ella está en indefensión, prácticamente le han hecho que se inculpe, entonces le fui a preguntar eso”. Aseguró que no estaba arrepentida de esa visita y que tampoco temía que la Fiscalía inicie una indagación. “Que el Fiscal abra los procesos que quiera. Nosotros, en la Asamblea, esperamos que venga a posesionarse en primer lugar… él tiene un encargo y en ninguna parte de la Constitución dice fiscal encargado”.
Paúl Pérez, fiscal general encargado, anunció que si se detecta un delito relacionado con las visitas (de personas ajenas al proceso) a los exagentes Chicaiza y Falcón, se abrirá una investigación paralela.
El Ministerio de Justicia, a cargo de las cárceles, también anunció que revisará cómo se produjo la visita de la asambleísta y de la abogada Cadena, pues en los centros de rehabilitación hay protocolos para controlar todos los ingresos.
Por ejemplo, la persona privada de la libertad debe autorizar la entrada de un invitado y el visitante debe constar en una lista que se envía con semanas de antelación.
“Si no se ha cumplido con dichos protocolos y con las normas técnicas establecidas, esta Cartera de Estado tomará las acciones administrativas correspondientes contra los servidores públicos responsables”, dijo el Ministerio.
Para la ministra del Interior, María Paula Romo, este incidente es grave, pues coincide con las audiencias en la Corte.
“Este es un caso en el que todo el país está pendiente, un caso en el que según la Fiscalía estaría implicado inclusive el (ex) Presidente, estamos hablando de un delito muy delicado y de una persona que colabora con la justicia como un testigo protegido”, dijo.
Ayer Balda, en cambio, se refirió a la abogada Cadena, que acompañó a Espín a la cárcel. Según él, la profesional consta en la Fiscalía como parte del equipo de defensores de Correa. A través de una hoja membretada en la que consta el nombre del Estudio Jurídico Caupolicán Ochoa, Cadena inscribió su nombre y correo en el expediente para recibir las notificaciones sobre el caso. Eso lo hizo en junio pasado.
Este Diario intentó, sin resultado, contactar a la abogada.
La revuelta del 30-S
En el caso del policía Jiménez, Correa es investigado por una ejecución extrajudicial.
Este es un delito que no prescribe, según el Código Penal.
En este tema, el exmandatario es indagado como posible autor mediato, una figura penal que implica que una persona comete un delito valiéndose de un tercero.
Formalmente, la Fiscalía todavía no ha solicitado una audiencia para vincular a Correa en el proceso, pero el expediente ya fue llevado a la oficina general, en donde se conocen los casos de autoridades que tienen fuero de Corte.
El fiscal Fabián Salazar, quien pidió se indagara a Correa, señaló que “es indispensable que se investigue no solo a quien causó la muerte de Jiménez, sino también al accionante que estuvo detrás y que permitió se concrete un acto violatorio en el contexto de los DD.HH. Se refiere a la balacera que se originó durante el operativo para evacuar a Correa del Hospital de la Policía, en donde se había refugiado.
Tras este hecho, la Fiscalía ha procesado a 298 personas, aunque a 76 les confirmó la inocencia, hasta junio del 2017, que es la última estadística.
Ayer, los policías, militares y personas procesadas tras la revuelta pidieron a los legisladores que se les concediese una “amnistía general”.
La solicitud la recibió la titular de esta Función del Estado, Elizabeth Cabezas, en el salón de los expresidentes del Parlamento. “Este es un caso que implica un inmenso dolor y pesar para muchas familias, reconoció Cabezas, mientras en el salón decenas de personas con camisetas negras gritaban: “¡30-S, nunca más!”.
Ellos forman parte del colectivo Víctimas 30-S. En el pedido, los procesados señalan a Correa y dicen que los actos de violencia que ocurrieron ese día permitieron al exmandatario “victimizarse y manipular la opinión pública”.
Además apuntan al exjefe de Estado por ordenar al Ministerio de Defensa y a FF.AA. que intervengan en el Hospital de la Policía, “poniendo en riesgo la vida de los enfermos y personas que estaban asiladas”.
En el escrito, el colectivo también califica como fraude el supuesto golpe de Estado que hubo ese día. Dicen que para posicionar esta idea en la población se valió de recursos públicos de la Senain, con los que supuestamente se pagó a una comisión. Por esto, también hay otra indagación.
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