Detención de González Daher, buen signo de la Justicia – Por ABC Color, Paraguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Aparentemente, soplan nuevos vientos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, acaso atribuibles al cambio del Gobierno ocurrido el último 15 de agosto. En efecto, si a la reclusión del anterior fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y a la del diputado colorado oficialista Ulises Quintana, se suma ahora que el agente fiscal René Fernández haya ordenado la detención preventiva del exsenador, verdadero “pez gordo” de la política, Óscar González Daher, y la de su hijo, el concejal luqueño Óscar González Chaves, por los presuntos hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, hay motivos para confiar en que, en el futuro, los delincuentes de guante blanco que pasen por la función pública ya no gocen de la impunidad habitual que les permita gozar de sus bienes mal habidos. El juez Humberto Otazú decretó más tarde la prisión preventiva de los mismos, siendo enviados para cumplirla en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
Los tres casos referidos son insólitos, pero el último de ellos resulta aún más significativo, considerando que hasta hace poco González Daher tenía un peso político acorde con su poder económico. Mandaba mucho este personaje, que será recordado en la historia parlamentaria del país no precisamente por sus atributos morales e intelectuales, sino por haber sido el primer expulsado por sus pares de la Cámara que deshonraba.
El poderoso exlegislador, allegado al anterior presidente de la República, Horacio Cartes, presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desde donde, según audios difundidos profusamente, se dedicaba a manipular a jueces y a agentes fiscales, en compañía de su secretario Raúl Fernández Lippmann, degradando dicho órgano hasta extremos inauditos. En los famosos audios se lo escuchaba hasta regateando, evidentemente fajos de billetes en mano, con su “fiel de fechos” en materia de honorarios, por así llamarlos. En este caso está imputado por los hechos punibles de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado, chicaneando la causa hasta más no poder. Ese omnipotente “político” se sentía muy a gusto abusando de su autoridad, incluso para amenazar con la destitución a funcionarios de la Dinac, uno de sus feudos, que no apoyaban resueltamente las candidaturas patrocinadas por Horacio Cartes. Era “mbarete”, en el peor sentido de la palabra.
Pese a haber sido privado de su investidura en diciembre de 2017, tuvo el descaro de volver al Senado en julio último, es decir, de seguir enlodando un escaño. Pero no duró mucho en esta nueva legislatura, debido a la ejemplar protesta ciudadana y a que salió a la luz un informe de la Seprelad que lo responsabilizaba, como jefe de un clan, del manejo irregular de más de ocho billones de guaraníes (unos 1.400 millones de dólares), utilizando como “pantalla” una inmobiliaria.
Según la imputación fiscal, increíblemente, este potentado solo tenía una cuenta en el Banco Nacional de Fomento, donde se le depositaba su dieta como senador. O sea que no habría tenido otra fuente de ingresos, salvo que todas sus operaciones las haya efectuado con billetes que guardaba bajo el colchón. Recurrió a sus fueros para impedir el allanamiento de su mansión con orden judicial, pero no pudo evitar que numerosos ciudadanos se congregaran frente a ella para repudiarlo durante semanas enteras.
La repulsa ante las nuevas fechorías que salieron a la luz provocó su renuncia a la investidura, que fue aceptada a diferencia de la anterior, presentada tras la indignación que causaron sus actuaciones al frente del Jurado. Cabe mencionar, en especial, la encomiable y sostenida movilización de los manifestantes, que supieron resistir los atropellos de los “hurreros” de quien durante largos años se comportó como un señor feudal, que hasta eludía el pago del impuesto inmobiliario, con la complicidad de los intendentes a su servicio.
La caída ignominiosa de este impresentable implica un desagravio a sus numerosas víctimas –entre las que se incluye una familia que habría sido despojada de su estancia chaqueña– y una reivindicación del principio de igualdad ante la ley. El más elemental sentido de Justicia impulsa a aplaudir lo acontecido y a desear que los procesos que afectan a este indeseable concluyan cuanto antes, aunque interponga todos los obstáculos habidos y por haber para impedir la apertura del juicio oral y público que, según todos los indicios, debería concluir con un fallo condenatorio.
Las personas que creen en la ley y en la moral están de parabienes al ver que un personaje de esta ralea, que se habría valido de su fortuna y de su banca para perseguir a los demás y defraudar al Estado, se haya visto forzado a presentarse ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras librarse la orden de detención preventiva.
La periódica renovación gubernativa, que implica el sistema democrático, permite, entre otras cosas, que nadie pueda contar con la sempiterna protección del poder para evitar rendir cuentas ante la Justicia y ante la sociedad. Solo es de esperar que los agentes fiscales y los jueces, a su vez, tengan en adelante el coraje de someterse a la ley antes que a los dictados de los que mandan, y que la apliquen incluso aunque resulte afectado un político afín al jefe de Estado, tal como ha ocurrido en el caso de Ulises Quintana.
Se abre, por tanto, una luz de esperanza de que, por fin, magistrados, jueces y fiscales se sacudan del yugo de los políticos y cumplan el rol que les corresponde. Que lo ocurrido con el exsenador sirva también para que otros personajes encumbrados de la misma calaña pongan sus barbas en remojo para que el pueblo paraguayo, saqueado por tantos facinerosos empotrados en el aparato estatal, pueda creer en una Justicia igual para todos, sin privilegios ni impunidad para nadie.
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