De Tlatelolco a Ayotzinapa, la misma cerrazón del ejército – Por Jorge Carrasco Araizaga y Ezequiel Flores Contreras
Por Jorge Carrasco Araizaga y Ezequiel Flores Contreras *
El Ejército actuó de manera muy parecida tras la matanza de Tlatelolco y tras la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa: ocultó toda la información que pudo, entorpeció las indagatorias y se olvidó de que estaba para servir a los ciudadanos y no a sí mismo o a los gobiernos. Tal vez no sea casualidad la similitud en las reacciones: tanto en 1968 como en 2014 ese instituto armado había asumido funciones policiacas… funciones que, hasta la fecha, sigue desempeñando.
Las investigaciones sobre la masacre estudiantil en Tlatelolco hace 48 años, y la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa hace dos, tienen algo en común: se toparon con los muros del Ejército. Y más aún: en ambos casos, los militares desempeñaban funciones policiales y de seguridad pública.
La participación del Ejército en la matanza del 2 de octubre de 1968 no ha quedado esclarecida. Ni siquiera la fiscalía especial que se creó para investigar los crímenes del pasado perpetrados por el Estado mexicano pudo abrir los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El actual titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, también se niega a esclarecer el papel de los soldados en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Sólo pugnas internas de la cúpula militar protagonista de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas permitieron, muchos años después, acercarse a una versión castrense de los hechos: que el Estado Mayor Presidencial (EMP) disparó contra la multitud y contra las tropas desplazadas para dispersar la manifestación.
La acusación la hizo quien era el jefe del Ejército en 1968, el general Marcelino García Barragán. Directo, señaló al entonces jefe del EMP, el general Luis Gutiérrez Oropeza, como el responsable de desplegar a una docena de francotiradores en varios edificios de la Unidad Tlatelolco que daban a la plaza de las Tres Culturas.
El general García Barragán respondió así a las acusaciones del general Gutiérrez Oropeza, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ejército y en particular a su entonces alto mando. El jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aseguró que toda la operación militar del 2 de octubre había estado bajo el mando del secretario de la Defensa.
La participación de Gutiérrez Oropeza en la matanza había sido documentada por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), cuando en 1977 logró la desclasificación de reportes de la inteligencia militar estadunidense sobre lo ocurrido en Tlatelolco.
La versión del Ejército fue confirmada en 1999 por el fundador de este semanario, Julio Scherer García, y el cronista Carlos Monsiváis en su libro Parte de guerra (Proceso 1182), con documentos del general García Barragán, quien había fallecido dos décadas antes, en septiembre de 1979.
Ese relato fue la versión con la que trabajó años después la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el gobierno de Vicente Fox.
El encargado de la fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, no pudo llegar a más por la cerrazón del Ejército y la protección que ese instituto disfrutó desde la Procuraduría General de la República (PGR), en manos entonces del general retirado Rafael Macedo de la Concha, designado por Fox.
Cuando esa fiscalía le pidió información a la Sedena sobre la represión del movimiento estudiantil, el entonces titular, el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, entregó lo que quiso y a cuentagotas.
El Ejército administró la información, “quizá por la dificultad del archivo, quizá por falta de convicción de la necesidad de hacer esta limpieza (del pasado)”, declaró Carrillo Prieto en una entrevista con Proceso (1590) en 2007, cuando la fiscalía ya había desaparecido. Aseguró que durante las indagatorias ministeriales, el Ejército “fue lentísimo” al dar la información, cuando lo hizo.
Con información a medias, el fiscal apenas consignó a una decena de mandos tanto del Ejército como del EMP por la masacre de Tlatelolco. Pero no llegaron a juicio. Varios se murieron en condición de indiciados y otros fueron exonerados por la justicia federal. La propia fiscalía les había dejado la puerta abierta al acusarlos de genocidio, lo que fue rechazado por los tribunales federales. El único que sufrió prisión domiciliaria bajo esa acusación fue el expresidente Luis Echeverría.
Aunque se hizo pública la confrontación entre los mandos de la Sedena y el EMP, los jefes militares que alcanzaron a declarar ante la fiscalía mantuvieron el pacto de silencio, sin esclarecer la actuación castrense en la represión.
Mucho menos se aclaró la participación de la policía del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México, que estaba en manos de militares. El jefe de la policía era el general Luis Cueto Ramírez, y el subjefe, el general Raúl Mendiolea Cerecero, responsable de la operación policial en la capital.
Los consignados por el fiscal sólo fueron el propio general Gutiérrez Oropeza, quien murió en 2007 cuando estaba indiciado, y el general Jesús Castañeda Gutiérrez, entonces comandante del Primer Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, quien con la llegada de Echeverría a la Presidencia de la República sucedió al general Gutiérrez Oropeza en el EMP.
Del Ejército, declararon el general Alonso Aguirre Ramos, quien era jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional en el 68; el general Ernesto Gómez Tagle, jefe del Batallón Olimpia; el coronel de Artillería que en el 68 era el jefe de Inteligencia del Ejército, el general Humberto Bermúdez Dávila; el teniente de Artillería que fue uno de los mandos del Batallón Olimpia, Alberto Quintanar López; y el coronel de Infantería Javier Vázquez Félix, que estuvo a cargo del levantamiento de los cadáveres en Tlatelolco.
Ya retirado como general, Vázquez Félix declaró a Proceso en 2005 (1509) que el 2 de octubre de 1968 se trasladó desde Toluca por órdenes del secretario de la Defensa y estableció su cuartel de operaciones en el Canal Once de televisión.
De ahí se fue a Tlatelolco: “Lo que hice fue recoger los cadáveres. Fueron los restos de 38 civiles y cuatro soldados. Entre los civiles estaba un niño de 12 años que murió en el edificio Chihuahua. Los muertos civiles los entregué a la Cruz Roja. Ya no supe más de ellos porque nos trasladamos a Toluca”.
En su relato, Vázquez Félix reiteró lo que en 1992 le había escrito en una carta a quien en 1968 era el regente del Departamento del Distrito Federal, el general retirado Alfonso Corona del Rosal.
El número de muertos nunca ha sido esclarecido por el Ejército. A la confusión contribuyó también la fiscalía especial, que al consignar el expediente de la matanza en Tlatelolco estableció que sólo hubo 21 muertos, 11 de ellos estudiantes.
La cifra real de los decesos difícilmente se sabrá. El Servicio Médico Forense (Semefo) de la Ciudad de México declaró perdidos los registros de las necropsias practicadas ese año.
Esos archivos pasaron del Semefo al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del que depende el Semefo. Pero cuando el director del Semefo en 1968, José Ramón Fernández Cáceres, declaró en 2002 ante la Femospp aseguró que los archivos de las autopsias realizadas el 3 de octubre, un día después de la matanza, pudieron haber sido recogidos por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), el antecedente del actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Una revisión que hizo este semanario en 1999 en el Registro Civil de la capital (edición 1718) encontró que por los hechos ocurridos “en la vía pública” el 2 de octubre, estaban inscritos sólo 29 decesos, todos con características similares: traumatismo craneoencefálico o torácico, heridas por proyectil de arma de fuego, congestión visceral generalizada y heridas de distinta índole. Otras 14 muertes con las mismas características quedaron registradas entre el 3 y el 5 de octubre.
A sus propias deficiencias, la fiscalía sumó la protección oficial al Ejército. Rafael Macedo de la Concha “bloqueó” las investigaciones, de acuerdo con el fiscal. Luego vino el “absoluto desinterés” del sucesor de Macedo, Daniel Cabeza de Vaca, quien después fue consejero del Consejo de la Judicatura Federal y ahora pretende ser magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La puntilla a la Femospp la dio Felipe Calderón, cuando necesitaba a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente al narcotráfico. El encargado de cerrar esa fiscalía, en marzo de 2007, fue el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Proceso 1590).
Mismo “modus operandi”
Como entonces, ahora el Ejército también se opone a esclarecer su papel en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
La cerrazón y el silencio se impusieron de nuevo. El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, cerró las puertas del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, a las investigaciones sobre ese crimen. Como en el 68, militares en activo y en retiro tenían el control de la seguridad pública en los escenarios de la tragedia.
Aunque Cienfuegos se empeña en deslindar a sus hombres de lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa, las evidencias demuestran el control del Ejército en esa zona.
A pesar de ello, y de acuerdo con estadísticas oficiales, Guerrero está en los primeros lugares en incidencia delictiva pese a que la entidad es sede de la IX Región Militar, con sede en Acapulco.
A diferencia de otras regiones militares, que abarcan dos o más estados, ésta comprende sólo Guerrero. Ahí, el Ejército tiene desplegados a 6 mil 729 efectivos, sólo por debajo de la VI Región Militar, que tiene jurisdicción sobre Puebla, Veracruz y Tlaxcala, según datos de la Sedena.
El comandante de la IX Región Militar es el general Alejandro Saavedra Hernández, mientras que el secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal es el general en activo Alejandro Almazán Cervantes.
Pese a estos hechos, la entidad ocupa el primer lugar nacional en producción de amapola y también en homicidios dolosos.
Durante los primeros 10 meses de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tomó protesta el 27 de octubre pasado, se han perpetrado mil 849 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Desde octubre de 2015, el general Saavedra Hernández encabeza la estrategia federal de seguridad en Guerrero. No es ningún improvisado en la zona. En 2014, cuando la desaparición forzada de los normalistas, era comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo y de la que depende el 27 Batallón de Infantería.
Por esa razón, activistas y normalistas de Ayotzinapa han pedido que se investigue su participación en el ataque contra los 43 estudiantes de magisterio.
Pero, de hecho, dos meses después de la agresión (el 20 de noviembre de 2014) el presidente Enrique Peña Nieto ascendió a Saavedra Hernández a general de División, y el 1 de diciembre siguiente fue designado máximo jefe militar de Guerrero. Como comandante de la IX Región Militar tiene el control de las dos zonas militares: la 35 (con sede en Chilpancingo) y la 27 (Atoyac).
El responsable de la seguridad en el estado es el general brigadier Alejandro Almazán Cervantes, nombrado titular de la SSP estatal en noviembre de 2014, durante el interinato de Rogelio Ortega Martínez.
Su gestión ha sido investigada por la Auditoría Superior de la Federación por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos federales destinados a seguridad y combate de la delincuencia. Pese a ello, Almazán fue ratificado por el actual gobernador, Héctor Astudillo Flores, quien tomó protesta el 27 de octubre pasado.
Almazán, junto al comandante de la IX Región Militar, mantiene el control de las áreas estratégicas de seguridad en la entidad.
El esquema de control
En la mayoría de los 81 municipios del estado, los mandos policiacos son miembros de la Policía Preventiva Estatal (PPE) y los trabajadores de los C4 (centros de control) en las principales ciudades de la entidad fueron sustituidos por militares durante el gobierno de Astudillo.
Destaca el caso de Iguala. Ahí, el jefe de la policía municipal es el suboficial de la PPE Domingo Tlatempa Vázquez, designado apenas el 22 de septiembre. Durante la administración del alcalde priista, Esteban Albarrán, es el cuarto cambio en el último año.
Tlatempa Vázquez depende directamente del coordinador en la zona Norte de la PPE, Antonio Ernesto Rojas Ruiz, gente de confianza del general Almazán.
La PPE también mantiene el control de la policía municipal de Cocula, donde el general Saavedra fue responsabilizado por el exalcalde César Miguel Peñaloza Santana de la designación de los directores de la corporación, antes de la tragedia de Iguala.
Elementos de esa corporación, entre ellos el entonces subcomandante de la Policía Municipal César Nava González, están bajo investigación por el ataque contra los estudiantes.
Nava González ha declarado que el día de la desaparición de los normalistas fue relevado por el comandante Francisco Salgado Valladares, quien durante 10 años perteneció al Ejército y en 1999 entró a la Policía Municipal de Iguala (Proceso 2082).
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