Costa Rica: miles de trabajadores marchan en el primer día de huelga contra la reforma fiscal
Miles de trabajadores en huelga exigen retiro de reforma fiscal en Costa Rica
Varios miles de trabajadores del sector público realizaron este lunes una huelga para exigir el retiro del proyecto de ley de reforma fiscal, mientras el Gobierno asegura que la afectación del movimiento ha sido menor en la mayoría de instituciones.
Miles de manifestantes, en su mayoría educadores, trabajadores del sector salud y del Instituto Costarricense de Electricidad, caminaron por la Avenida Segunda en San José para mostrar su rechazo a la reforma tributaria.
El presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, dijo a Efe que la marcha de ayer fue solo de trabajadores de la capital y que para el próximo miércoles está prevista una mayor, con participación de personas de todo el país, por lo que pidió al presidente costarricense, Carlos Alvarado, atender a los gremios.
“Ha sido una marcha maravillosa, no vamos a desistir hasta que Carlos Alvarado nos dé hora y fecha para hablar. Le dimos un proyecto con 38 reformas y no las tomó en cuenta. Le pedimos que deje de defender a los ricos de este país y piense en la clase trabajadora”, expresó Cascante.
Los grupos sindicales rechazan la reforma tributaria ya que consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y particularmente a los trabajadores estatales, pues la iniciativa contiene reducciones de pluses salariales.
En los centros educativos se ha registrado ausentismo de educadores, pero aún no se cuantifica oficialmente la totalidad de la afectación de la huelga.
Un reporte del Ministerio de Educación, que abarca el 9 por ciento de los centros educativos, indica que el 67 por ciento de funcionarios está ausente, mientras que los grupos sindicales afirman que un 80 por ciento del total participan en la huelga.
La otra afectación importante se ha presentado en el sector salud y aunque no hay cifras oficiales precisas, los principales hospitales del país trabajan “con relativa normalidad”, dijo el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya.
El funcionario sí reconoció que ha habido afectación en las áreas de enfermería, lavandería y en algunas citas y cirugías que estaban programadas.
El presidente del país, Carlos Alvarado, afirmó en una conferencia de prensa que excluyendo el personal de educación y salud, solo el 6 por ciento de los trabajadores se sumó a la huelga.
“El movimiento no ha tenido un impacto mayor en los servicios públicos que da el Gobierno, no hay una mayoritaria afectación. Hemos intentado mantener la normalidad en la mayoría de los servicios”, destacó Alvarado.
Reiteró que el paro es “improcedente” e “ilegal”, y que las puertas del Gobierno están abiertas para el diálogo, aunque advirtió que la reforma fiscal es una prioridad para su gobierno.
Anoche en una alocución nacional, Alvarado declaró que su “Gobierno junto a los actuales diputados y diputadas estamos tomando el camino de la responsabilidad al atender un problema que se postergó por décadas”.
Un total de 13 instituciones públicas acudieron a tribunales de trabajo para solicitar que se declare ilegal la huelga.
El Gobierno tomó el control desde la noche del domingo, con policías y funcionarios, de los puertos estatales del Caribe, por donde se mueve el 85 por ciento del comercio internacional del país, así como de los planteles de distribución de combustibles de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo.
La directora de Migración, Raquel Vargas, dijo que los servicios en oficinas y en aeropuertos funcionan “a máxima capacidad” y con normalidad.
La polémica reforma fiscal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
La iniciativa tiene tasas diferenciadas del 4 por ciento para la educación y salud privadas, y del 2 por ciento para productos de la canasta básica.
Sin embargo, la comisión que estudia la iniciativa ha aplicado cambios para exonerar la educación privada y reducir al 1 por ciento el IVA para la canasta básica.
El proyecto, que busca recaudar cerca del 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en recursos frescos, también incluye la renta global e iniciativas para contener gastos.
El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas de la economía del país.
Carlos Alvarado: No habrá diálogo mientras haya huelga
El presidente de la República, Carlos Alvarado, advirtió que el Gobierno no dialogará con los grupos sindicales, mientras continúe la huelga iniciada este lunes en diferentes instituciones públicas contra la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa.
“Este movimiento es improcedente, es injustificado, dado que las puertas de diálogo de esta administración han estado, están y estarán abiertas, pero no entraremos en un proceso de diálogo mientras haya movimientos que lo que buscan es afectar a las y los costarricenses”, declaró Alvarado en una conferencia de prensa con jerarcas de distintas entidades.
El mandatario aseveró que “es público y notorio que nosotros hemos hecho un llamado a dialogar”.
El presidente indicó que el movimiento no ha tenido mayor impacto en los servicios públicos. Además, firmó una directriz para que el servicio de trenes se brinde con más frecuencia durante la huelga.
24 instituciones solicitaron la declaratoria de ilegalidad de la huelga, entre ellas la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como los ministerios de Justicia y Paz, Vivienda y Obras Públicas y Transportes (MOPT), informó el ministro de Trabajo, Steven Núñez.
Núñez apuntó que esperan que más instituciones presenten solicitudes de ilegalidad en las próximas horas. El ministro explicó que si los tribunales declaran la ilegalidad del movimiento los empleados deben volver a sus trabajos en 24 horas, de lo contrario se les rebajaría el salario.
Según el jerarca de Trabajo, los huelguistas incumplieron con el procedimiento para ir a huelga que establece la Reforma Procesal Laboral.
“Es nuestro criterio y el de cada jerarca que ha solicitado la declaratoria de ilegalidad que ese procedimiento no se ha realizado, entiéndase la presentación de un conflicto económico social, un conflicto jurídico, además de realizar las respectivas asambleas”, dijo Núñez.
También hubo 14 entidades en las que ningún funcionario se unió a la protesta, como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Trabajo, agregó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
Por su parte, el ministro de Educación, Édgar Mora, manifestó que reportes del 9% de los 5.300 centros educativos del país, revelan que el 30% de los funcionarios se presentaron a trabajar. Mora aclaró que esa cifra no representa una proporción.
“Tenemos reportes de cientos de miles de escuelas abiertas, también de colegios abiertos, que funcionan con anormalidad, es decir, sin todo el personal que requieren”, dijo el ministro.
La presidenta ejecutiva del Incofer, Elizabeth Briceño, declaró que solo hubo afectación en un viaje en el que algunos manifestantes se subieron indebidamente al tren, por lo que la institución presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El único bloqueo total de una vía a nivel nacional persiste en Barranca, Puntarenas, donde el Ministerio de Seguridad ha “estado en negociaciones con las personas allí presentes para evitar todo tipo de confrontación”, dijo el ministro, Michael Soto.
Soto alertó sobre videos que circulan en redes sociales que “no corresponden con la realidad, lo que pretenden es indisponer a la ciudadanía con los cuerpos policiales”.
La mayor afectación en la CCSS se dio en el Hospital San Juan de Dios, donde se debieron suspender cirugías. Asimismo, Recope reportó que no hubo problemas de abastecimiento.
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