Colombia: lecciones de los diálogos por la paz con el ELN – Por Socorro Ramírez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Socorro Ramírez*
Para ejercer una presión más certera en favor del fin del conflicto armado y la construcción de paz como se lo proponen las jornadas de “Mujeres en Defensa de la Paz”, conviene revisar las décadas de intentos de diálogos de cinco gobiernos con el ELN, y de correspondientes esfuerzos de la sociedad civil. Sus lecciones ayudarían al actual gobierno, a los guerrilleros que quieren negociar y a la misma sociedad a hacer del próximo intento el definitivo.
Varias décadas de intentos
Bajo los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco comenzó la exploración de una salida negociada al conflicto armado. Desde 1991, el gobierno de César Gaviria y la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar (Farc, Eln, Epl, que no habían aprovechado la oportunidad de paz que ofreció la Constituyente), realizaron dos series de reuniones en Arauca y Caracas y alcanzaron a definir una agenda que el Eln interrumpió con el secuestro de un expresidente del Congreso.
Una tercera serie en Tlaxcala vio la necesidad de desmilitarizar 90 zonas para la concentración de las guerrillas, 25 de ellas para el Eln, y de realizar un cese al fuego. Pero el Epl secuestró a un exministro que murió en cautiverio, y el Eln exigió que, para considerar si dejaba las armas, antes se hicieran las transformaciones que exigía.
El intento ayudó a que, entre 1993-1994, la Corriente de Renovación Socialista dejara al Eln y negociara un Acuerdo para concentrar su acción en la movilización social y la paz, el desarrollo regional y el fortalecimiento de la democracia participativa en las comunidades y territorios donde había tenido presencia armada.
En 1995 y 1996, se abrió de nuevo la posibilidad (que no se concretó) de instalar una mesa en Alemania, liberar secuestrados e interrumpir el fuego. Así lo habían conversado el gobierno de Ernesto Samper con una delegación guerrillera, que luego realizó un periplo de seis meses por seis países europeos. El Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, con 10 millones de votos obtenidos en elecciones de 1997, reafirmó la esperanza. Las reuniones de 1998 lograron definir la Convención Nacional pedida por el ELN, que se realizaría con cien representantes de fuerzas sociales, políticas y económicas para acordar cambios estructurales. Pero interferencias electorales, crisis institucional y cambios de orientación en el ELN luego de la muerte por enfermedad de su jefe, Manuel Pérez, impidieron ratificar ese preacuerdo de Viana.
Las Conferencias Episcopales de Alemania y Colombia facilitaron en 1998, en Maguncia, el acuerdo de Puerta del Cielo en el que participaron 40 representantes de la sociedad civil, y que debía dar inicio al proceso de paz. El ELN pidió recursos para su funcionamiento con el fin de dejar de secuestrar, y se mostró dispuesto a liberar menores, adultos mayores y mujeres embarazadas. Una comisión operativa se reunió en Rio Verde y acordó que la Convención Nacional se realizaría en 1999, bajo el cese al fuego, con siete sesiones (una instalaría un foro nacional sobre la política petrolera, luego se realizarían cinco eventos nacionales, y otro final de conclusiones) en los que participarían 200 representantes de organizaciones sociales, económicas, religiosas, políticas y del poder público.
El acuerdo no se aplicó por el cambio de gobierno y por el agravamiento del conflicto. El ataque del Eln al oleoducto destruyó Machuca, dejó 84 personas calcinadas y decenas afectadas. Los secuestros masivos del Eln -un avión con tripulación y 46 pasajeros, feligreses en una iglesia cerca de Cali y unos excursionistas en la ciénaga de El Torno junto a Barranquilla- antes que lograr la zona de despeje en el Magdalena Medio para la Convención suscitó la reacción paramilitar. El gobierno de Andrés Pastrana intentó retomar los diálogos pero en el 2000, el Eln voló 200 torres de energía y, en 2001, secuestró trabajadores de la Oxy en Arauca. La pre-convención en Ginebra convocada por la sociedad no logró que el diálogo de paz se abriera paso. El Plan Colombia estaba en marcha.
El gobierno de Álvaro Uribe realizó ocho rondas de diálogos con el ELN en La Habana para negociar un Acuerdo Base. Para firmarlo y realizar la Convención Nacional le exigió cesar el fuego, las hostilidades, los secuestros y los daños a la infraestructura, listar y concentrar a los integrantes de sus frentes armados, milicianos y estructuras políticas. El grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz trató de salvar el diálogo, le exigió al ELN que abandonara las prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario y excluyera el secuestro de la agenda puesto que éste debía ser producto de su compromiso unilateral e inmediato.
Bajo el gobierno de Santos, en 2016, luego de cuatro años y 22 rondas de diálogo en Ecuador y Venezuela, se anunció la Agenda y el inicio de la fase pública, pero esta se postergó por asesinatos de soldados y policías, y secuestros de civiles, cuya liberación y fin de esa práctica exigió la sociedad civil. En 2017, arrancó por fin la Mesa, que desarrolló en Ecuador cuatro ciclos y un cese al fuego bilateral que hizo posible la realización de 10 audiencias con 208 representantes de 25 sectores y 123 organizaciones sociales.
En 2018, los ataques del ELN tras el fin del cese al fuego, obligaron a postergar el comienzo del quinto ciclo, que luego se vio interrumpido por el retiro de Ecuador como sede y garante. Las conversaciones se reanudaron en La Habana, donde culminó el quinto ciclo y se realizó el sexto. Ambos ciclos avanzaron en la construcción de protocolos para un nuevo cese al fuego que superara los problemas del anterior, y en la concreción de la Agenda y el diseño del punto 1 la participación de la sociedad, que debe nutrir la negociación de los puntos 2, sobre democracia, 3, de transformaciones y 4, sobre víctimas. Los acuerdos de la Mesa sobre esos puntos deben conducir al punto 5, de fin del conflicto armado, y 6, de implementación del acuerdo de paz.
Plataformas de paz y redes sociales mantuvieron una presión persistente contra los asesinatos de policías y ataques a la infraestructura por parte del ELN, y por la reanudación del cese al fuego, que garantice el desarrollo de la participación social y perfile el final del conflicto. Diversos testimonios mostraron los impactos positivos que había obtenido el cese al fuego bilateral, por ejemplo, en la reducción de riesgos para las mujeres. El Acuerdo Humanitario Ya, del Chocó, explicó a cada delegación la urgencia de su aplicación. Un taller de género para la Mesa en La Habana, realizado por Juntanza y Cumbre de Mujeres por la Paz, abrió la posibilidad de revisar la aplicación del enfoque diferencial en cada acuerdo, y para que un nuevo cese al fuego y las hostilidades tome en cuenta la situación de las personas más vulnerables. Sesiones simultáneas de organizaciones de mujeres en once regiones del país formularon propuestas a la Mesa sobre algunas transformaciones urgentes.
El gobierno no debería ignorar las lecciones acumuladas
Tanto en los intentos fallidos con el Eln como en el No al acuerdo con las Farc y en la difícil concertación del marco institucional para su implementación se han manifestado enormes dificultades para alcanzar consensos que construyan políticas de Estado. Ambición, soberbia, polarización, clientelismo, corrupción y violencia lo entorpecen.
Al gobierno de Duque, que ha postergado el reinicio de los diálogos pero no ha levantado la Mesa, le ayudaría construir sobre lo construido. El acumulado de intentos deja balances de mecanismos ya usados, muestra enfoques, procesos internos y rasgos del Eln. No examinarlo lleva a exigir imposibles y a postergar la urgente necesidad de sacar las armas de la política.
La participación de la sociedad ha sido siempre la exigencia central del Eln. En lugar de anular la Agenda ya pactada, el gobierno podría partir de las propuestas e intentos ya realizados por concretar los fundamentos de la participación, el sentido y alcance de esos ejercicios, territorios, temas, sectores involucrados, tiempos y posibles operadores de ese proceso.
Ganaría mucho el país si el gobierno presta atención a la sociedad, en especial en los territorios más afectados y atiende sus urgencias: mejorar la capacidad estatal para combatir el delito e impedir que grupos criminales sigan asesinando líderes sociales; atender las consultas previas a comunidades negras e indígenas y cumplir los compromisos estatales con distintos sectores sociales; superar la ausencia, inacción o traumática presencia del Estado que acumula problemas económicos, ambientales, institucionales, y le deja el espacio o nutre a guerrillas, paramilitares y bandas criminales; no reducir la acción estatal a la presencia militar y policiva, e impedir la complicidad de algunos de sus miembros con grupos irregulares; no aferrarse a la fallida guerra contra las drogas y sus fumigaciones, que agravan esa problemática; superar la desconfianza entre la sociedad y las instituciones estatales con un diálogo sistemático y rendición de cuentas del centro a las regiones donde se concentró la guerra y criminalidad, y con la aplicación prioritaria de políticas y planes de desarrollo sostenible.
Llamados de la sociedad al ELN
Si el Eln aspira a negociar, además de atender la exigencia que por décadas le ha hecho la sociedad de abandonar el secuestro, debe poner fin a otras prácticas que han marcado los intentos de paz como la de otorgarle un carácter meramente exploratorio al diálogo.
No se puede desconocer que una lucha tan dura y prolongada esté animada por una fuerte motivación política, pero ya es hora de que el Eln evalúe los resultados de más de medio siglo de acción armada: en lugar de producir cambios beneficiosos para los más necesitados, esta ha generado miles de víctimas, ha dado argumentos para incrementar el gasto en seguridad, ha estimulado a la extrema derecha política y armada, ha quitado espacio a los sectores populares y contribuido a su estigmatización. En suma, esa organización tiene un deber moral de negociar para ponerle fin a su lucha armada.
En el último intento, el Eln aceptó que el fin del conflicto armado fuera el punto 5 de la Agenda de la Mesa. Pero, mientras dialogaba, ocupó zonas abandonadas por las Farc, y aumentó secuestros, extorsiones, acuerdos o disputas con bandas criminales por rentas y tráficos ilegales.
Acaba de reconocer que los diálogos deben tener límite de tiempo y que podría negociar cómo concluir su acción armada bajo la presidencia de Iván Duque. Eso le implica dejar de exigir que la Mesa sólo se ocupe de poner fin al conflicto armado cuando el Estado haya realizado las transformaciones identificadas por la participación social, pues esos cambios urgentes implican procesos democráticos propios del Estado de derecho, que toman tiempo.
Condicionar la reducción de su beligerancia a su propia valoración de los avances de esas transformaciones, antes que madurar su decisión de desaparecer como guerrilla para impulsar las luchas sociales en la legalidad, los lleva a usar los diálogos de paz y la participación para mantener la guerra. Aferrarse a las armas obstruye la iniciativa ciudadana, las movilizaciones sociales, la participación electoral y el control de decisiones o acciones gubernamentales exigidas por el centro y la izquierda, que han alcanzado lo que esa y otras guerrillas no han logrado en más de medio siglo de acción armada.
Le implica, además, no usar el carácter público de la Mesa para dedicarse a buscar visibilidad con discursos y denuncias unilaterales que en lugar de ayudar a procesar la complejidad de la Agenda, destruyen opciones de negociación, deterioran el precario respaldo nacional y agotan el apoyo internacional a los diálogos.
Concentrarse en la negociación le exige al Eln no evadir los cuestionamientos que le hacen los sectores más afectados de esta guerra degradada: que amenaza o asesina a quienes lo critican o le rehúsan su respaldo; que interfiere a las comunidades cuando presentan sus reclamos a través de mecanismos propios o institucionales; que afecta gravemente a las mujeres, a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas al convertir sus territorios en escenario de guerra, minarlos, confinar y desplazar poblaciones, reclutar menores, al someter a las poblaciones a su disputa por el control de economías ilícitas, al secuestro y al clientelismo armado.
El Eln subestima la opinión nacional que, cansada de la guerra, le exige acordar su pronto fin sobre sólidas bases políticas, jurídicas y éticas. No negociar el fin de su acción armada anula los esfuerzos de organizaciones de mujeres, negras, indígenas, campesinas, sindicales, minero-energéticas o ambientales en su lucha por incidir en dinámicas transformadoras locales, regionales o nacionales.
Presión social por la paz
La construcción de paz es un proceso de largo aliento. Las exigencias de la sociedad son las que más pueden ayudar a que el Eln reaccione con realismo hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, reconozca los derechos de las víctimas y se sume a las presiones sociales por las trasformaciones indispensables para la paz. Esto implica mostrarle en forma persistente el fracaso y daño de su acción armada; el efecto contraproducente de sus acciones violentas para el cambio y la lucha popular; el bloqueo que genera su discurso a favor de la paz, mientras al mismo tiempo supedita el fin de la guerra a un momento indeterminado en que se haya logrado el cambio social.
La sociedad es la que puede mostrarle que contribuye de verdad al cambio si pone fin a su acción armada, el secuestro y las voladuras del oleoducto, devuelve a los menores y ayuda a desminar territorios; y que, aunque la desigualdad es dramática y Colombia está atravesada por graves problemas, políticos, económicos y sociales, no es imposible lograr cambios por medios legales y pacíficos. En cambio, condicionar el fin de la violencia al desarrollo de trasformaciones que involucran a toda la nación y sobrepasan el marco de unos acuerdos con las guerrillas, termina impidiéndolas.
La Mesa y la participación social deben ayudar a la negociación del fin del conflicto armado y no a justificar su continuidad. El coraje y la consistencia que el Eln ha mostrado en el mantenimiento de una obstinada lucha sin futuro, deben demostrarlos ahora asumiendo la valerosa y difícil decisión de abandonar las armas e insertarse en las corrientes sociales y populares que trabajan por el cambio en el país. Lo contrario los condenaría a convertirse progresiva y simplemente en una organización criminal. Triste fin para quienes aducen nobles propósitos para su lucha.
(*) Socorro Ramírez integró la delegación de paz del gobierno de Juan Manuel Santos para los diálogos con el ELN.
