Chile se abstiene de firmar el acuerdo más grande de la región para proteger a defensoras del ambiente
Catorce países firman en la sede de la ONU tratado de nueva generación sobre acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales
Catorce países de América Latina y el Caribe fueron los primeros en firmar el “Acuerdo de Escazú”, sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en la región, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en el marco del debate general del 73⁰ período de sesiones de la Asamblea General del organismo mundial.
El histórico Acuerdo Regional, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en su tipo en el mundo que ha emergido hasta ahora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), quedará a partir de hoy a disposición de todos los Estados que deseen firmarlo, para luego poder ratificarlo. La ratificación, aceptación o aprobación del acuerdo podrá realizarse a continuación de la firma y para su entrada en vigor requerirá de 11 Estados Parte.
En una emotiva ceremonia realizada esta mañana en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Jefes de Estado y ministros de los siguientes países firmaron el Acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay. En horas de la tarde, República Dominicana y Haití también estamparon su firma en el instrumento legal.
El evento estuvo encabezado por Miguel de Serpa Soares, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, y contó con la participación especial de Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, los primeros ministros de Antigua y Barbuda y Santa Lucía -Gaston Browne y Allen Michael Chastanet, respectivamente- los Vicepresidentes de Guyana y Panamá -Carl Greenidge e Isabel de Saint Malo de Alvarado, respectivamente-, los ministros de Relaciones Exteriores y Representantes Permanentes ante la ONU de los demás países firmantes, y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que ejerce la Secretaría Técnica del Acuerdo.
“Nuestra región da un paso enorme y de vanguardia para hacer realidad la democracia ambiental”, declaró en la ceremonia Epsy Campbell, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, país donde se adoptó el acuerdo (en el municipio de Escazú).
“Es un aporte de la región para el multilateralismo global. Nos permite tener el primer tratado ambiental vinculante en toda la región y eso es un paso muy sustantivo. Hace una referencia a algo que para Costa Rica es muy importante porque pone en el centro la acción ciudadana, los defensores ambientales, tema que es fundamental para afrontar todos los desafíos que tenemos en materia ambiental”, dijo posteriormente Campbell en una rueda de prensa que ofreció tras la ceremonia junto a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
“El hecho que hoy ya hayan firmado 14 países es algo extraordinario. Este acuerdo era necesario. La democracia no tiene que ver solamente con la participación, sino también con qué hacemos nosotros con nuestros recursos, cómo nos miramos hacia el futuro. Invito a los países que no han firmado para que lo hagan en el menor plazo posible, para que muy pronto, cuando tengamos ya las ratificaciones correspondientes, el Acuerdo de Escazú ya esté vigente como un paso sustantivo en la democracia de la región”, agregó la Vicepresidenta de Costa Rica.
En tanto, Alicia Bárcena señaló a las autoridades presentes en la ceremonia que hoy “es un día histórico para la igualdad ambiental en la región. Tras seis años de intensa preparación, el Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo pasado en Costa Rica, con la significativa participación del público. Hoy, 27 de septiembre, ustedes están dando un paso decisivo para lograr una mayor democracia ambiental y para hacer de este acuerdo una realidad”, dijo.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas recalcó también que si bien este acuerdo es entre Estados, es también un pacto entre el Estado y sus sociedades. “Sobre todo, es un acuerdo para los ciudadanos, hecho por y para las personas”, indicó.
Durante la conferencia de prensa, Bárcena explicó además que el proceso del acuerdo es innovador porque ha incorporado a la sociedad civil en su conjunto, es decir, a todos aquellos grupos que representan el “interés público”. Destacó también que este tratado posee un artículo muy relevante, que ningún otro tratado anterior ha incluido específicamente, que es la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Bárcena explicó que el proceso de firma del tratado se prolongará desde hoy por un lapso de dos años en la sede de las Naciones Unidas, ya que se trata de un acuerdo de la ONU y queda depositado oficialmente como parte de los tratados auspiciados por el organismo mundial. Tras su firma, cada país deberá iniciar los trámites correspondientes para su ratificación.
El Acuerdo de Escazú busca asegurar que todas las personas tengan acceso a información oportuna y confiable, puedan participar de manera efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y accedan a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo así al cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
¿Qué es el acuerdo internacional de Escazú? El ambicioso tratado medioambiental que Chile lideró y que ahora decidió no firmar
Escazú es una ciudad de Costa Rica en la provincia de San José con cerca de 12 mil habitantes. Pero también es el nombre del pacto medioambiental que 24 países se comprometieron a firmar durante la Asamblea de las Naciones Unidas, la cual se está llevando cabo en la ciudad de Nueva York.
La firma del texto quedó pactada para este 27 de septiembre y venía a consolidar un proceso internacional que comenzó en 2012, y del cual Chile y Costa Rica impulsaron y lideraron.
Sin embargo, la rúbrica de Chile quedó en suspenso luego de que la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, informara que la Cancillería había pedido postergar la participación de Chile en el acuerdo. La decisión del Gobierno generó dudas y críticas por parte de parlamentarios y organizaciones de defensa del Medio Ambiente.
Según el documento compartido por la Cepal, en el que se resume el preacuerdo alcanzado en Cosa Rica, el proyecto apunta a «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales».
La participación de las comunidades
El pacto, al cual suscribieron países como Argentina, Brasil, México y Venezuela, tiene como uno de sus puntos más importante, garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes. Es decir, los países que firmen el tratado se comprometen a una «participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional». Dentro del texto, se explicita que ambas parte tendrán voto en la toma de decisiones.
Este punto que cae justo en medio de la crisis en Quintero y Puchunaví, donde las autoridades no han podido contener los casos por síntomas de intoxicación en la zona de sacrificio, mientras los pobladores apuntan con el dedo al cordón industrial que cerca la bahía.
Otro de los puntos que promueve el pacto, es la protección de los de los defensores de los derechos humanos y «prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones» en su contra. Según un informe de Global Witnes, 116 personas fueron asesinadas en América Latina durante 2017 por defender sus tierras y enfrentar practicas que afectan el medio ambiente.
«Escazú no aumentará los conflictos socioambientales»
Ignacio Martínez, abogado de la Fundación Terram, califica de negativa la señal del Gobierno de dar marcha atrás a su participación del acuerdo, especialmente por su rol protagónica en el proyecto. «El acuerdo de Escazú apunta a elevar los estándares de calidad, la protección del medio ambiente y la capacitación de funcionarios y la población en estos temas. No tiene sentido creer que este pacto aumentará los conflictos socio ambientales en el país».
Durante la jornada de hoy la ministra Schmidt reafirmó la solicitud de Cancillería de no firmar por el momento el acuerdo de Escazú y aseguró que esto se debe a que «se está estudiando los mecanismos de reclamación internacional que tienen efecto a otros países».
El 13 de septiembre de este año, un grupo de 27 expertos en derechos humanos de la ONU celebró el preacuerdo e hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a firmar el texto. “Hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente», aseguraron los representantes a través de una carta.
