Mandatarios de Suramérica y Canadá presentan demanda contra Maduro en la CIJ
En un documento de cuatro páginas, los presidentes Iván Duque, de Colombia; Mauricio Macri, de Argentina; Sebastián Piñera, de Chile; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Martín Vizcarra, de Perú; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pidieron formalmente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que avance en la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.
La solicitud, que deberá sortear un complejo trámite en la CPI, representa sin embargo un paso inédito, como que seis naciones le piden formalmente al organismo creado por la comunidad internacional para perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad que aborde la situación de uno de sus vecinos del hemisferio.
Los jefes de Estado solicitan a la Fiscalía de la CPI, en manos de la africana Fatou Bensouda, que se pronuncie frente a la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela desde febrero del 2014. Ese mes empezaron las protestas multitudinarias contra el régimen de Nicolás Maduro, que fueron duramente reprimidas por fuerzas oficiales y grupos de civiles armados afectos al gobierno y que dejaron centenares de muertos y encarcelados.
La Fiscalía de la CPI determinó, en febrero de este año, abrir un ‘examen preliminar’ sobre la situación venezolana. Ese estatus significa que la Corte está vigilante de un país (así, por ejemplo, ocurre con hechos del conflicto colombiano como los ‘falsos positivos’ y los crímenes cometidos por la guerrilla de las Farc) para garantizar que la justicia actúe frente a los responsables.
Vea la carta completa acá:
La CPI solo opera cuando la justicia nacional no ha podido o no ha querido procesar a los que cometen delitos de guerra y de lesa humanidad, que es una situación que sí ocurre en Venezuela como consecuencia de la cooptación que a lo largo de dos décadas ha impuesto el chavismo sobre todas las ramas del poder público.
Los presidentes le remitieron a Benzouda los informes de la Secretaría General de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre la violencia y la persecución judicial ejercidas contra la oposición política en Venezuela.
En esos documentos se habla de la ejecución sistemática de jóvenes que participaban en las marchas contra el gobierno y la existencia de acciones orquestadas de intimidación política y control social como el denominado ‘Plan Zamora’, lanzado por Maduro en el 2017 y que le dio a la justicia militar el poder de procesar a civiles a los que el régimen señalaba de impulsar un golpe de Estado. En su primera fase, el ‘Plan Zamora’ dejó más de 250 civiles detenidos.
Asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación, persecución política y desaparición forzada hacen parte de las conductas proscritas por las normas del Derecho Internacional Humanitario que según los informes remitidos a la CPI han sido cometidas en Venezuela por Maduro y su círculo de poder.
«A mérito de lo expuesto, y por las consideraciones señaladas, solicita a la Fiscal de la Corte que, tras evaluar la información de que disponga de conformidad a lo previsto en el artículo 53 del Estatuto (de Roma, que creó la CPI), inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro a partir de febrero del 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de varios crímenes a una o varias personas», dice la carta de los presidentes latinoamericanos y del premier de Canadá.
