Argentina: organizaciones e investigadores denuncian que la salud pública está en peligro
La salud pública “está en peligro”
El Instituto de Investigaciones Gino Germani, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Salud Mental Mauricio Goldenberg y la Fundación Soberanía Sanitaria, entre otros, cuestionaron la degradación del Ministerio de Salud al rango de Secretaría y advirtieron que la salud pública «está en peligro».
«La degradación del Ministerio de Salud, la primera que sucede en un gobierno democrático, además de ser elocuente desde lo simbólico, traerá aparejada una pérdida del poder de rectoría de la política sanitaria nacional, hasta entonces ejercido, a pesar de innumerables dificultades, por dicho Ministerio. Este cambio, viene a sustanciar la reforma del sistema sanitario argentino que desde 2016 se pretende llevar adelante», advirtieron las ONG.
A través de un comunicado, que también firmaron el director del Comité de Ética y Programa de Bioética del Hospital de Clínicas, Juan Carlos Tealdi, y el titular de la Maestría de Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario, Mario Rovere, la sorganizaciones denunciantes señalaron que «en agosto de 2016 el Gobierno Nacional dio a conocer la creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) con el objetivo de brindar cobertura a los 16 millones de personas que se atienden en el sector público».
«Para ponerla en funcionamiento (hasta el momento solo se aplica como piloto en la provincia de Mendoza), la CUS requiere la creación de una agencia específica que determine qué prestaciones cubrirá y cuáles no. Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), actualmente en discusión en el Senado», agregaron los firmantes, quienes aseguraron que «la discusión sobre la creación de una Agencia de estas características no puede ser aislada del modelo sanitario que tiene por detrás».
Por último, el comunicad exhorta a los legisladores y legisladoras a “propiciar un debate profundo y plural (…) para la elaboración de un proyecto de Agencia que responda a un modelo sanitario de equidad e inclusión social».
La salud en riesgo
En un contexto regresivo del rol rector del Estado sobre la política en salud, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Tal como está planteado implica profundizar el deterioro, la desatención y el desfinanciamiento del sistema de salud. Las organizaciones que trabajamos en ese campo pedimos participar del debate en el Congreso.
Comunicado conjunto
El 3 de septiembre, el Gobierno Nacional anunció la eliminación del Ministerio de Salud y su integración como Secretaría de Estado al Ministerio de Desarrollo Social. La degradación del Ministerio de Salud, la primera que sucede en un gobierno democrático, además de ser elocuente desde lo simbólico, traerá aparejada una pérdida del poder de rectoría de la política sanitaria nacional, hasta entonces ejercido, a pesar de innumerables dificultades, por dicho Ministerio. Este cambio, viene a sustanciar la reforma del sistema sanitario argentino que desde 2016 se pretende llevar adelante.
En agosto de 2016 el Gobierno Nacional dio a conocer la creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) con el objetivo de brindar cobertura a los 16 millones de personas que se atienden en el sector público. La CUS se implementará a través de una “canasta de prestaciones básicas” cubiertas por el sistema de salud público, cuestión que se opone al criterio de universalidad en el acceso. Vale recordar que la Argentina, a diferencia de otros países, cuenta con un sistema de salud público universal y gratuito.
Para ponerla en funcionamiento (hasta el momento es de aplicación piloto en la provincia de Mendoza), la CUS requiere la creación de una Agencia específica que determine qué prestaciones cubrirá y cuáles no. Se trata de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), actualmente en discusión en el Senado (Proyecto de ley 1379/18).
El proyecto de la AGNET, impulsado por el Poder Ejecutivo, tiene la finalidad de evaluar de acuerdo “con criterios de calidad, efectividad, eficiencia, equidad y teniendo en cuenta su valorización ética, médica, económica y social” las prestaciones de salud que serán de cobertura obligatoria, es decir, aquellas que se incorporen o se excluyan del Plan Médico Obligatorio (PMO) de obras sociales, de medicina pre paga y del sistema público. Se entiende por “tecnologías” medicamentos, productos médicos, instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza que sean utilizadas para prevenir, tratar o rehabilitar la salud.
La discusión sobre la creación de una Agencia de estas características no puede ser aislada del modelo sanitario que tiene por detrás. Por eso, y en consideración de las características restrictivas de la Cobertura Universal de Salud, queremos señalar algunos aspectos preocupantes del proyecto de Ley de creación de la AGNET en tratamiento en la Comisión de Salud del Senado.
1- Injustificadamente, el presidente del Directorio de la AGNET sería designado por el Ejecutivo, sin concurso público, procesos de impugnación ni participación alguna del Congreso Nacional. En otros lugares del mundo, Agencias como éstas dependen del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. Del mismo modo, no se prevé requisitos técnicos y de idoneidad para los miembros de la Comisión Técnica Consultativa.
Si se va a crear una Agencia, se deben prever mecanismos idóneos, participativos, transparentes y plurales para la integración de su Directorio, con estrictas reglas que prevengan conflictos de interés.
2- El proyecto no prevé una estructura interna de la AGNET que garantice personal técnico y especializado capaz de llevar adelante los complejos procesos de evaluación de tecnologías en todas las áreas relevantes, ni tampoco cuenta con información presupuestaria suficiente.
Sí, en cambio, prevé la posibilidad de “recabar información y opinión de instituciones públicas o privadas”, lo que habilitaría, la tercerización de las tareas de evaluación con los riesgos que conlleva.
Las tareas encomendadas a la AGNET en el proyecto son de una importancia y magnitud tal que requieren la asignación de presupuesto específico y una estructura de personal adecuada y competente.
3- La AGNET funcionaría como órgano de consulta obligatorio del Poder Judicial, en todos aquellos casos que los usuarios reclamen por la vía judicial.
Esta exigencia limitaría las funciones autónomas de los tribunales, así como las condiciones de acceso a la justicia de las personas que recurren a la Justicia para la tutela de su derecho a la salud.
Estas limitaciones cobran relevancia si se atiende el hecho de que, desde comienzos de 2017 hasta la actualidad las consultas por presentaciones judiciales por reducción de cobertura en prestaciones y medicamentos se duplicó en un 50% por cada semestre[1].
4- A su vez, la AGNET determinará los bienes de la salud incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), cuestión en la que actualmente el Poder Legislativo también participa. Es importante mantener la deliberación parlamentaria en torno a la satisfacción del derecho a la salud integral y las obligaciones del Estado y los prestadores sociales y privados.
5- Además, el proyecto no prevé qué consecuencias tendrán las decisiones de la AGNET en la comercialización de las tecnologías evaluadas.
Así, tecnologías que son aprobadas por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), pero no cubiertas por los prestadores de salud (público, privado y social) por decisión de la AGNET, quedan sujetas al libre mercado y, en definitiva, financiadas por el bolsillo de las personas, desnaturalizando la responsabilidad Estatal de garantía y satisfacción del derecho a la salud.
6- El proyecto no contempla criterios epidemiológicos que tengan en cuenta los determinantes del proceso Salud – Enfermedad. Una agencia de estas características debe estar vinculada con los problemas de salud emergentes de cambiantes escenarios demográficos y ambientales, con la creciente complejidad de las innovaciones en salud disponibles para las mayorías sin restricción y con garantía de universalidad de acceso.
El conjunto de organizaciones y personalidades del campo de la salud y los derechos humanos que firmamos este comunicado expresamos nuestra preocupación por el deterioro creciente del sistema de salud argentino a través de acciones tendientes a su desfinanciamiento y abandono progresivo.
Atendida la relevancia de una Agencia como la proyectada para el sistema de salud argentino, invitamos a los legisladores y legisladoras a propiciar un debate profundo y plural, con una participación amplia de todos los actores involucrados, para la elaboración de un proyecto de Agencia que responda a un modelo sanitario de equidad e inclusión social.
Área de Salud y Población, Instituto de Investigaciones Gino Germani
Asociación Civil Enclaves: Salud Mental y Derechos Humanos
Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Facultad de Ciencias Sociales, UBA
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Salud Mental Mauricio Goldenberg, Departamento de Salud Comunitaria, UNLa
Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación
Fundación Soberanía Sanitaria
Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP)
Fundación FOP
Grupo de Estudios Sobre Salud Mental y Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Gino Germani
Daniel Gollán, ex Ministro de Salud de la Nación
Juan Carlos Tealdi, Director del Comité de Ética y Programa de Bioética, Hospital de Clínicas, UBA
Mario Rovere, Director de la Maestría de Salud Pública, Universidad Nacional de Rosario
Alicia Stolkiner, Profesora e Investigadora UBA/ UNLa.
Gabriela Luchetti, Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional del Comahue
CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
Hospital Posadas: más de 90 despidos, cierre de servicios y militarización
El Hospital Posadas se encuentra en terapia intensiva. En las últimas dos semanas recibieron una oleada de 90 despidos, en todo el 2018 llegan a 300, y desde que Cambiemos asumió ya superan los mil (a fines de 2015, el hospital contaba con 4500 trabajadores). Estas acciones tienen sus consecuencias inmediatas: el centro de salud se quedó sin el servicio de cirugía cardiovascular infantil, y con la mitad de camas en la terapia intensiva pediátrica, por falta de profesionales.
Primero los cesanteados fueron informados por Whatsapp, después por llamadas, luego por telegramas donde les adjudicaban supuestas irregularidades no constatadas. Finalmente en las últimas horas la mayoría recibió un telegrama donde le afirman al trabajador que no se “ajusta” al “número óptimo que tiene que tener la plantilla”. Para Mirta Arceri, despedida de Terapia Intensiva Pediátrica tras 18 años de estar contratada, “es el achicamiento y vaciamiento del hospital”. En ese servicio tienen capacidad para 12 camas, pero sólo pueden usar seis, por ausencia de profesionales. “Ese servicio no lo tenés en otro hospital de Provincia, no podés decir ‘bueno, me voy a otro lugar’. Los chiquitos se quedan sin cama, y si la necesitan es porque tienen riesgo de vida”, agrega Arceri, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) del Posadas.
En el Posadas, el 85% es personal contratado, algo que sucede desde varias gestiones atrás, lo que también le permitió a la actual gestión despedir sin indemnización. Manuel Trímboli, despedido del sector de Suministros, sostiene que ya superan los mil cesanteados desde fines de 2015: “Sólo el primer año hubo 650. Y después se suman los despidos por goteo. Van desmembrando al hospital, rajan a gente que estaba a dos años de jubilarse. Hoy por ejemplo psiquiatría, obstetricia, enfermería, anatomía patológica, ya no están siendo operativos”. Para Trímboli, “hay una direccionalidad de desmembramiento del hospital, todo con una intención de privatización y tercerizaciones, como en el caso de cirugía cardiovascular”.
Este miércoles, la ya clásica marcha semanal de los profesionales alrededor del Posadas fue masiva: más de 400 profesionales se movilizaron. Y hubo una decena de jefes de servicio y especialistas que presentaron sus renuncias en solidaridad con los despedidos. Fue el caso de cirugía cardiovascular infantil, donde primero echaron a dos cirujanas. Ante esa decisión, el Jefe de Equipo (y flamante Secretario de la Fundación Posadas), el doctor Christian Kreutzer, presentó su renuncia. Le siguieron otros cinco cirujanos. Y el servicio quedó sin gente. Días atrás se había ido el director del Posadas, Jorge Palmieri, cuando la administración le adelantó que pensaban echar a 300 trabajadores del centro de salud, que ya hace más de un año se encuentra literalmente militarizado. Llevan concretado un tercio de esa cifra.
Sin embargo, Juan Ignacio Leonardi, director de Recursos Humanos del hospital, le respondió a los trabajadores que puede renunciar quien quiera “total tengo un montón de médicos latinoamericanos que por dos mangos van a venir a trabajar de monotributistas”, reproduce Arceri.
Mientras tanto, el desmantelamiento y vaciamiento de programas ya afecta el funcionamiento diario del hospital. El único cirujano de columna que quedaba fue echado. Lo mismo para el que realizaba un estudio auditivo para tratar el vértigo, a la única pediatra que hacía estudios funcionales en gastroentorología, y a los tres especialistas en atención a pacientes con síndrome de down. Y la falta de turnos se profundiza. “La semana reprogramaron 500 –afirma Arceri–. Viene el paciente a hacerse la cirugía y le informaron que el médico que se la iba a hacer fue despedido hoy. Y le reprograman para 4 meses. Y la salud se agrava”.
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