Argentina: el juez Bonadio procesa con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández
Un procesamiento cantado
Cristina Kirchner
fue procesada en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. La medida la dictó el juez federal Claudio Bonadio, quien pidió su desafuero y su detención. Además de la ex presidenta, fueron procesados el ex ministro Julio De Vido y Roberto Baratta, su segundo en el Ministerio de Planificación, junto a los empresarios que declararon en el expediente como imputados colaboradores. «No me sorprende», reaccionó Gregorio Dalbón, abogado de la ex mandataria.
El cargo que se le imputa a CFK es el de ser jefa de una asociación ilícita que recibía coimas de la obra pública. Su procesamiento fue dictado con prisión preventiva, medida que no se hace efectiva en virtud de sus fueros como senadora. Bonadio solicitó nuevamente por ellos que la ex presidenta sea despojada de sus fueros.
Hasta el momento, la causa tiene una veintena de imputados colaboradores, otros tantos detenidos y un prófugo: entre los «arrepentidos» se encuentra Centeno, ex chofer Baratta, así como empresarios y ex integrantes del anterior.
En su momento, el juez había informado que el expediente acumulaba «32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación», al tiempo que se realizaron «70 allanamientos» y secuestraron unos 6 millones de pesos y poco más de un millón de dólares.
En la causa fueron indagadas 52 personas y hubo 26 detenidos, de los cuales 11 recuperaron su libertad. 17 imputados declararon en calidad de «arrepentidos» y se resolvieron «15 acuerdos de homologación en forma positiva».
Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas
La ex presidente Cristina Kirchner fue procesada por el juez federal Claudio Bonadio en la causa judicial que se inició a raíz de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. El magistrado consideró a la ex mandataria «jefa de una asociación ilícita» por admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos.
El juez dictó la prisión preventiva de la ex presidente. Como es senadora, para que se concrete la detención a Cristina Kirchner deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos después de las 15. Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.
En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadio describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Para el juez se «hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados».
Bonadio señaló que: «Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos «retornos» o «coimas».
Y agregó :»Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban «inflados» en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República».
En la resolución Bonadio también procesó a empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación del kirchnerismo como Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.
De Vido y Baratta seguirán detenidos y López bajo el sistema de protección de testigos e imputados. También fue procesado el chofer Oscar Centeno, quien escribió detalles sobre el sistema de recaudación y declaró como arrepentido. Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y quien encabezó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los últimos tiempos del kirchnerismo, también fue procesado.
Entre los empresarios-en representación de compañías importantes como IECSA, Roggio, Esuco, Electroingeniería, Techint,etc- procesados, se encuentran Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra-primo del presidente Mauricio Macri-, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Juan Chediack, , Sergio Taselli, Enrique Menotti Pescarmona, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, entre otros. Los empresarios fueron procesados por dadores de dádivas y por casos de cohecho, es decir, por pagar coimas a funcionarios públicos. También fueron procesados el ex juez federal Norberto Oyarbide y al integrante de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández, ambos sin prisión preventiva.
El juez les dictó falta de mérito a los empresarios Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta. Y sobreseyó a Raimundo Peduto.
También declaró extinguida la acción penal por muerte para Néstor Kirchner-a quien se lo consideró como uno de los que armó la asociación ilícita- y a Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex presidente quien fue señalado por varios de los imputados como quien recibía los bolsos con dinero.
