Paz en Colombia: el ELN acuerda con el gobierno de Duque la entrega de nueve secuestrados
ELN y Gobierno acuerdan detalles para la entrega de nueve secuestrados
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la mañana de este martes, anunció que conoce la disposición del Gobierno Nacional sobre los mecanismos que se llevarán a cabo para la liberación de las nueve personas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, que se encuentran en su poder.
“Esta mañana nos enteramos de la disposición del gobierno para la entrega de los retenidos. Estamos esperando que por vía interna se tramiten las informaciones y gestiones pertinentes. En la medida en que se vayan dando avances de manejo público, se les irá socializando”, dijeron en un comunicado.
El anuncio lo hicieron una vez el Ministerio de Defensa, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, anunciaron que activaron los protocolos para la liberación de los nueves connacionales secuestrados por dicha guerrilla.
«Dichos protocolos incluyen los parámetros necesarios de seguridad que deben garantizar la vida de los secuestrados y la integridad de todos los intervinientes, así como de los miembros de la Fuerza Pública”, dijo el Ministerio de Defensa, además de anunciar que el ELN deberá entregar las coordenadas para hallar a las personas que están en su poder.
«En estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, tienen la obligación de dejar en libertad a los secuestrados de manera inmediata sin condicionamiento alguno», aseguró el Ministerio.
Por último, el Ministerio de Defensa reiteró el rechazo en relación al delito de secuestro “(…) enfáticamente rechaza su utilización como mecanismo para intimidar a los colombianos y chantajear al Estado de Derecho”.
El secuestro de las nueve personas se registró en las últimas dos semanas en los departamentos de Chocó y Arauca.
El primer rapto fue el 1 de agosto siendo la víctima Wilber Rentería, quien está adscrito al departamento de Policía de Chocó; el subintendente Luis Carlos Torres Montoya, adscrito a la Unidad Nacional de Policía para la edificación de la Paz (Unipep), el soldado profesional Jesús Alberto Ramírez Silva, el patrullero Yemilson Gómez Correa, también de la (Unipep) y dos civiles quienes adelantaban una misión social.
El segundo secuestro se presentó en la mañana del 8 de agosto en Arauca allí raptaron a Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando y Eduardo Caro Bañol, quienes se encuentran adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado número 18 general Gabriel Reveíz Pizarro.
El ELN le ha apostado y le seguirá apostando a la paz; tenemos la misma disposición con Duque
Nicolás Rodríguez Bautista, «Gabino», primer comandante del ELN, expone la postura de la guerrilla frente al futuro del proceso de paz.
Entrevista concebida al periódico Gara del País Vasco.
¿Cómo valoran el regreso del uribismo al Gobierno con más de diez millones de votos y que un candidato como Gustavo Petro lograse superar los ocho millones de votantes?
No es sorpresa que la extrema derecha haya ganado las elecciones. Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, sentenció hace más de 50 años que en Colombia el que cuenta los votos pone presidente; el sistema amarrado, clientelar y de maquinarias corruptas se impone. La verdadera sorpresa la dio Petro, que sin maquinarias ni dinero alcanzó más de ocho millones de votos, lo cual constituye un fenómeno no visto hacía mas de 40 años, cuando le robaron las elecciones a la ANAPO.
¿Hasta qué punto Duque tendrá o querrá tener margen de maniobra con respecto a Uribe?
Uribe es la figura destacada de una extrema derecha colombiana que creó el paramilitarismo en la década de los 60 y luego le abrió paso, de la mano de la Agencia Antidrogas norteamericana, al narcotráfico porque necesitaba dinero para sostener esos ejércitos privados que hacen el trabajo sucio basado en las masacres, el asesinato, las desapariciones… y no cargarle estos costos a las Fuerzas Armadas. Uribe por encima de Duque sigue representando esa figura siniestra que defiende la guerra como salida a la rebeldía y al descontento popular. Mientras Uribe sea un político, él es la figura, los demás son sus seguidores.
A tenor de la campaña presidencial y de los resultados electorales, ¿está Colombia viviendo una primavera política?
Esa primavera puede crearla un gran movimiento popular y social que supere los fraccionalismos e individualismos particulares; por ese movimiento debe apostar la Colombia del pueblo y los sectores medios. Lo demás es seguir en lo mismo. Las pasadas elecciones presidenciales dejaron dibujado el comienzo para fortalecer dicho movimiento de masas y no hay tiempo que perder.
¿Será posible llegar a la investidura de Duque con un acuerdo de cese al fuego bilateral?
Aun con todas las dificultades, el ELN le ha apostado y le seguirá apostando a la paz. El Gobierno de Santos, aun a punto de terminar, sigue encontrando en el ELN ese interlocutor para concretar la agenda pactada en el proceso de paz. La misma disposición tenemos para dialogar con el próximo Gobierno.
¿Está el ELN dispuesto a una suspensión de todas las actividades y a concentrarse bajo supervisión internacional, tal y como ha exigido Duque?
No. El ELN le ha reiterado al nuevo presidente que no acepta dialogar bajo condiciones que violentan la existencia de dos partes que deben sentarse a hablar sin condiciones.
El ELN ha afirmado que los resultados electorales «obligan» a todas las partes a seguir con el proceso de paz. ¿Qué está dispuesto a hacer el ELN?
En estos años de diálogos con el Gobierno de Santos se pactó una agenda, es decir, una hoja de ruta para alcanzar la paz, ese es el acumulado que el ELN coloca a disposición del Gobierno de Duque para continuar. Ese proceso está allí y ahora no se puede caer en improvisaciones; claro, no descartamos que puedan ajustarse asuntos puntuales, por eso, es que se necesita continuar el diálogo con el Gobierno entrante y nuestra delegación de diálogo está en esa disposición.
Si los diálogos prosiguen, éstos se harán con la parte más dura y reacia del poder. Expertos afirman que ello podría ser una mayor garantía para lograr un acuerdo sólido y de cara a su implementación. ¿Cómo afrontan esta nueva fase en el proceso? ¿Será más fácil negociar con aquellos que públicamente tanto se han opuesto al proceso con las FARC-EP?
Este diálogo se da entre enemigos que nos hemos enfrentado hace más de medio siglo sin que haya vencedores ni vencidos, esa es la realidad que nos tiene en la mesa de diálogos, buscar la paz para Colombia es el objetivo y lo asumimos con entereza con el Gobierno Santos y lo haremos con el Gobierno de Duque. Es mejor asumirlo en la práctica y luego sacar las conclusiones.
El proceso con las FARC, el incumplimiento de los acuerdos, la actuación de la Fiscalía… muestran en palabras del jefe de la delegación de ELN, Pablo Beltrán, un «Estado de fragmentación». ¿Cuáles son las claves para construir esa institucionalidad «coherente, confiable y sostenible» que demanda el ELN? ¿Tendrá este nuevo uribismo capacidad para hacerlo?
Toda mentira, incumplimientos y violación de los compromisos acordados niega la paz, genera incertidumbre y aumenta las desconfianzas. Lo ocurrido con las FARC-EP es la demostración de la existencia de un Estado fragmentado e incoherente, de espaldas a las mayorías que, además, asesina a los representantes de ella cuando reclaman justicia y cuestionan el desgobierno. Por eso se da el asesinato de líderes sociales y populares y las FARC han sido claras en su incertidumbre por los incumplimientos; así es la oligarquía colombiana. Solo un Estado que sea expresión de las mayorías, podrá superar la debacle existente en Colombia. Precisamente un proceso de paz debe tener ese objetivo. El uribismo con Duque en la Presidencia es «más de lo mismo».
En un reciente foro organizado en Donostia, académicos colombianos expusieron como ejemplo de que «sí es posible colaborar con el enemigo sin ser traidor» recientes encuentros celebrados en Cali y Medellín entre excombatientes de las FARC, paramilitares y gestores de paz del ELN. ¿Comparte el ELN esta visión? ¿Hasta qué punto pueden ayudar a romper la desconexión entre los mundos rural y urbano y a cambiar la percepción de una gran parte de los colombianos de que «están regalando el país a los terroristas»?
La paz para Colombia plantea cambios estructurales profundos porque el estado de cosas existente fue lo que produjo el levantamiento en armas, la rebeldía popular y las permanentes luchas. Producir esos cambios es lo esencial, lo demás son pañitos de agua tibia sobre una herida que representa un cáncer. De ese tamaño es la realidad y serán esos cambios, generados por la participación protagónica de toda la sociedad, sobre todo la excluida, marginada y violentada, los que conduzcan a Colombia a buen puerto. Todo esfuerzo que no vaya en ese camino y con esas dimensiones, es intrascendente para el pueblo y ganancia para sus enemigos. Ese es el reto para el pueblo y sus luchadores. Todo esfuerzo por la paz hay que valorarlo pero no podemos soslayar el énfasis de lo esencial.
‘No habrá cese bilateral mientras se cometan actos deplorables’
“Yo no he estado de acuerdo con que ahora pretendan algunos intimidar al país buscando ceses al fuego bilaterales mientras cometen actos que son deplorables y deleznable a la luz de cualquier ojo”, aseguró el presidente Iván Duque, refiriéndose tácitamente al Eln.
En la primera intervención ante la tropa, Duque afirmó que “nosotros lo que queremos es que todo aquel que se quiera desmovilizar, desarmar y reinsertar lo haga sobre la base de la suspensión inmediata de todas las actividades criminales”.
Estas declaraciones las realizó durante el reconocimiento de tropas del ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en la escuela militar José María Córdova.
Duque le exigió a la Fuerza Pública acciones contundentes contra redes criminales: “Les pido que hoy respondan con resultados al clamor de la ciudadanía. No queremos más ‘guachos’ ni cabecillas amedrentando a la ciudadanía”, dijo.
El jefe de Estado resaltó que estas fuerzas militares son las que bajo “ninguna circunstancia pueden aceptar que el secuestro, la extorsión y el narcotráfico sean considerados delitos conexos al político o mecanismos para financiar la rebelión”.
Guillermo Botero Nieto resaltó el papel de los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes calificó de “héroes” por enfrentar cada día las amenazas externas, el narcotráfico y redes criminales organizadas.
Botero dijo que estas Fuerzas serán garantes del respeto de los derechos humanos y refiriéndose tácitamente a la desmovilización del clan Úsuga, dijo que la orden es la desmovilización o entrega individual.
Y, si no es ninguna de esas dos posibilidades, aseguró, se buscará «su captura o en última instancia, ojalá no fuera necesario, su neutralización”. Esto, dijo «en el marco del respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
El ministro aseguró que se va a combatir con firmeza el narcotráfico en todos los eslabones que conforman este delito. «Las 209.000 hectáreas de coca que reporta el Departamento de Estado a 2017 son el caldo de cultivo de nuevas violencias como las que se vienen desatando en diferentes territorios del país», afirmó.
«No podemos mantener discursos justificativos del delito. Cultivar, procesar, traficar coca es un delito que destruye la juventud y la sociedad», agregó.
Aseguró que por eso volvió la lucha contra los cultivos ilícitos, «con la misma intensidad que desmantelaremos laboratorios, perseguiremos a quienes promueven el cultivo y compra de la pasta de coca y el clorhidrato de cocaína. Trabajaremos juntos todos, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General, Jueces y todo el Gobierno junto con los países aliados», afirmó.
El Gobierno retirará proyecto que limitaba participación política de Farc
El Gobierno Nacional retirará el proyecto de acto legislativo que establecía que «no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular (sic) quiénes hayan sido condenados en cualquier tiempo por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico».
Esta era una modificación al artículo 122 de la Constitución Política que propuso el gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dentro del paquete «anticorrupción» que presentó la semana pasada al Congreso.
Esta levantó polémica entre los defensores del Acuerdo de Paz con las Farc ya que limitaba evidentemente la participación de la cúpula de la exguerrilla en política.
«Este proyecto no sólo afectaría nuestra participación en política sino que nos impediría ocupar cargos públicos, violando así el acuerdo de paz y estableciendo restricciones discriminatorias e ilegales. Iván Duque ¿qué dice al respecto?», se preguntó Carlos Lozada, senador del partido Farc.
Este proyecto de acto legislativo buscaba, además, que los servidores públicos presentaran su declaración de renta no solo una única vez cuando se posesionaran, sino anualmente. Y, según comunicó el Ministerio del Interior, también pretendía «levantar la reserva de la declaración de bienes y rentas y de eliminar el carácter de información reservada».
A pesar de estas medidas «anticorrupción», el ministerio decidió este martes «retirar el proyecto, modificar el texto y presentarlo luego nuevamente al Congreso de la República» para analizar la parte que limita la participación política del partido Farc.
De hecho, aclaró que que «para dar mayor claridad al nuevo proyecto» se añadirá el artículo 2 del acto legislativo 1 de 2017, el cual indica que quienes se hayan desmovilizado, dejado las armas y se hayan presentado a la JEP «estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad». Es decir, el nuevo acto legislativo que presentará el Gobierno no buscará frenar la participación política de los guerrilleros desmovilizados.
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