Nicaragua: denuncian acoso de “paramilitares” a la opositora y excomandanta sandinista Mónica Baltodano
Represión contra excomandante Mónica Baltodano y su familia
La abogada defensora de derechos humanos Mónica López Baltodano denunció este lunes que sus padres, Julio López y la excomandante sandinista Mónica Baltodano, fueron interceptados el domingo por dos camionetas Hilux con paramilitares, luego de participar en un plantón por la liberación de los presos políticos.
“Mi padre Julio López y Mónica Baltodano, luego de estar en un plantón en el cual estaban expresando su solidaridad con los presos políticos, fueron seguidos por dos vehículos Hilux en los cuales iban paramilitares. Se detuvieron, se bajaron de los vehículos e hicieron un ademán de sacar un arma. Ellos (sus padres) tuvieron que hacer una maniobra con el vehículo para poder escapar del lugar y evitar ser agredidos”, relató la abogada.
Los padres de López participaron en la lucha armada contra la dictadura somocista en los años setenta —ella fue comandante—, son disidentes del FSLN y actualmente son críticos de Daniel Ortega.
López también denunció que desde el domingo comenzaron a circular en las redes sociales fotos de ella con el mensaje de que estaba arrestada en la delegación de Auxilio Judicial, porque le encontraron armas de fuego y explosivos, lo que ella negó.
“En las últimas 48 horas se ha intensificado una agresiva campaña de difamación, que pretende criminalizarme. Salen numerosas publicaciones que están divulgando personas afines al régimen, en las redes sociales, en las cuales se dice que fui capturada, que ya estoy en el Chipote por haberme encontrado con armamento y con explosivo”, dijo Lopez.
López también contó que desde hace varios días una patrulla de la Policía se mantiene rondando su casa, además de las amenazas que constantemente recibe a través de las redes sociales.
López cree que la intención es obligarla a dejar la lucha por la defensa de los derechos humanos de los presos políticos y su actividad en las protestas con el gobierno de Daniel Ortega.
Ver entrevista de NODAL
Mónica López Baltodano: “Gobierno me quiere detener, criminalizar y judicializar”
La abogada y defensora de los derechos humanos, Mónica López Baltodano denunció que el Gobierno de Daniel Ortega ha creado una intensa campaña en su contra, en la cual se le acusa de estar detenida El Chipote por portación ilegal de armas y explosivos.
Mónica considera que la campaña que se ejecuta en las redes sociales tiene como objetivo el detenerla, criminalizarla y judializarla por su función como defensora de derechos humanos y por estar al lado de diversas organizaciones de la sociedad civil que protestan en contra del Gobierno de Ortega.
«Hay una decisión del régimen Ortega – Murillo de agredirme por mi rol de defensora de los derechos humanos, todos saben que tengo cinco años acompañando al Movimiento Campesino Anticanal y ahora he estado apoyando como asesora a la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, en donde la mayoría de los jóvenes integrantes fueron sujetos de detenciones arbitrarias», manifestó Mónica.
Además, responsabiliza al Gobierno de Ortega de cualquier cosa que pueda sucederle a ella y a su familia, ya que este fin de semana sus padres (Mónica Baltodano y Julio López) fueron asediados por paramilitares a bordo de dos camionetas, luego de finalizada la marcha de autoconvocados en Managua.
Por otro lado, aseguró que las únicas armas que tiene es su pensamiento, convicción y compromiso con los sectores populares, también manifestó que denunció el hostigamiento a los organismos internacionales de derechos humanos que se encuentran el país.
“Cualquier cosa que me suceda ya sea una agresión a mi integridad física, detención arbitraria o desaparición, el único responsable se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo junto con todos sus agentes represivos».
Ante el asedio, Mónica López Baltodano, manifestó que no se irá del país a como miles de nicaragüenses lo han hecho, ya que está sumamente comprometida con la insurrección ciudadana.
«Yo no me voy a esconder, mi rol como defensora de derechos humanos lo voy a continuar hasta el final y no me voy a ir de Nicaragua, estoy totalmente comprometida con los objetivos de esta insurrección ciudadana, que es que tengamos derecho a vivir en paz y libre de violencia, además no voy a callarme, porque estaré al lado de los campesinos y estudiantes», enfatizó Mónica.
Gobierno de Nicaragua sigue bloqueando a la CIDH el acceso a los juzgados
Por enésima vez, funcionarios del poder judicial y el Gobierno de Nicaragua negaron el ingreso a los juzgados de Managua a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, durante las protestas cívicas en este país.
La primera vez que fueron impedidos de realizar su trabajo en los juzgados capitalinos fue el 14 de agosto de 2018, cuando las autoridades nacionales argumentaron falta de solicitud por escrito a través de Cancillería. Ahora con el documento en cuestión, igual no los dejaron pasar.
Esta vez, Claudia Paz y Amérigo Incalcaterra, miembros del GIEI Nicaragua, solicitaron por escrito el ingreso a los juzgados capitalinos, para estar presentes este lunes 27 de agosto durante el último día de juicio que se lleva contra los blufileños Brandon Cristofer Lovo y Glen Abraham Slate, pero nuevamente los guardas de seguridad no les permitieron entrar.
Ambos jóvenes están siendo procesados por supuestamente haber asesinado al periodista Ángel Gahona, el pasado 21 de abril en Bluefield, en el caribe norte de Nicaragua, mientras familiares de la víctima y de los procesados aseguran que no son ellos los responsables.
“Esperamos simplemente que haya una mala comunicación y que se aclare esa comunicación entre las instituciones del Estado. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hemos pedido y esa solicitud tiene que ser gestionada por la Asamblea. Tal vez no funcionen los teléfonos, los fax o internet”, dijo Incalcaterra.
Gobierno no cumple>/strong>
Los expertos expresaron que tienen casi dos meses de estar en Nicaragua y las autoridades aún no les han permitido tener acceso a los expedientes judiciales ni presenciar ni una sola audiencia de los procesados por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento a la circulación pública, entre otros delitos, por participar en las manifestaciones cívicas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Hasta el día de hoy desafortunadamente el Gobierno de Nicaragua ha incumplido con el acuerdo de permitirnos el acceso a los expedientes y juicios que estamos coadyuvando en la investigación” , dijo Claudia Paz, otra de las miembros del GIEI, que quedó plantada en el portón principal del Complejo Judicial Central de Managua.
Según Paz, la experiencia que han tenido en otros países que tienen el sistema penal acusatorio, como en Nicaragua, las audiencias de juicios son públicas y no comprenden esta excepción en Nicaragua.
“Las audiencias de juicio son públicas, todos los ciudadanos pueden acceder a las audiencias sin ningún requisito. Justamente la publicidad, la transparencia permite que todos los ciudadanos se enteren como se está impartiendo justicia”, dijo la experta.
Paz recordó que existe un acuerdo de colaboración entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el Gobierno de Nicaragua, para la investigación de los hechos de violencia ocurridos en ese período y por la cual fue nombrado este grupo de expertos con un mandato de seis meses.
“El caso del asesinato a Gahona ocurrió en el período que estamos autorizados a coadyuvar y solicitamos ingresar para estar presentes en el juicio. Es la segunda vez que venidos y nos dijeron que hicieramos una solicitud por escrito y así lo hicimos, pero igual no nos dejaron entrar”, dijo la miembro del GIEI.
El GIEI destacó en un comunicado, que la información solicitada a las autoridades sirve para “presentar el análisis técnico del Plan Integral de Atención a las Víctimas y sus familiares”.
ONU insiste en diálogo inclusivo
En una reunión con el canciller nicaragüense Denis Moncada, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, insistió en la importancia de que el diálogo nacional sea “verdaderamente inclusivo” y expresó su disposición de apoyar ese proceso, informó el portavoz del funcionario.
Guterres y Moncada sostuvieron una reunión este lunes en Nueva York, para abordar diversos aspectos de la crisis sociopolítica en Nicaragua, iniciada hace más de cuatro meses.
“El secretario general insistió en la necesidad de que se respeten por completo los derechos humanos de la población, y en la importancia de que el diálogo nacional sea verdaderamente inclusivo. El secretario general expresó la disposición de las Naciones Unidas para apoyar este proceso”, sostuvo el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric en una declaración enviada a periodistas.
La reunión entre Guterres y Moncada es la segunda en poco más de un mes. El primer encuentro fue el pasado 19 de julio, también en la sede central de Naciones Unidas.
¿ONU mediadora?
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha pedido a la organización que medie en un diálogo para tratar de buscar una salida a las protestas en contra de su Gobierno, pero la ONU por ahora no ha dado una respuesta pública.
“Cuando tengamos algo que anunciar, lo anunciaremos”, respondió Dujarric, cuando le preguntaron durante su conferencia de prensa diaria sobre el posible papel de mediación de la ONU.
El funcionario insistió en que el mensaje de Naciones Unidas sigue centrándose en la “necesidad de una solución políticamente inclusiva a la crisis y de una solución que no deje a nadie atrás”.
Moncada, mientras tanto, prefirió no responder a las preguntas de los periodistas y se limitó a señalar que su encuentro con Guterres estuvo “muy bien, una excelente reunión”.
Cuestionado por la marcha de las conversaciones, apuntó que estas van “muy bien, conversando”.
Desde abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra el Gobierno en el marco de una crisis que ha dejado 322 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno solo reconoce 198 fallecidos.
El mes pasado, la ONU ya consideró que el número de muertos es “totalmente inaceptable”.
“Hay una cosa evidente, el número de muertes es chocante y hay un uso letal de la fuerza por parte de entidades ligadas al Estado que no es aceptable”, dijo entonces Guterres en una conferencia de prensa durante un viaje a Costa Rica.
La organización dijo a finales de julio que estaba estudiando asumir un posible papel de mediación, pero no ha anunciado ninguna decisión al respecto.
Nuevo embajador de Nicaragua en Naciones Unidas
El Gobierno de Nicaragua nombró como representante del país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Sidhartha Marín, uno de los asesores del presidente Daniel Ortega.
“Nómbrese al compañero Sidhartha Francisco Marín Aráuz en el cargo de representante permanente de la República de Nicaragua con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la ONU, con sede en Nueva York”, informó el Gobierno en un decreto presidencial.
Marín se desenvolvía como asesor de Ortega desde junio de 2016, cuando dejó el cargo de embajador de Nicaragua en Ecuador.
El asesor presidencial sustituirá a María Rubiales de Chamorro, quien también fue cesada de su cargo como viceministra de Relaciones Exteriores.
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