La situación actual de la desaparición forzada en América Latina y el Caribe – Por Rodrigo Gómez Tortosa (especial para NODAL)

Por Rodrigo Gómez Tortosa * (especial para NODAL)

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido, fecha emblemática que fuese impulsada por los familiares de desaparecidos nucleados en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) en agosto de 1984.

La característica distintiva del delito de la desaparición forzada es la condición de delito continuado, es decir, que el delito se comete desde que desaparece la persona hasta que se conoce su paradero. En este sentido, la memoria, la verdad y la justicia requieren de un trabajo permanente por parte de los Estados para dilucidar qué paso, cómo pasó y sancionar a sus responsables. El Estado, por acción u omisión, es el único y principal responsable de las desapariciones forzadas; su responsabilidad esta así determinada en la Convención para la Protección de todas las Personas a la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Actualmente observamos con profunda preocupación que existen nuevas formas de desapariciones forzadas, las cuales se dan en contextos de movilidad humana voluntaria o involuntaria en la región.

FEDEFAM ha alertado en ámbitos internacionales que las personas que desean migrar a otros países o en casos de desplazamientos forzados por conflictos políticos tienden a aumentar el riesgo a sufrir desapariciones forzadas.

El ejemplo de mayor notoriedad pública internacional es la situación de las desapariciones forzadas en México. Desde el año 2006 a la fecha los casos de desapariciones forzadas se han generalizado y siguen cometiéndose de manera sistemática, sin que exista una verdadera voluntad política por parte del Estado mexicano para acabar con la comisión de esta grave violación a los derechos humanos.

De las 154 personas víctimas de desaparición forzada por motivos políticos en los últimos 11 años en México, cerca de 70% ha ocurrido en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa se ha convertido en la desaparición forzada colectiva más grave del México contemporáneo. Este caso permitió una visibilización nacional e internacional de la problemática, pero no se ha materializado en mejoras estructurales referidas a la investigación imparcial de las desapariciones. Sin duda, las declaraciones del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una Comisión de la Verdad que investigue en profundidad lo sucedido son una esperanza, no sólo para el pueblo mexicano sino que comprende un faro de luz para toda la región, por lo que debemos estar atentos a este nuevo proceso.

Respecto a la Argentina, son denunciados constantemente por los organismos de derechos humanos los retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia a partir del desfinanciamiento por parte del Estado de áreas sensibles como programas destinados a la promoción de la investigación de los delitos de lesa humanidad. Son condenables las notorias dilataciones por parte de la Justicia argentina en procesos judiciales vinculados a los delitos de lesa humanidad. Se requiere que el Estado argentino disponga de los recursos económicos necesarios para que los tribunales realicen sus tareas en óptimas condiciones y de este modo las víctimas y familiares de detenidos desaparecidos obtengan una reparación integral. Preocupa especialmente que la Justicia argentina pueda otorgar prisión domiciliaria a represores cuando estas no correspondiesen y se utilice este mecanismo como un instrumento de impunidad.

Respecto a los avances de la región en materia de desapariciones forzadas, es un logro de las asociaciones de familiares la puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad del Estado Plurinacional de Bolivia en su esfuerzo por arribar a la verdad, la justicia y la reparación de las personas desaparecidas durante la dictadura militar. El presidente Evo Morales ha dotado de autonomía y designado a personas de altísimo reconocimiento social –entre ellos la presidenta de la Comisión Nila Heredia-, quienes tienen la ardua tarea de investigar lo que pasó 40 años atrás.

Respecto a Honduras, podemos afirmar que los avances en cuanto a las investigaciones son débiles a nulos. El Estado no ha asumido sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar el combate a la impunidad y las medidas de no repetición. Honduras no ha dado respuesta acabada de los 184 casos de desapariciones forzadas que se dieron desde finales de 1970 hasta principios de los `90.

En esta línea de retrocesos se encuentra Chile, dado que su Corte Suprema ha dictaminado la prisión domiciliaria de algunos de los pocos represores que tienen condenas firmas. Un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó duramente el fallo y expresó que los delitos de lesa humanidad por su gravedad deben tener consideraciones claras por parte de la Justicia que garanticen la no repetición de tan aberrantes hechos.

Es necesario recordar que la búsqueda de las víctimas, pruebas e información en nuestro continente recayó en los familiares, ya que las únicas pruebas son ofrecidas por ellos ante la falta de respuestas por parte de los Estados. Muchas autoridades, tanto civiles como militares, se niegan a colaborar con las autoridades investigadoras. Por esto, en esta fecha no queremos dejar de recordar y abrazar la memoria de quienes día a día luchan contra este flagelo en cada uno de los países, a los familiares y defensores de derechos humanos que se comprometen en pos de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

* Abogado y Politólogo. Miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) y directivo en Steering Committe de la International Coalition Against Enforced Disappearance (ICAED) @rodagt

Colaboración y Fotografía: Paz Aner