Francia Márquez, lideresa afrodescendiente colombiana: “El conflicto armado también es consecuencia del racismo estructural”

Francia Elena Márquez Mina es lideresa afrodescendiente, fue desplazada de su pueblo en 2014 tras recibir amenazas por participar de las movilizaciones en contra de la gran minería. Integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, en el Norte del Cauca. Participó como víctima en las audiencias en La Habana, en las negociaciones Gobierno-FARC. Actualmente es integrante del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, instancia destinada al seguimiento de los acuerdos de paz.

Recientemente Francia recibió el premio Goldman, un reconocimiento a las iniciativas comunitarias por proteger y mejorar el medio ambiente. Esta entrevista hace parte de “Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018)”, libro lanzado en abril durante la Feria del Libro de Bogotá.

Usted, su familia y su comunidad fueron víctimas del conflicto armado. ¿Se siente satisfecha con los alcances del acuerdo de paz firmado en La Habana?

El proceso que se dio en La Habana es importante en términos de disminuir el conflicto armado, que ha afectado sobre todo y de manera desproporcionada a los pueblos étnicos, afros e indígenas. Digo que es importante porque a nuestros pueblos les ha tocado vivir en medio del conflicto armado. Fuimos nosotros los que vivimos los enfrentamientos, las tomas guerrilleras en muchos de municipios, la siembra de minas antipersonas, el desplazamiento forzado… Lo hemos vivido como pueblo afrodescendiente, y creo que desde allí hemos considerado importante el proceso que se dio.

Los acuerdos en sí no son la paz. Son un paso, un camino para orientar el rumbo de conseguir una paz estable y duradera en este país, pero no son en sí mismos la paz. Para mí la paz implica inversión social, transformación de las brechas que han generado el conflicto armado, y esas brechas son el empobrecimiento, el despojo territorial de las comunidades, la implementación de megaproyectos que han empobrecido a la gente en sus territorios y que en nombre del desarrollo han terminado destruyendo la vida de mucha gente. Por eso para mí la paz tiene que ver con la justicia social, y si hablamos de justicia social eso implica hacer una revisión de la historia, porque el conflicto armado contemporáneo, para nosotros como pueblos, es parte del conflicto histórico colonial, por tanto hacer la paz implica erradicar las brechas de desigualdad generadas por la colonización y el racismo estructural, enfrentar las injusticias generadas por la esclavitud y la colonización, las generadas por el conflicto armado e injusticias ocasionadas por las violencias del Estado.

Esas brechas de desigualdad son las que han generado que hoy haya cientos de víctimas afrodescendientes indígenas y campesinas en este país, cientos de desplazados de sus territorios; esas brechas no se han cerrado. En el país existe el Decreto 4635 del 2011 que se creó para víctimas afrodescendientes, y sin embargo hoy, en términos de reparación colectiva, no hay una sola comunidad afrodescendiente que se haya reparado en forma integral. Lo que se ha entregado han sido indemnizaciones económicas, pero no el restablecimiento de los derechos de la comunidad. Yo salí desplazada forzosamente del territorio hace ya 4 años y nunca recibí ningún apoyo del Estado. Lo único que recibí fue un esquema de protección, pero de ahí en adelante, en términos de asistencia y de restablecimiento de los derechos, nada. Una esperaría que la paz que se estuviera dando en el país le permitiera regresar a su territorio, pero hoy no tengo garantías para decir que voy a retornar a mi territorio de forma segura. Mucha gente que ha salido desplazada de sus territorios hoy no tiene las garantías reales para volver y retornar. Eso quiere decir que el acuerdo firmado en La Habana es insuficiente, no porque no se hayan firmado puntos importantes, sino porque no hay garantías en términos de la aplicación desde el Gobierno nacional.

Como víctima estuve en La Habana en los diálogos de paz, y desde mi condición de mujer afrodescendiente, racializada y victimizada en este país, creo que avanzar en la paz en este país implica cerrar las brechas que ha generado el racismo estructural; eso implica pensar en reparación histórica, y en este país de eso no se habla, ni siquiera hay la posibilidad de que la gente empiece a discutir sobre el tema. Por eso para mí es insuficiente el proceso de paz. Como comunidades y pueblos afrodescendientes hicimos un capítulo étnico que no ha tenido ningún efecto en términos de cambiar las condiciones de vida de la gente ahora, en tiempos de paz, por así decirlo. Entonces, le corresponde a la sociedad construir la paz; desde ahí nosotros seguiremos empujando estos procesos. La paz hoy no ha llegado a los territorios étnicos, afros. Todos los días siguen matando gente en nuestros territorios… Si bien el número de enfrentamientos entre actores armados disminuyó, el número de líderes y lideresas asesinados, de jóvenes asesinados, de mujeres asesinadas en nuestros territorios, de comunidades que resisten, no ha disminuido. Desde ahí podemos decir que la paz no es una realidad en nuestras comunidades, en nuestros territorios.

¿Por qué cree que tras los acuerdos de La Habana y la entrega de armas de las FARC los asesinatos de líderes sociales se incrementaron?

Yo creo que hay varias razones por las que todavía se sigue asesinando a líderes y lideresas en los territorios. Si bien se ha avanzado en la dejación de las armas por parte de las FARC, el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional está haciendo que muchos actores armados estén promoviendo eso que llaman las «disidencias». Varios jóvenes e integrantes de estos grupos se han ido saliendo porque no ven garantías, no hay cumplimiento de la palabra por parte del Gobierno nacional. Por otro lado, la mesa de diálogos con el ELN no ha logrado avanzar. Todavía el ELN y el Gobierno con su fuerza armada se siguen enfrentando en territorios donde la gente sigue sufriendo y se sigue desplazando forzosamente. En esos mismos territorios se siguen asesinando a líderes y lideresas, porque el paramilitarismo no se ha desmontado.

Muchos de los líderes y lideresas han sido asesinados por la decisión de defender los territorios como espacio de vida, por defender el medio ambiente, la vida. A los líderes y lideresas los están matando por tener una posición clara de defensa del territorio. En Buenaventura, por poner el caso de Temístocles Machado, a él lo asesinaron porque estaba teniendo una pelea con el Puerto de Buenaventura que estaba despojando a la gente de sus territorios ancestrales. Yo salí de La Toma, el lugar donde vivía, porque decidí enfrentar la minería a gran escala, la minería ilegal, auspiciada por la corrupción institucional. Entonces a nosotros nos persiguen, nos amenazan y nos matan, porque quienes nos hemos estado oponiendo a ese modelo de desarrollo de muerte somos un estorbo para los intereses de muchos privados que, en nombre del Estado, dicen que nos oponemos al desarrollo.

En últimas una dice, ¿cuál desarrollo, si en nombre del desarrollo nos expropian, en nombre del desarrollo contaminan, en nombre del desarrollo generan grandes impactos sociales, pero no generan mejores condiciones de vida? Hoy no tenemos salud, no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento básico… En este país hay alrededor de 80 ríos envenenados con mercurio, ¿entonces cuál desarrollo? A muchos de los líderes sociales los están matando actores armados con complicidad institucional, porque el Estado no hace nada para evitarlo. El Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, tiene la responsabilidad de garantizar la protección a todos sus ciudadanos, pero no hace nada. Todos los días toca lamentarse por el asesinato de un líder o lideresa, pero no sólo eso, porque también los jóvenes están siendo asesinados. En el oriente de Cali, por ejemplo, se ve cómo la violencia rural se ha trasladado a la ciudad: en una semana han matado a 11 jóvenes.

¿Cree entonces que las FARC podrían haber llegado a un mejor acuerdo, y que el ELN debería ser más exigente en el reclamo de garantías y cumplimientos por parte del Estado?

Mucha gente dice que los acuerdos quedaron así por la correlación de fuerzas de dos partes en conflicto sentados en una mesa. De eso yo no entiendo mucho… Creo que frente al tema de recursos mineros faltó mucho más, sobre hidrocarburos y sobre explotación de minería faltó, eso no fue discutido en La Habana y no sé si con el ELN se va a discutir. Ahora el ELN ha planteado la necesidad de la participación de las comunidades, participación directa de distintos sectores sociales, y ha planteado que cada acuerdo que se haga se vaya implementando. Las FARC hicieron su papel. Como comunidades étnicas llegamos a última hora, porque el Gobierno había planteado un no rotundo a la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en el proceso de paz, bajo el argumento de que el acuerdo que se estaba haciendo en La Habana era un acuerdo general, que por eso como pueblos étnicos no teníamos el derecho a participar allá y que los derechos nuestros ya estaban reconocidos en la Constitución. Sin embargo, creo que ese argumento del interés general ha sido un argumento para expropiar los derechos de la gente, para violentar los derechos de los pueblos que «somos particulares». Como si la protección de la diversidad étnica y cultural en esta nación no fuera parte de interés general, ese ha sido un argumento racista para excluir y destruir.

En nombre del interés general se han concedido títulos de explotación minera sin consulta previa, en el marco del conflicto armado, en territorios étnicos sin ningún control y sin ninguna condición más que la del desarrollo. Porque según ellos el desarrollo es el interés general, entonces hay que violentar los derechos de un pueblo específico, de una comunidad específica. Ese fue el argumento para decir que no había que participar y bueno, nosotros creamos una comisión étnica a la que llamamos Comisión Étnica para la Paz. Desde ahí empezamos a hacer incidencia para poder presionar hasta que, a última hora, al momento de firmar el acuerdo, quedaron tres páginas de las que hacen parte unas reglas, unos principios y unos mecanismos de cómo se deben implementar los acuerdos en territorios étnicos. Ahora que se hizo el plan marco, no sé si refleje las garantías reales para que los acuerdos de paz se implementen con ese enfoque diferencial que se planteó en el capítulo étnico. Creo que estamos ante un desafío muy grande. Toca seguir empujando la paz, pero sobretodo seguir construyendo la paz desde nosotros, porque no creo que sean los actores armados quienes vayan a construir la paz, creo la paz la debe construir la sociedad colombiana.

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante estos últimos ocho años?

Me resulta increíble entender que en una sociedad como la nuestra todavía haya gente oponiéndose a que se pueda hacer un proceso de paz, estable y duradero. Esa paz, repito, no está terminada con los acuerdos, pero los acuerdos son un paso importante. Me da tristeza saber que los que lucraron con la violencia, con la guerra, con el desangre de muchas vidas, con la destrucción de nuestros territorios, hoy sean quienes se oponen a ese proceso de paz. Gente que nunca ha vivido la violencia y la guerra real, porque estaban en la ciudad o porque solo vieron la guerra por la televisión: esos son los que salen hoy a decir que hay que volver añicos los acuerdos, porque es más fácil para ellos seguir generando violencia, porque no son ellos quienes han puesto los muertos. Los muertos de un lado o de otro salieron de nuestros territorios, de nuestras comunidades empobrecidas y marginadas; fueron los hermanos nuestros, los sobrinos, los amigos, los compañeros, los que fueron a la guerra a hacer una guerra absurda; no fueron los hijos de los millonarios, y ahora son ellos los que más se oponen a este proceso.

Es triste ver cómo han polarizado al país, como han fraccionado a la comunidad y sobre todo cómo han puesto a la gente más empobrecida a defender una ideología estúpida y absurda que no permite tener bienestar. También han usado la fe religiosa, entonces vemos a los que hablan de Dios y a los que profesan el amor, promoviendo el odio frente a un sector «x», que cometió errores, pero que hoy está dispuesto a abrirse camino para transformar esas realidades.

El acuerdo estableció 16 curules para las comunidades que habían vivido hechos victimizantes, para los ocho millones de víctimas que tiene este país, para que tuvieran una voz allá y para que de alguna manera esa voz fuera parte del pago de esa deuda histórica y esa reparación. Pero los sectores que se oponen a la paz simplemente terminaron diciendo que eso no está bien, que las víctimas no tienen derecho a tener voz allá. Quienes tienen derecho a hablar por las víctimas son los mismos victimarios.

Tras 60 años de conflicto armado —para ellos, porque para nosotros son 500 años—, en donde en este continente no ha parado la violencia, para los pueblos originarios, llamados indígenas hoy, la violencia no empezó ahora, ha sido una violencia histórica que no ha parado. Visiono un futuro muy incierto, pero seguiremos caminando, tejiendo caminos de esperanza y de vida digna para nuestros pueblos, para este país y para el mundo.

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