Ecuador: la eliminación del Ministerio de Justicia preocupa a defensores de DDHH
La eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como lo dispuso el presidente Lenín Moreno, sería un “retroceso en materia de derechos humanos”, consideran activistas de esa área.
El ministerio fue creado por el exmandatario Rafael Correa, el 14 de noviembre de 2007, y entre las principales funciones estaban la rectoría del sistema penitenciario del país, antes en manos del Ministerio de Gobierno (hoy del Interior), e impulsar la implementación de mecanismos de difusión de derechos humanos. Luego se sumaron otras responsabilidades como establecer los acuerdos de reparación integral de las víctimas de violación de derechos humanos y presidir el Consejo para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI.
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Y la preocupación de Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por los Derechos Humanos; de Harold Burbano, especialista en derechos humanos; y de Julio César Cueva, especialista en derecho penal, radica en desconocer qué entidad asumirá las funciones del Ministerio de Justicia.
El Decreto 491 de Moreno da 30 días para que la Secretaría Nacional de Planificación y las secretarías General y Jurídica de la Presidencia definan los mecanismos de la optimización del aparato estatal, lo que incluye la derivación de las funciones de este ministerio.
Desde su creación, ocho funcionarios pasaron por el ministerio. El último es Paúl Granda, secretario de Gestión Política, a quien Moreno le encargó las riendas de la entidad una vez que Rosana Alvarado presentó su renuncia al cargo.
“Es un retroceso, sin duda, a un tratamiento especializado y técnico sobre la problemática carcelaria; no hay visos de que haya una entidad, como el Ministerio de Justicia, como lo señala la ley…”, dice Navarrete.
Burbano asegura que aun con el Ministerio de Justicia vigente algunos problemas dentro de las cárceles no se han resuelto, por lo que al desaparecer la situación podría agravarse. Y cita como ejemplo las extorsiones dentro de los reclusorios relacionadas con los cambios de pabellones.
La existencia de un Ministerio de Justicia era bueno, sostiene Burbano, para el cumplimiento de la Constitución y de los derechos humanos, por lo que rechaza la posibilidad de que las funciones de esta cartera de Estado sean transferidas al Ministerio del Interior.
“Se quiere reducir costos y en ese sentido se ha escuchado a varios miembros del Ministerio del Interior que se va a juntar tanto el cuerpo de agentes penitenciarios con la Policía, y esto desde el punto de vista de los derechos humanos es preocupante…”, sostiene Burbano.
Cueva también está en desacuerdo con la posible fusión y señala que el entrenamiento de ambos grupos de uniformados es diferente, y que muchos de los atentados contra los derechos humanos son cometidos por la Policía. “Vas a tener policías que están preparados para reprimir manifestaciones y dentro de las cárceles tal vez sirvan por un motín, pero con policías preparados para combatir la delincuencia puede ocurrir lo que pasó ayer (jueves pasado, en Mascarilla, Imbabura), que un policía le disparó a una persona por la espalda…”.
Gina Godoy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, señala que la fusión con el del Interior no ha sido confirmada por Moreno. Y “todavía no hay ningún decreto de parte del presidente tomando decisiones de a dónde se remiten las competencias de Justicia”.
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