Colombia: «Somos víctimas del Estado», denuncian las Madres de Soacha tras la primera audiencia por falsos positivos
No somos víctimas del conflicto, somos víctimas del estado: madres de Soacha
10 años después de que las madres de Soacha empezaran a vivir la tragedia que había tocado a sus familias, un grupo de estas mujeres asistieron a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para ver las caras de los responsables de la pérdida de sus hijos, quienes fueron citados para ratificar su compromiso de aportar a la verdad de estos hechos.
A pesar del tiempo que ha pasado, estas mujeres aún se sienten víctimas de un macabro plan que involucró a cinco de sus hijos en una estrategia para aumentar los resultados positivos en el lenguaje militar, de la Brigada Móvil Número 15, que operaba en Ocaña, Norte de Santander.
Entre enero y febrero de 2008 un grupo de militares empezó a reclutar jóvenes del municipio cundinamarqués con promesas de trabajo en Norte de Santander. En ese proceso fueron contactados Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, quienes llegaron ilusionados por un mejor futuro, pero allí fueron conducidos a un peaje en donde fueron asesinados y presentados como bajas de un supuesto combate contra una banda criminal.
Por estos hechos, en abril del 2017, fueron condenados 21 militares a penas entre 37 y 52 años de cárcel por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada.
Sin embargo, 14 de estos uniformados, en febrero pasado, solicitaron ser acogidos en la jurisdicción de la JEP, petición que fue aceptada por la sala de definición de situaciones jurídicas y en ese proceso fueron convocados este viernes para notificarse oficialmente del inicio del proceso en su contra en la justicia transicional.
Los militares que se presentaron fueron el mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, privado de la libertad en guarnición militar; el sargento Medardo Ríos Díaz, en libertad condicional; el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, recluido en la guarnición militar de Puente Aranda; el cabo Richar Armando Jojoa Bastidas y los soldados profesionales Mauricio Cuniche Delgadillo, John Anderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez, Ferney Grijalba Flor, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Luis Alirio López, Nixon Arturo Cubides y José Adolfo Fernández Ramírez.
Estas personas, tras aceptar su compromiso con la verdad y reparación, quienes además pidieron perdón a los familiares de las víctimas, ahora quedan a la espera de empezar a recibir el beneficio de libertad condicional, estipulado como parte de los acuerdos de paz.
PIDEN QUE ALTOS MANDOS RESPONDAN
“La verdad que ellos van a decir no es una verdad auténtica. Queremos que, por medio de la JEP, si es posible, aparezcan los verdaderos culpables, que no nos vayan a decir que fueron solo ellos y que nos pidan perdón, porque no lo vamos a aceptar. Los altos mandos tienen que presentarse aquí y ellos son los que tienen que pedirnos perdón públicamente, para esclarecer que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Nosotros no estuvimos ni somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Estado”, dijo Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
Por su parte, Jackeline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, recalcó que en los últimos años además fueron revictimizados con amenazas y desplazamientos forzados ante la insistencia en obtener justicia.
“La inseguridad de nosotros ha aumentado sabiendo que todos los implicados pueden quedar en libertad. Además, es triste saber que ellos obtienen beneficios cuando nosotros estamos abandonados por el Estado”, manifestó Castillo.
Entre tanto, Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, joven especial de 26 años, pero con mentalidad de un niño de 8, reclamó por la falta de solidaridad del Gobierno con los gastos funerarios de sus familiares.
“Debemos los costos de 10 años de los lotes en el cementerio de Soacha. También debemos el traslado de los restos. En mi caso, además, me entregaron unos restos que no son los de mi hijo, en este momento aún lo estoy buscando”, declaró Bernal.
Así fue la primera audiencia de la JEP que reunió a víctimas y victimarios
Cinco madres de Soacha en un lado y en los otros 14 miembros de las Fuerzas Militares que ya fueron condenados por la justicia ordinaria. Esa era la imagen que tenían al frente los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que convocaron a una audiencia para recordar el régimen de condicionalidades y para escuchar de viva voz que los militares se comprometen a contar la verdad.
Fue un procedimiento que duró cerca de 6 horas y en el que por primera vez se reunieron víctimas y victimarios en la JEP. Una audiencia nada fácil, según Luz Edilia Palacio, madre de Diego Palacio, una de las víctimas.
«Yo lloré, yo lloré, porque siempre ha sido muy llorona y pues llegué al punto de que me tocó llorar viéndolos al frente porque también ellos son de carne y hueso. Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué me mataron a mi hijo tan villanamente? ¿Por qué se lo llevaron con mentiras para matarlo?», dijo.
11 soldados, un suboficial y dos oficiales formalizaron su sometimiento, entre ellos el teniente en Coronel en retiro, Gabriel de Jesús Rincón, quien habría autorizado que jóvenes de Soacha fueran reclutados y llevados hasta Ocaña, Norte Santander y que se pagara un millón de pesos por cada uno. Rincón pidió perdón.
«Desde ya y como siempre lo ha manifestado pido perdón a todas y cada una de las víctimas directas e indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado a la gran mayoría de las personas en Colombia un dolor en sus corazones”, dijo.
Pero ese no es «el perdón» que quieren las madres de Soacha, lo que ellas quieren es que digan quienes ordenaron estas ejecuciones. Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
«Hoy no vamos a recibir un perdón así como así. Perdóneme y ya, no. Queremos una verdad y queremos tener un culpable. Los altos mandos tienen que presentarse acá y ellos son los que tienen que pedirnos un perdón delante de todos, para que se den cuenta de que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes», afirmó.
Incluso, Luz Marina Bernal, otra de las madres habla del gobierno que estuvo en el 2008: «Tampoco podemos evadir la responsabilidad de Juan Manuel Santos como ministro de Defensa en el 2008, donde lamentablemente en caso Soacha es el que se convierte en un caso emblemático por haber destapado una política sistemática con el mismo modos operandi».
El abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba señaló que «tienen que dar razón de los máximos responsables, tienen que dar razón de las políticas que animaron este tipo de crímenes, llámese seguridad democrática o llámese cualquier otra política, porque solo así se asegura una justicia interna que no permita la entrada de la Corte Penal Internacional».
Esta sin embargo es una diligencia con la que se inicia un largo proceso que solo tiene en cuenta 5 casos de las madres de Soacha, y donde se debe se aplicará el régimen de condicionalidad que hoy aceptaron los militares. Es decir, el compromiso de verdad.
