Causa de los cuadernos: el Senado argentino debatirá mañana el allanamiento a Cristina Fernández
Dictamen del Senado por allanamientos de despacho y domicilios de CFK
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió hoy un dictamen que autoriza los allanamientos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero pone como condición previa que el juez Claudio Bonadio remita los fundamentos de la medida antes de que se vote el próximo jueves.
En el dictamen que firmaron todos los senadores de Cambiemos que integran la comisión, y algunos legisladores del Bloque Justicialista, se incluyó ese punto como condición para que el Senado decida luego por votación si autoriza o no los allanamientos en la sesión convocada para el próximo jueves a las 11:00.
El procedimiento es en el marco de la investigación por la causa de los cuadernos que revelaron detalles sobre supuestas coimas en la obra pública durante la gestión de la expresidenta. Fuentes judiciales precisaron además que la solicitud es para realizar operativos sería en tres domicilios: el de Río Gallegos, otro en El Calafate y un tercero en la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión de la comisión -que no contó con la presencia de Cristina Kirchner pese a ser integrante- se tomó luego de que el kirchnerismo cuestionara la ausencia de los fundamentos en el oficio que el juez federal envió al Senado en el marco de la causa.
En el dictamen también se dispuso que la autorización sea únicamente para esos tres domicilios de la senadora por la provincia de Buenos Aires, y se le requiere al juez federal que respeta el «derecho a la intimidad» y el «decoro» en caso de que se lleve a cabo el operativo.
Al inicio de la reunión, el oficialista Federico Pinedo afirmó que la posición del interbloque Cambiemos «es no entorpecer la Justicia» y, por lo tanto, permitir los allanamientos. De todos modos, advirtió que «sería deseable en lo futuro que todos los jueces sepan que se debe actuar resguardando la acción legislativa» así como «fundamentar los pedidos de allanamiento en todas las causas» que afecten a un legislador.
A su turno, Anabel Fernández Sagasti del Frente para la Victoria sostuvo que «este oficio no tiene ni siquiera los requerimientos legales que establece el artículo 224 del Código Procesal Penal, que es tener los fundamentos por los que se entiende que hay pruebas en los domicilios que se quieren allanar». «Estaríamos bajando el estándar republicano y quedaríamos a merced de cualquier causa espectacular como esta», advirtió la mendocina, visiblemente molesta con la situación, y agregó: «Acá no hay nada que ocultar, pero pedimos que a la legisladora se le respeten, como a cualquier ciudadano, sus garantías constitucionales», opinó.
En una extensa exposición, Fernández Sagasti vinculó la causa que lleva adelante Bonadio con una supuesta necesidad del Gobierno de «tapar el desastre económico» pero también, de forma elíptica, con el peronismo no kirchnerista y el Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto. «Este mamarracho de causa tiene también intereses de un grupo de opositores funcionales al Gobierno de (el presidente Mauricio) Macri, que se han visto pegados como dadores de gobernabilidad a un Gobierno que en materia económica no pega una. Está en sus ideas proscribir a la persona que más votos tiene en la oposición», disparó la mendocina. Además, Fernández Sagasti recordó que «Bonadio fue denunciado por la legisladora» Fernández de Kirchner y que por esa razón «él mismo debería haberse apartado de la causa».
A su turno, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, advirtió: «El tema central no es lo que va a hacer Bonadio, sino si esta comisión entiende que lo que se ha presentado es suficiente para autorizar el allanamiento de cualquier legislador de esta casa. Es una línea delicada que si los legisladores están dispuestas a traspasar, implica una ausencia absoluta de reglas».
La idea de firmar un dictamen con condiciones para el juez surgió del oficialista Ernesto Martínez, luego de la defensa que llevó adelante el kirchnerismo, al solicitar a la presidencia de la comisión que «pida al juez todos los elementos que harán posible una votación cabal». Es propuesta fue respaldada por los justicialistas Rodolfo Urtubey, que firmó el dictamen, y Mario Pais, quien no dejó su rúbrica estampada en el despacho de comisión porque quiere «esperar a que lleguen los fundamentos», según indicó en declaraciones a Noticias Argentinas.
Las firmas o la falta de ellas por parte de los representantes del Bloque Justicialista en la comisión obedecen a las diferencias internas que se dieron en esa bancada frente al pedido de allanamiento enviado por el juez Bonadio, en la reunión que mantuvieron previamente, informaron fuentes de esa bancada.
Cuadernos de las coimas: un ladero kirchnerista, un operador judicial y un nuevo arrepentido
La segunda jornada de la ronda de indagatorias por el escándalo de los cuadernos de las coimas sumó: un nuevo arrepentido, las presentaciones de un ex funcionario, de un ladero kirchnerista, y de uno de los hombres señalados como responsables del manejo de la justicia durante la era K, y de un empresario ligado al grupo Pescarmona. Al tiempo que se acumularon las especulaciones sobre lo que puede suceder mañana, para cuando está prevista la declaración del ex juez Norberto Oyarbide y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli. Las indagatorias fueron ordenadas por el juez Claudio Bonadio e incluyen también al ex ministro Julio De Vido y a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
El inicio del día estuvo marcado por la presentación del ex secretario de Minería durante el kirchnerismo, Jorge Mayoral, quien negó vínculos con los empresarios involucrados en el caso. Mayoral aseguró que no sólo no los conoce, sino que ni hizo, ni recibió, pagos ilegales. El nombre del ex funcionario apareció en los cuadernos escritos por el ex chofer Oscar Centeno, en las anotaciones correspondientes al 19 de julio de 2013. Allí, Centeno detalló que el ex subsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, retiró una caja de zapatos con dinero de la Secretaría de Minería que estaba a cargo de Mayoral.
Mayoral llegó a esta instancia procesado en otros dos expedientes en lo que va del año. En abril fue procesado por el juez Sebastián Casanello, por “abuso de autoridad”, en el marco de la causa por el derrame de Veladero, en San Juan, ocurrido en 2015. En tanto que, en febrero pasado, fue procesado junto a Julio De Vido y el propio Baratta, en el marco del expediente que investiga los desmanejos en la construcción de la mina de Río Turbio. Ahí, el juez Luis Rodríguez los consideró «partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública».
Después fue el turno del miembro de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández, quien ingresó al juzgado de Claudio Bonadio pasadas las 9:30 de la mañana y declaró por más de tres horas. Fernández, que llegó acompañado de su abogado, Domingo Montanaro, dejó documentación de la AGN. La entró en una valija, lo que alimentó sospechas de que podría dar por descontado que quedaba detenido, algo que él descartó de plano. Más tarde en diálogo con el diario La Nación, negó la información que figura en los cuadernos y aseguró: “jamás entregue una valija y un bolso, y no conozco a los empresarios».
Cuando todavía Fernández estaba adentro, quien llegó al cuarto piso de los tribunales de Retiro fue Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner y hombre de su máxima confianza. Faltaban apenas tres minutos para las 11, la hora en que estaba citado. Ulloa entró sonriente al juzgado de Bonadio, acompañado de su abogado, Adrián Tenca, que ya actuó como defensor de femicidas como Jorge Mangeri y Fernando Farré. Tras más de una hora adentro, Ulloa se retiró sin haber declarado y habiendo negado los cargos que se le imputan.
En paralelo, en el edificio de Retiro estaban Francisco Valenti -del grupo Pescarmona- y Héctor Alberto Zabaleta, ex directivo de Techint, quien fue detenido ayer en su casa de Villa Urquiza.
Mientras que Valenti no se movió del cuarto piso, donde está el juzgado de Bonadio, y crecían las versiones sobre que podría cogerse a la figura del arrepentido, algo que finalmente no sucedió, Zabaleta avanzó con su acuerdo. Del cuarto piso subió al quinto, donde está el despacho de Stornelli y comenzó con los detalles de su acuerdo. El encuentro se estiró y el propio fiscal entró y salió varias veces de allí. A pesar de que reinaba el hermetismo y una fuerte custodia policial, se filtró que había expectativa por los datos que se estaban consiguiendo y las puertas que estos abrirían.
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