Causa de los cuadernos: el exjefe de Gabinete argentino reconoce que recibió aportes de empresarios
Abal Medina reconoció que recibió aportes
En el mismo sentido que los empresarios imputados que declararon como “arrepentidos”, el ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, presentó ayer un escrito en la causa de los cuadernos Gloria en el que reconoce haber recibido dinero a modo de “aportes voluntarios de empresas y particulares” destinados a la campaña electoral de 2013, y afirma que nunca pensó que pudieran ser de “procedencia ilícita”. A la vez dice que a él le llegaban esos fondos a través de otros funcionarios, en particular del número dos del ministerio de Planificación, Roberto Baratta. De hecho lo que se le imputa es recibir dinero de Baratta y su secretario Nelson Lazarte a través de Hugo Martín Larraburu, que era coordinador de la unidad técnica y un colaborador de su máxima confianza, en agosto, septiembre y octubre de 2013, de acuerdo a los relatos del ex chofer Oscar Centeno. El escrito dice que no sabe de qué persona o empresas provenía la plata, ni tampoco menciona montos. En un allanamiento a la casa de Larraburu se secuestró un pendrive donde se detalla dinero recibido por dirigentes del kirchnerismo.
Abal Medina se presentó en el juzgado de Claudio Bonadío con un escrito de 21 páginas, pero no respondió preguntas. Larraburu, el ex funcionario que es mencionado junto con él, integra el grupo de los detenidos desde el primer día. El hallazgo de los archivos con los que serían aportes de campaña de empresas de obra pública, pusieron al ex jefe de gabinete en posición de dar alguna explicación. El camino que eligió se asemeja a la línea argumental de los empresarios que fueron aceptando declarar como arrepentidos y que dicen que ponían dinero para las campañas pero que lo hacían bajo presión de funcionarios kirchneristas. Esas declaraciones generaron una selectiva puerta giratoria que permitió que los que fueran aportando algún dato por mínimo que sea recuperaran la libertad, como Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan Carlos de Goycoechea (Isolux) y Armando Losón (Albanesi) a quienes se sumó Héctor Zabaleta (Techint). En el caso de Zabaleta, dijo que seguía instrucciones de Luis Betnaza (quien declara hoy), pero atribuyó los pagos a un “compromiso con el Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca.
El relato de Abal Medina en su descargo empalma con una arista del que ofrecieron los empresarios al victimizarse. Tiene aires de confesión, pero deja muy en claro que se considera ajeno a los hechos que investiga Bonadío y que su papel en la recepción de dinero tuvo que ver estrictamente con la campaña electoral de 2013 de Daniel Scioli, Daniel Filmus y Martín Insaurralde. Era una función que se le otorgaba –señala– como jefe de Gabinete y alguien con un papel activo en el partido. Defiende a capa y espada y busca eximir de cualquier responsabilidad a Larraburo, a quien dice que él le encomendó coordinar con Baratta la recepción de las donaciones para la campaña, y luego coordinaban “la entrega con Juan Carlos “Chueco” Mazzon , dada su reconocida experiencia en los aspectos políticos electorales”, señala el texto al que pudo acceder este diario. El ex jefe de Gabinete afirma también que él no se reunía ni conocía a los empresarios. Con el único que señala haber mantenido alguna reunión, vinculada con medios de comunicación, fue con Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los empresarios que siguen detenidos. Cierta vez, añadió, lo saludó a Carlos Wagner, de Esuco, que prestaría declaración como arrepentido hoy con expectativa de recuperar la libertad.
“Se me informó que eran aportes voluntarios de empresas y particulares comprometidos con el proceso eleccionario, como reciben todos los partidos en todos los países del mundo. Pero nunca me pude representar que pudieran tener una procedencia ilícita”, dijo Abal Medina. “Tampoco he siquiera participado, mucho menos permitido y/o conocido alguna de las maniobras que como delito se han descripto a lo largo del sumario” y “no integro una organización para recaudar fondos ilegalmente”. Sostuvo, varias veces en el escrito, que desconoce cualquier participación de Larraburu. “Desconocíamos quienes, cómo, dónde y por qué entregaban dinero más allá de la presunción de que eran aportes voluntarios”, insistió. “En ningún momento me pareció impropia o desajustada la requisitoria de Baratta, más allá de la informalidad no tenía ningún elemento en aquel momento para dudar de su procedencia”.
En la imputación que formula el juzgado de Bonadío, señala una veintena de oportunidades en las que Larraburu recibe dinero de Lazarte y Baratta, aunque no se precisan la totalidad de los montos. Uno de los que se supone que llega a Abal Medina, según las fotocopias de los cuadernos, era de 300 mil dólares y provenía de Losón, de Albanesi. En otra ocasión se menciona un pago sin monto de Francisco Valenti, de Industrias Pescarmona. Bonadío describe un “primer círculo de percepción de fondos conformado por quienes tenían contacto directo” con quienes lo aportaban y un “segundo nivel” integrado por quienes “recibían los fondos recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o aplicaban esos fondos a otras actividades ilícitas”. En este círculo es que ubica a Abal Median. Los aportes de campaña podrían configurar delitos electorales o, en el caso de las empresas, maniobras de evasión. Pero Bonadío usa la figura de asociación ilícita para poner todo en la misma bolsa, aunque no tenga -al manos por ahora– pruebas directas.
Julio De Vido está en Comodoro Py para declarar por el escándalo de los bolsos
Súper viernes en Comodoro Py. Comenzó otra jornada de actividad intensa en los tribunales federales en el marco de la investigación por los cuadernos de las coimas K, la causa que se destapó a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, el número dos de Julio De Vido.
Precisamente, el ex ministro de Planificación es uno de los citados a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio. De Vido, que está preso en Marcos Paz por el desvío de fondos de Río Turbio, es uno de los acusados de integrar la asociación ilícita que se investiga en el expediente. A las 8:15 llegó al edificio judicial. Una hora más tarde subió al cuarto piso. Antes de ingresar al juzgado saludó a su esposa, Alessandra Minnicelli, quien lo esperaba en el pasillo.
Durante la mañana también se presentarán en los pisos cuatro y cinco de Comodoro Py 2002 los dos ejecutivos de Electroingeniería que se encuentran detenidos: Gerardo Ferreyra y Jorge Neyra.
Neyra, director comercial de la empresa, irá temprano al despacho del fiscal Carlos Stornelli, con quien, según confirmaron allegados a la defensa del imputado, negocia un acuerdo para transformarse en arrepentido.
De esta manera, Neyra se sumará a lo hecho por otros empresarios imputados en esta causa. En cambio, Ferreyra, accionista, director y vicepresidente de la compañía (en uso de licencia), pidió ampliar su declaración indagatoria.
Según informaron allegados a la defensa del empresario, Ferreyra podría admitir los pagos que se le atribuyen en los cuadernos, pero explicaría que lo hizo como aporte al proyecto político del kirchnerismo del que se considera integrante.
Quien también recorrerá los pasillos de Comodoro Py por esta causa es Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción. En las últimas horas, su abogado Zenón Ceballos comenzó a negociar un acuerdo para sumarse a la lista de arrepentidos.
Para aceptar como arrepentido a Wagner, Stornelli y Bonadio quieren que aporte datos concretos sobre cómo se administró la concesión de la obra pública en la Argentina entre 2002 y 2015.
A diferencia de otros empresarios que admitieron haber pagado retornos y se transformaron en colaboradores de la instrucción, los investigadores creen que el ex presidente de la Cámara de la Construcción tiene mucha información sensible que podría apuntar directamente a Néstor y Cristina Kirchner.
Desde las 9:30 también presta declaración indagatoria Luis Betnaza, director institucional corporativo del Grupo Techint. Ya había declarado como testigo y fue liberado, pero Bonadio evaluó que su posición clave en la compañía también ameritaba imputarlo.
Durante todo 2008, de acuerdo con uno de sus cuadernos, el chofer llevó a Baratta nueve veces –desde abril hasta diciembre– hasta el edificio del Grupo Techint en la calle Della Paolera para retirar «un bolso», «un paquete», primero sin detalles de sus contenidos. Luego Centeno hablaría de «dividendos», de los «dividendos del mes», de «paquetes con dinero». No hablaba de cantidades todavía, no arriesgaba números de varios ceros en dólares, mientras llevaba al «Licenciado» o «el Lic.», su forma de referirse a Baratta en las anotaciones.
Esos bolsos, esos paquetes, terminaban casi siempre –según el relato de Centeno– en un solo lugar: Uruguay 1306, el edificio donde está el departamento de Recoleta que compartían Néstor y Cristina Kirchner.
El primero en arribar al edificio de Retiro fue José López, a las 7 de la mañana, pero no en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, por la que fue citado para la semana que viene, sino que para declarar por enriquecimiento ilícito, más de dos años después del episodio que lo llevó a la cárcel: el revoleo de bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
El ex secretario de obras públicas llegó con casco a Comodoro Py y fuertemente custodiado.
La ronda de indagatorias por la causa que investiga el presunto circuito de coimas que pagaban empresarios de la obra pública a funcionarios del gobierno anterior seguirá el lunes, con el turno de Cristina Kirchner.
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