Asesinan a otro líder social en Colombia y la cifra asciende a 337 desde 2016
Asesinan a líder social en Aracataca, Magdalena
La ola de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país no cesa. Un nuevo caso se presentó este domingo en Aracataca, Magdalena. Se trata de Alfredo Manuel Palacio Jiménez, perteneciente a la Junta de Acción Comunal del barrio 2 de febrero de ese municipio.
Según información preliminar, el líder social se desplazaba en motocicleta junto a su esposa, cuando fue interceptado por dos sujetos, también en moto, que le propinaron un disparo en la cabeza y acabaron con su vida. La compañera sentimental de Alfredo Manuel resultó ilesa.
La información fue confirmada por la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, quien, tras conocer el hecho, se desplazó a Aracataca para instalar un consejo extraordinario de seguridad. Al encuentro fueron convocados el alcalde del municipio, Pedro Sánchez Rueda; la Defensoría Regional del Pueblo, la Fiscalía, la Policía del Magdalena, el Ejército y la Personería municipal.
“La Policía del Magdalena cuenta con el control del territorio después de ocurridos los hechos de violencia en Aracataca. Solicito a las autoridades presentar resultados lo más pronto posible sobre los móviles que propiciaron el deceso de Alfredo Palacio Jiménez”, señaló la gobernadora a través de redes sociales.
Este nuevo caso de homicidio eleva a 337 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia desde el primero de enero del 2016 hasta el 12 de agosto de este año, según la defensoría del Pueblo.
Si no protegen a los líderes comunales el Acuerdo de Paz fracasa
Entre la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio, y el 27 de julio, fueron asesinadoas 21 personas que eran públicamente reconocidas por ser líderes en sus territorios. Trece de ellos eran líderes de juntas de acción comunal. Ellos son las principales víctimas del fenómeno que se ha llamado “asesinato de líderes sociales”.
Por ahora no hay datos para saber si esos homicidios fueron por ser líderes comunales. Pero su asesinato es un golpe mortal a la implementación del Acuerdo de Paz.
La llave para aterrizar en los territorios
Los comunales son el eslabón de base de la organización en barrios y veredas, y por eso son fundamentales para que el Estado pueda desarrollar sus políticas – y para que los grupos legales o ilegales controlen esos territorios, incluyendo los de la implementación.
Sin importar su filiación política -7 de los 21 tenían alguna relación con un partido o movimiento político ( )-, los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) ayudan a que en su barrio, vereda o corregimiento mejore la calidad de vida.
Gestionan obras como la construcción de una vía, un puesto de salud o un polideportivo; hacen veeduría a la ejecución de la plata por los alcaldes y gobernadores; denuncian corrupción o delincuencia; y en ocasiones se oponen a proyectos económicos que consideran que afectan la comunidad.
El Ministerio de Interior calcula, a partir de la cantidad de gente que participó en las elecciones a las JAC de 2016, que suman más de siete millones de afiliados en unas 64 mil juntas. De acuerdo con la Mapp OEA los únicos sitios donde no hay una JAC son San Ángel, Magdalena, donde las Autodefensas Unidas de Colombia las arrasaron, y en los territorios indígenas, por su autonomía organizativa.
“Es la principal forma de organización ciudadana y la única en los lugares más apartados y de conflicto” señala Guillermo Cardona Moreno, presidente del Observatorio Nacional Comunal e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Nacional Comunal.
Por eso, son un aliado necesario para que el Estado pueda implementar el Acuerdo de La Habana en los territorios, especialmente, la sustitución de cultivos (en el programa conocido como Pnis) y el desarrollo desde una mirada local (con los llamados Pdet).
“Las comunidades no cultivan coca ni marihuana por enriquecerse sino para subsistir. Le copian a la Acción Comunal para que se vincule al Pnis, erradique la coca y siembre aguacate”, es la forma en la que un líder comunal del Cauca explica la función de los comunales en ese tema. “Pero resulta que a ese campesino hay que apoyarlo mientras empieza a producir”.
En todo ese proceso, los líderes de las JAC ofician de intermediarios entre el Estado y los campesinos de base, que no le creen o no entienden a los funcionarios pero sí a sus líderes.
Sin embargo, la demora en que el Estado apoye a los cocaleros ha puesto a los líderes en una situación difícil, porque muchas veces los campesinos les reclaman por la lentitud que ha tenido la implementación del Acuerdo en asuntos que los afectan.
“Hay comunidades donde se ha dañado todo el cacao, todas las piñas, la caña de azúcar por falta de carreteras, de transporte, de distritos de riego, de centros de acopio. Cuando hay cosecha no hay quien les compre”: señala un líder de la Confederación Nacional.
Además, el riesgo de violencia ha crecido en las zonas en las que salieron las Farc y las reemplazaron diversos organizaciones criminales que se disputan el territorio.
Eso explica el pico reciente de sus asesinatos. Pero su posición es tan fundamental para trabajar en un territorio, que la agresión no es una novedad.
Una historia de liderazgo y muerte
El asesinato selectivo de líderes comunales fue una constante durante el conflicto armado, como lo señala el Centro de Memoria Histórica y es por eso que hoy son reconocidos como una víctima colectiva del conflicto.
Los datos de la Fiscalía, con cifras que ha recogido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, es que desde 2016 han asesinado 65 líderes comunales, una cifra más alta que la de cualquier otro tipo de líderes.
Lo que parece estar haciendo más visible el fenómeno es que diferentes organizaciones están denunciando el asesinato de forma sistemática, según lo afirma un funcionario de la Fundación Ideas para la Paz que monitorea el tema.
De acuerdo con un líder de la organización comunal durante el conflicto armado los líderes comunales eran señalados por las Farc y por los paramilitares de auxiliar al otro bando, y por el Estado de auxiliar a aquellos, por lo que fueron judicializados en muchos casos.
Pero, como participan en asuntos muy diversos, potencialmente tienen muchos enemigos, desde el político corrupto local hasta la banda de microtráfico, pasando por mineros ilegales.
“Los victimarios son en mayor parte sicarios al servicio de las bandas de microtraficantes, de las empresas dedicadas a la minería ilegal” dice un líder comunal.
“La Fiscalía tiene que investigar y decir el por qué. Fue por faldas, por guerrilleros, por andar con los elenos, por votar por Petro (entonces guerrilleros), por votar por Duque (entonces paracos). Esas calumnias son lo que nos está perjudicando”: señala una lidereza de la Organización Comunal. “¿Por faldas? puede ser. Pero principalmente por minería, tierra, agua, narcotráfico, microtráfico (esta es la amenaza más grande) ¿Quién puede contra esas bandas?”
Y ese panorama complejo se enreda más por las relaciones con los actores armados.
Una fuente de una organización internacional que ha seguido en terreno la situación de los comunales nos decía que el instinto de supervivencia explica que acepten las reglas que imponen los actores armados y también que subsistan a través de los cultivos ilícitos, por ejemplo.
Eso, que también hace difícil saber el móvil y el responsable de cada asesinato, se agrava porque muchos ocurren en lugares donde convergen varios conflictos.
Esas dinámicas territoriales explican la complejidad de los perfiles de los líderes comunales asesinados, que en algunos casos son señalados de tener vínculos con organizaciones criminales o dedicarse a la siembra de coca, por ejemplo.
Un ejemplo es el de Antonio Vargas, asesinado en febrero y quien era tesorero de una JAC en Uré, sur de Córdoba. Como contó La Silla Caribe, cuatro versiones dicen que cuando lo mataron “estaba en su casa, picando hoja de coca de su cultivo para venderla al Clan, cuando le dispararon. Y también estaba acogido al programa de sustitución, de acuerdo a la Defensoría”.
“En un territorio que estaba controlado por las Farc, se van y sus habitantes son tildados de ser guerrilleros” da como ejemplo Roberto Menéndez, jefe de misión de la Mapp OEA. “Cuando van a implementar el Pnis, el líder comunal hace el puente con la comunidad y choca con los narcos. Luego vienen las elecciones y hace campaña. Resulta asesinado. Cuál condición primó al final… es muy difícil saberlo”.
En esa diversidad de posibles asesinos, la causa política es la que ven como menos probable entre los comunales. Esto lo dicen los comunales, el Ministerio del Interior, la Mapp OEA, la Fiscalía.
Un líder comunal dice que cuando se le atribuye a las muertes una causa política cobran más relevancia pero se desvía la atención de que todo tiene su origen en su liderazgo en el territorio. “La Organización Comunal es pluralista por naturaleza, en las pasadas elecciones hubo una cantidad que votó por Duque, otra por Petro, otra en blanco”.
Una particularidad, que se puede explicar porque su muerte resuena poco por fuera de sus territorios y a veces no están ni en el radar de las organizaciones comunales de nivel superior, es que en un 80 por ciento de los casos los mataron sin haberlos amenazado.
Así lo afirma la Mapp OEA a partir de la información recolectada de los líderes comunales y lo ratifica la Misión de Observación Electoral: “A los líderes políticos los amenazan, a sociales los amenazan y los asesinan, mientras que a los comunales los matan”.
“En los espacios que dejó la Farc no vienen a decirle a usted no sea sapo como antes sino con plomo” dice una lidereza de la Organización Comunal.
Esa forma de asesinarlos hace más difícil que el Estado los proteja, porque el acceso a la protección de la UNP usualmente se da a través de denuncias de amenazas. De hecho, una alta funcionaria del Ministerio del Interior señala que según la UNP desde el 2016 sólo han asesinado a seis personas que tenían esquema de seguridad. Los demás no tenían esquema.
Esto confirma la necesidad del tratamiento diferencial que los comunales llevan pidiendo.
El impacto colectivo es igual
“El presidente de la JAL es un referente dentro de la comunidad, cuando se afecta, el impacto es colectivo, se busca desincentivar la participación en los liderazgos comunales.”, dice Roberto Menéndez, jefe de la misión de la Mapp OEA. “La gente suele hacer la siguiente reflexión: ‘no tengo claridad por qué mataron mi compadre pero no quiero tener el mismo destino”.
Por eso, los asesinatos tienen un impacto fuerte en lo local. Sin ellos, los funcionarios tendrían más difícil la interlocución con la comunidad, especialmente en las zonas más alejadas de los centros poblados, como las que son fundamentales para implementar el Acuerdo.
Eso es más grave porque, según el Centro Nacional de Consultoría, los líderes tardan entre uno y cuatro años en ser reemplazados por el capital social acumulado que tienen. Por eso, el golpe de los asesinatos actuales puede dañar todo el aterrizaje.
Eso porque el liderazgo se basa en la confianza que les tiene la comunidad y su capacidad de representar intereses ante el Estado, lo que se construye con el tiempo.
Por eso, más allá del debate de si los asesinatos se deben a la tendencia política de los líderes, a los «líos de faldas» que señaló el ex ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a otros motivos o a una variedad de hechos, el daño al aterrizaje del acuerdo de paz es real.
