El gobierno de Ecuador envía notas de protesta a Venezuela y Bolivia por apoyar a Correa
El caso Rafael Correa desató un impase diplomático
Las críticas emitidas por los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, respecto de la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa originaron un ‘impasse’ diplomático con esos países.
Ayer, el canciller José Valencia presentó notas de protesta. “Lamentamos las aseveraciones de algunos mandatarios y el intento de desprestigio contra la institucionalidad de nuestro país”, señaló.
Valencia apareció en el Salón de Banquetes de la Presidencia de la República, junto al secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán; el secretario general, Eduardo Jurado; el titular de la Secom, Andrés Michelena, y el secretario de la Política, Paúl Granda. Ahí se conoció que los embajadores de esas naciones en Ecuador ya fueron convocados para que expliquen la postura de sus gobiernos.
Además, se llamará a consultas a Franklin Columba, representante de Ecuador en Bolivia, y se suspenderá el viaje de Fabián Solano, que había sido designado nuevo embajador de Ecuador en Venezuela.
Antes de que Valencia hiciera estos anuncios, Roldán leyó un comunicado y dijo lo siguiente: “Estamos haciendo lo correcto. La persecución política y la manipulación de la Justicia es cosa del pasado”.
A las 16:54, Moreno escribió un mensaje en Twitter: “He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente de Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador. A diferencia de los últimos años, hoy hay libertad, respeto y autonomía de la Justicia y todas las funciones del Estado.
Durante el día, el expresidente Correa, procesado por el secuestro de Fernando Balda, había dicho sentirse perseguido. Su defensa señaló que apelará la prisión preventiva dictada por la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho.
Para conocer esa acción se integrará un Tribunal.
El penalista Marcelo Dueñas sostiene que ese Tribunal solo deberá analizar el sustento legal expuesto por la jueza Camacho, pero no cambiará la medida. El Código Penal (art. 542) dispone que si el procesado incumple la medida cautelar, el fiscal deberá solicitar al juez la prisión preventiva.
La magistrada además dispuso que se informe a la Interpol sobre la orden para localizar y capturar al expresidente, con fines de extradición.
Esa orden aún no se ha efectivizado. Para que eso ocurra, la jueza Camacho deberá emitir por escrito su resolución.
Según el diario argentino El Clarín, hasta ayer la Fiscalía Federal de Bélgica no había recibido ninguna orden de detención por parte de la Interpol. Jairo Lalaleo, miembro de la defensa de Balda, señaló que la alerta roja no se activa inmediatamente. El trámite podría tardar entre cinco y diez días.
He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente de Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador.
A diferencia de los últimos años, hoy hay libertad, respeto y autonomía de la Justicia y todas las funciones del Estado. pic.twitter.com/XGCBeg8qyq— Lenín Moreno (@Lenin) 4 de julio de 2018
Para Christophe Marchand, abogado de Correa en Bélgica, aún no hay “nada en vigor” que permita arrestar en este momento al exmandatario en el país en el que reside. Así lo dijo en una entrevista con la agencia EFE. Además, sostuvo que la apelación que presenten los abogados en Ecuador podría “parar un poco la demanda”.
El expresidente Correa publicó un video en Twitter la noche del martes. Allí calificó como “complot” al proceso que se sigue en su contra y anunció que “no van a lograr su extradición ni su prisión, porque eso jamás lo va a permitir un país (Bélgica) con un verdadero Estado de derecho”.
Ecuador no tiene acuerdos de extradición con Bélgica. Sin embargo, la Ley de Extradición prevé Tratados Internacionales para estas situaciones. La defensa de Balda dijo que si Correa no enfrenta el proceso será un “prófugo de la Justicia”, que deberá esperar al menos nueve años para que la causa prescriba y pueda retornar.
La instrucción fiscal o fase de investigación pública de este caso terminará el 18 de julio. Luego, según lo determina el art. 600 del COIP, el fiscal deberá pedir a la jueza que fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Allí podría emitir un dictamen acusatorio en contra del expresidente o abstenerse de hacerlo. Solo si eso ocurre, se podría revocar la orden de prisión preventiva, caso contrario continuaría.
Ver: Presidentes y expresidentes de la región se solidarizan con Rafael Correa tras el pedido de prisión preventiva
Correístas anuncian una marcha para este jueves
Para hoy, a las 15:00, está prevista una marcha convocada por simpatizantes del exmandatario Rafael Correa, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el caso del supuesto secuestro del activista político Fernando Balda.
La legisladora Gabriela Rivadeneira (antes de AP) insistió en que se busca “silenciar al principal líder que tiene la revolución ciudadana”.
Anunció que acudirán al sistema de justicia internacional para denunciar una persecución política por parte del gobierno de Lenín Moreno, “quien tiene pactos con grupos económicos de derecha”.
En cambio, los sectores políticos de oposición y los legisladores ‘morenistas’ resaltaron la decisión de la jueza Daniella Camacho como una medida para aclarar los hechos que se investigan en el caso Balda.
Henry Cucalón (PSC) dijo que el exmandatario cometió desacato al incumplir la orden de presentarse en la Corte Nacional de Justicia; mientras que Jorge Yunda (AP) comentó que todos “somos iguales ante la ley”, y que hubiera esperado que Correa se defienda y transparente los hechos. (I)
Más casos
Guillermo Celi, de las filas de SUMA, manifestó que a más del caso Balda, se tendrá que investigar hechos como la muerte del general Jorge Gabela y el alto endeudamiento público del Estado, que se produjeron durante la administración de Rafael Correa.
Correa a RT: «La estrategia hacia mí es matarme, meterme preso o impedir mi regreso a Ecuador»
El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha comentado a RT la orden de prisión preventiva dictada en su contra por la jueza Daniella Camacho.
«No es que yo tengo una orden de arresto por la Justicia ecuatoriana. Tengo una orden de arresto por la Injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de derecho», afirma el exmandatario.
«¿Cuál es el marco legal con que se nombró al contralor, que es el instrumento de persecución del actual Gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue?», pregunta Correa, agregando que el fiscal fue «nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso».
La orden de prisión preventiva fue dictada después de que el exmandatario no se presentara en la sede de la Corte Nacional de Justicia en Quito para declarar por su presunta implicación en el caso del secuestro de Fernando Balda, un exlegislador del país latinoamericano, ocurrido en 2012.
En lugar de comparecer ante la sede judicial en Ecuador como vinculado en la fase indagatoria del proceso, el expresidente se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, donde reside con su familia desde hace un año. Además de la orden de detención, la jueza aceptó la petición de la Fiscalía de solicitar a Interpol su arresto y extradición.
«Vieron que con falsos testimonios podían involucrar al presidente»
Comentando el caso del secuestro de Balda, Correa denuncia que es una «gran ridiculez que no tiene ninguna perspectiva de éxito a nivel internacional». Balda «estaba huido de la Justicia ecuatoriana» y «se dedicaba a acciones ilegales en Colombia», afirma el expresidente, subrayando que «es claro que se trata de un abuso policial». «Trataron de capturarlo unos policías y vieron que con falsos testimonios podían involucrar al propio presidente de la República», denuncia Correa.
Por otra parte, manifesta «tener fe» en que la Interpol rechace la orden de detención «por lo evidentemente político del caso».
«La estrategia hacia mí es o matarme—me suspendieron, por ejemplo, la seguridad presidencial—o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria», afirma Correa.
«No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí»
Al mismo tiempo, señala que no existía necesidad de una medida cautelar, ya que estaba colaborando con la Justicia. «Di mis testimonios, siempre estuve a la orden», subraya.
«Saben que resido en Bélgica. El Fiscal pide que me presente en el Consulado de Bélgica cada 15 días, pero la jueza […] impone que me presente cada 15 días en Ecuador sabiendo que es imposible», dice el exmandatario.
«No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí», enfatiza Correa a la vez que tacha la orden de detención de mecanismo «absolutamente ilegal que sería imposible en cualquier país». «Pero el mundo mira hacia otro lado. Si esto hubiera pasando en mi Gobierno con un opositor político ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya», recalca el exmandatario.
«Hay que parar la judicialización de la política. ¡Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas!», reivindica.
«Se está cooptando la Justicia para perseguir a dirigentes de izquierda»
Hablando sobre la situación a nivel regional, el expresidente recuerda que el suyo no es el único caso, citando las acusaciones contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. «Lo que están haciendo contra mí, este es el quinto-sexto caso», dice Correa, recordando que ha sido acusado de preventas petroleras mal hechas, de contratos petroleros mal negociados, de crimen organizado, de tráfico de influencias, y «todo en los últimos meses», porque «vieron la estrategia de judicialización de la política».
«Es evidente que se está cooptando la Justicia para perseguir a dirigentes de izquierda», destaca el exmandatario. «Más daño que a nosotros, están haciendo daño a nuestras democracias, a nuestros países, a la institucionalidad tan fundamental para el buen vivir», concluye Correa.
Mientras tanto, diversas personalidades y líderes mundiales ya han expresado su solidaridad con el exmandatario ecuatoriano. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado la «politización de la justicia ecuatoriana» y ha denunciado además la «injerencia de EE.UU. en intención de encarcelar a un inocente». También se solidarizaron con Correa el expresidente peruano Ollanta Humala y el expresidente colombiano Ernesto Samper.
Abogado de Correa en Bélgica asegura que «nada hay en vigor» para arrestarlo
El abogado Christophe Marchand, defensor en Bélgica del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, aseguró este miércoles que no hay «nada en vigor» que permita arrestar en este momento al mandatario en ese país europeo donde reside, a raíz de la solicitud de prisión preventiva en Ecuador por el «caso Balda».
«En este momento en mi opinión no hay nada en vigor en Bélgica para que sea puesto en detención», indicó Marchand a Efe, sobre la decisión de la jueza ecuatoriana Daniella Camacho de aceptar la petición del fiscal general, Paúl Pérez, de ordenar prisión con fines de investigación para Correa, además de una solicitud a Interpol para que lo ubiquen y lo extraditen.
«Hubo un juicio en Quito con una decisión de la jueza de cambiar las medidas cautelares por una decisión firme de prisión. Y eso fue sin aviso previo, de repente, la decisión nacional de detención», comentó Marchand.
El jurista belga señaló que la orden de detención puede «estar en camino», aunque «quizá haya algunos recursos de apelación que se pueden presentar en Ecuador y que pueden parar un poco la demanda».
El pasado 18 de junio, Camacho ordenó a Correa que se presentara cada quince días, empezando por este 2 de julio, ante la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia como medida cautelar tras ser vinculado al caso de intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda.
En cambio Correa, amparado según sus abogados en una normativa diplomática, optó por presentarse este lunes ante el Consulado de Ecuador en Bruselas, en donde reside desde el año pasado. Aquello motivó que el denunciante, Balda, solicitase su prisión preventiva, petición que también apoyó la Fiscalía por haber desacatado una orden expresa de la jueza.
En opinión de Marchand, «hay una juez que pide a una persona que reside a no sé cuántos miles de kilómetros venir cada quince días para firmar un documento. Eso es una condición imposible, no puede cumplirla».
Ayer, la jueza Camacho ordenó prisión preventiva y dijo que se remitirá un oficio a Interpol para la captura con fines de extradición.
Exvicepresidente, sin seguridad personal en Cárcel 4 desde el 3 de julio
El Ministerio de Justicia informó sobre el retiro del servicio de seguridad y protección personal, a partir del 3 de julio, al exvicepresidente de la República Jorge G., quien está en la Cárcel 4 de Quito desde octubre de 2017.
En su cuenta en Twitter, la cartera de Estado indicó que dio cumplimiento al oficio SPP-AJ-2.1-2018-006-S-Circ. del Servicio de Protección Presidencial.
En mayo pasado, el Gobierno Nacional resolvió retirar la seguridad proporcionada al expresidente de la República Rafael C., así como al exvicepresidente.
Jorge G. cumple en la Cárcel 4 una pena privativa de libertad de 6 años, por el delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora Odebrecht.
El 8 de junio, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó un recurso de apelación interpuesto por el exvicepresidente, ratificando así la sentencia dictada en diciembre del 2017.
[SE INFORMA] Hemos dado cumplimiento al oficio SPP-AJ-2.1-2018-006-S-Circ. del Servicio de Protección Presidencial, en el cual se notifica a la persona privada de libertad Jorge G., el retiro del servicio de seguridad y protección personal, a partir de las 00h00 del 03 de julio. pic.twitter.com/VuXUgD7lCH
— Justicia Ecuador (@Justicia_Ec) 4 de julio de 2018
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