Edison Lanza, relator de la CIDH: «México representa actualmente un contexto de riesgo para los periodistas»
Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH: “El nuevo gobierno de México debe fortalecer las instituciones para terminar con la impunidad de esta crisis de seguridad en la prensa”
Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL
En México, en lo que va de 2018, se conocen seis casos de periodistas asesinados. En 2017 fueron registrados 12. Del 2000 hasta la fecha, se calculan 116 trabajadores de prensa asesinados/as. El 99,6% de estos hechos no fueron esclarecidos. “Los crímenes contra periodistas, comunicadores y/o medios de comunicación constituyen una forma de censura aberrante y extrema, que afecta a todo el sistema democrático de un país”, dice Edison Lanza, relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En entrevista con NODAL, Lanza, insta al próximo gobierno -a cargo de Andrés Manuel López Obrador- a “terminar con la impunidad” y llama la atención a la comunidad internacional: “No son problemas meramente locales”, señala. Entre las claves para romper con este círculo que expone a la muerte a las y los comunicadores aporta la necesidad de “reconocer la labor” de periodistas y medios de comunicación.
El pasado 19 de junio la relatoría de la CIDH, junto con la de la ONU, a cargo de Lanza y David Kaye, respectivamente, presentaron el “Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México”. Allí, señalan que México vive “una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su población”.
Lanza y Kaye volcaron el resultado de la visita que realizaron en noviembre y diciembre de 2017 cuando se reunieron con más de 250 periodistas y representantes de la sociedad civil de 21 entidades federativas distintas. El nivel de infiltración de la delincuencia organizada en la vida pública del país, las amenazas, el hostigamiento, los secuestros y los asesinatos, son parte de la vida cotidiana que atraviesan quienes pretenden garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de la población (informe).
El recorrido de los relatores abarca desde las normativas implementadas, hasta la situación de concentración mediática: “Siguen existiendo problemas de concentración de medios que menoscaban la competencia necesaria para que prospere el pluralismo”, sostienen. En este marco, observaron particularmente la situación de las mujeres y de las comunidades indígenas.
Las mujeres periodistas y las/los integrantes de comunidades indígenas comunicadores/trabajadores de prensa tienen una referencia especial en este análisis, ¿por qué los consideraron relevantes para el estudio y qué particularidades observaron en estos casos?
Las mujeres periodistas y los integrantes de comunidades indígenas forman parte de un grupo vulnerable, por lo que su labor, en este contexto, y atendiendo la situación de crisis de derechos humanos que vive México, se encuentran en una situación de riesgo considerable que debía ser objeto de especial atención. La discriminación estructural contra mujeres y grupos étnicos es un patrón que culturalmente se observa en las regiones. Según hemos recabado e informado en el documento en conjunto con el Relator de la ONU, las mujeres periodistas deben lidiar con entornos amenazantes específicos, aunque no existen datos estadísticos centralizados y fiables. Es extraordinario el esfuerzo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en México para documentar hechos de violencia y acoso a través de redes contra las mujeres, salarios inferiores por tareas similares a las que realizan sus colegas hombres, acoso durante ejercicio en las labores periodísticas por parte de fuentes o incluso colegas, falta de acceso a cargos de dirección, todo lo cual merece un tratamiento especial. Según informes de la sociedad civil, ha habido un aumento del 200% en ataques contra periodistas mujeres. Como ha subrayado la Relatoría Especial de la CIDH y el Relator de la ONU sobre libertad de expresión, existe una falta de perspectiva de género en la investigación, persecución del delito y en la protección de la situación de las periodistas mujeres. Por ello recomendamos «[i]ncorporar un punto focal o unidad sobre género o especialistas en violencia contra las mujeres periodistas y establecer un programa de capacitación dentro de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que se enfoque en particular en los ataques contra las mujeres periodistas».
De la lectura del informe se desprende que existe un problema estructural en las instituciones mexicanas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información –por los vínculos al narcotráfico, connivencia de autoridades estatales, falta de formación y presupuesto en instituciones, entre otros puntos-, ¿cuál es su análisis a partir de lo que vio y respecto a lo que parece que se quiere silenciar en México? ¿por qué existe tanta ineficacia por parte de las instituciones del Estado? ¿Cómo sería la implementación de un mecanismo similar al de Ecuador tras el asesinato de tres periodistas en la frontera con Colombia, como mencionó en otra entrevista?
El ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública no sólo requiere de un fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de las normativas, así como de las instancias de justicia, sino que requiere de un compromiso y voluntad política desde los actores estatales. Los actores políticos deben mantener un discurso que reconozca la labor que cumplen los periodistas y los medios de comunicación. Varios de los episodios de violencia contra periodistas demuestran que hubo connivencia por parte de las autoridades locales con organizaciones de delincuencia organizada, al menos en anteriores administraciones de algunos Estados. Ello ha derivado en una falta de confianza de los periodistas hacia las autoridades políticas y las autoridades que están a cargo de las investigaciones, todo lo cual crea una percepción desfavorable.
En la agenda del nuevo gobierno debe estar el combate a la corrupción y el crimen organizado, fortaleciendo las instituciones que son actores claves para terminar con la impunidad de esta verdadera crisis de seguridad en la prensa, en especial fortaleciendo los mecanismos de protección a periodistas que cubren e investigan casos de corrupción y cuestiones vinculadas al crimen organizado. Pero tal vez con enfoque preventivo, de modo de agudizar los contextos de riesgo y diseñar protocolos de actuación ante estos casos para comunicadores que se encuentran en situaciones de riesgo.
Además, es importante que instituciones de justicia como la FEADLE y la magistratura, sean dotadas de presupuesto, protocolos claros y que ejerzan sus atribuciones con previsibilidad, a fin de que los crímenes contra comunicadores no queden impunes. La región viene avanzando en mecanismos de seguimiento internacional, y en ese contexto celebramos el paso que ha dado Ecuador. En el informe que acabamos de presentar insistimos en que los crímenes contra periodistas en México requieren de un enfoque y un seguimiento especializado, y sugerimos la creación de una misión de expertos independientes que ayuden a enfocar la investigación de una serie de casos emblemáticos de periodistas asesinados y que permanecen en la impunidad.
¿Debe la comunidad internacional -especialmente América Latina y el Caribe- mirar esta «profunda crisis que afecta los derechos humanos» del pueblo mexicano?
Los crímenes contra periodistas, comunicadores y/o medios de comunicación constituyen una forma de censura aberrante y extrema, que afecta a todo el sistema democrático de un país. En este contexto, crímenes de esta naturaleza tienen un efecto directo para los trabajadores de medios, puesto que se ponen en un contexto de riesgo y, muchas veces, se generan zonas silenciadas o bien los periodistas deben desplazarse por los peligros a los que quedan expuestos. La comunidad internacional tiene que prestar particular atención a estos casos, puesto que los problemas de afectación de derechos humanos en general, y los crímenes contra periodistas en particular, no son problemas meramente locales. Por otra parte, la Corte Interamericana en una reciente sentencia (caso Carvajal vs Colombia) ha establecido que la falta de investigación oportuna y completa determina la violación de múltiples derechos, entre ellos a la vida, las garantías de acceso a la justicia y la libertad de expresión. Por lo tanto, hay una clara responsabilidad internacional del Estado cuando no esclarece y sanciona estos crímenes.
¿Cómo puede colaborar para garantizar la vida democrática y los derechos humanos la normativa internacional?
Las recomendaciones desde el derecho internacional tienen que ver con la necesidad de adoptar un abordaje integral de la problemática. Las soluciones pasan por la prevención, la protección y la procuración de justicia en estos casos. Prevenir la violencia contra periodistas significa adoptar un discurso público que reconozca, en lugar de estigmatizar y desacreditar a los comunicadores; proteger -en el caso de lugares como México- significa implementar mecanismos de protección que hagan evaluaciones de riesgo adecuadas y que establezcan medidas de protección efectivas para quienes son amenazados por su función; y procurar justicia supone poner en práctica una serie de medidas y recursos específicos para que quienes tienen la obligación de investigar las puedan llevar a cabo, sin amenazas y con los conocimientos y recursos indispensables.
¿Considera que se han cumplido las normas necesarias como para garantizar una contienda que se ajuste a los estándares democráticos internacionales durante el reciente proceso electoral que ha vivido México?
México representa actualmente un contexto de riesgo para los periodistas. En este año se han tenido varios casos de violencia, amenaza y crímenes contra la vida de periodistas. Naturalmente, cuando la prensa es acallada con esta clase de violencia, el debate sobre los temas de interés públicos se ven mermados. Si bien no puedo realizar una valoración crítica sobre todo el proceso mexicano, puesto que se trata de un tema local que responde a cuestiones locales, sí puedo dar cuenta que la libertad de expresión y, por ende, la participación que se pueda generar sobre esto, se encuentra en una situación crítica.
