Ecuador: Correa ampliará su declaración en el caso Balda y la Justicia decide sobre el pedido de extradición
Indagación caso Balda, en su fase final
La fase de instrucción fiscal o investigación pública por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda se acorta. Faltan ocho días para que esta etapa procesal termine y luego la jueza deberá llamar a una audiencia para preparar el juicio. En estos días se acelera la toma de más versiones y se definen más acciones judiciales.
Ayer, por ejemplo, el secretario relator de la Sala Penal de la Corte, Carlos Rodríguez, envió un escrito al Director Nacional de la Policía Judicial, Freddy Ramos, para que se cumpla la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, que la jueza Daniella Camacho dictara el 3 de julio pasado.
El pedido fue acompañado de 44 hojas en las que constan las actas de las audiencias de vinculación y de revisión de medidas cautelares de Correa. De su lado, la defensa del exmandatario busca que se levante la orden de prisión. La apelación que presentó Caupolicán Ochoa, el 5 de julio, fue aceptada ayer por la jueza Camacho, pero aún no se fija fecha para la audiencia.
Ochoa también ha pedido a la Fiscalía que se practiquen al menos 23 diligencias. Entre ellas consta un “análisis de personalidad” para dos de los tres agentes de Inteligencia detenidos por su presunta participación en el caso.
El test está dirigido a Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Ellos rindieron sus testimonios anticipados al juicio el 20 de junio y allí inculparon al expresidente de la República y al exjefe de la Senain, Pablo Romero.
Según la defensa de Correa, estos exámenes permitirán demostrar si lo dicho por los policías es “verosímil”.
A Diego Chimbo, abogado de Chicaiza y Falcón, no le preocupa este test psicológico. “Mis defendidos no mienten, así que pueden realizarles cualquier tipo de examen”.
Los abogados del expresidente también han pedido que las compañías de telefonía celular certifiquen las llamadas que se hicieron y recibieron desde los teléfonos celulares que pertenecían a los dos agentes y al exjefe de la Senain. Hasta antes del 18 de julio, la Fiscalía receptará nuevas versiones y algunas ampliaciones.
Por ejemplo, la defensa de Correa ha pedido que el exsecretario Nacional de Inteligencia, Rommy Vallejo, amplíe su versión mañana a las 12:00.
Él ya compareció ante la fiscal Jimena Mena, el 5 de junio.
Un día después también tendrán que ampliar su declaración el expresidente Correa y el exministro del Interior y actual asambleísta José Serrano.
La comparecencia de Correa fue solicitada por su propia defensa. La diligencia está programada para las 12:00 y se llevará a cabo a través de videoconferencia desde el Consulado de Ecuador en Bélgica.
Chimbo sostiene que la versión que rinda Correa le permitirá aclarar algunos elementos. “En su primera versión él dijo que no se acuerda de nada, pero luego en entrevistas con medios de comunicación habla de la deportación de Fernando Balda. Es importante que esas declaraciones formen parte del expediente judicial”.
Mientras tanto, la defensa de Balda ha pedido que comparezcan el fiscal que llevó el caso del secuestro, Marco Esquetini. Además, el expresidente del Consejo de la Judicatura cesado, Gustavo Jalkh y la exjueza Lucy Blacio.
Balda ha dicho que aunque denunció su secuestro el 3 de abril de 2013, fue apenas en enero del 2018 cuando la Fiscalía activó las investigaciones.
Por ello cree que se debe averiguar por qué su denuncia quedó suspendida.
En total, son 17 personas las que fueron notificadas por la Fiscalía para dar su versión.
La defensa del exjefe de la Senain, Pablo Romero , también presentó a la Fiscalía un escrito con fecha 4 de julio, en el que solicitó que la Unidad de Control Migratorio del Ministerio del Interior remita un informe sobre su movimiento migratorio desde el 2012 hasta la fecha.
Para ayer estaban llamados a dar sus declaraciones Fernando Balda, el excanciller Ricardo Patiño y el exasesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, pero ninguno asistió.
Para Chimbo, la declaración de Mera era importante para conocer si él como persona cercana al exmandatario podía aclarar las órdenes que habrían recibido los policías implicados en el caso. Los agentes mencionaron en la Corte que ellos recibieron órdenes del expresidente y de Romero y que todos los viajes los hicieron con fondos de la Senain, entregados en efectivo.
Entre tanto, por pedido del asambleísta Fernando Callejas, la Contraloría realizará un examen especial a las cuentas de Viáticos y Subsistencias en el exterior ordenadas por la Presidencia de la República y la Secretaría General de la Administración Pública, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de ese mismo año.
Nuevas audiencias
Tras la fase de investigación pública, la Fiscalía solicitará a la jueza Camacho fijar un día y hora para la audiencia preparatoria de juicio, como lo dispone el Código Penal (art. 600).
En esa diligencia el fiscal General (e), Paúl Pérez, expondrá los elementos que recopiló en los 90 días de investigación y con ello acusará a los procesados o puede abstenerse de hacerlo y solicitar a la jueza que dicte el sobreseimiento.
Los agentes Chicaiza y Falcón ya expresaron por escrito su deseo de someterse a un procedimiento abreviado, es decir, admitir el hecho que se les atribuye, según lo detalla el COIP (art. 635) y con ello evitar todo el proceso judicial. También lograrían que se reduzcan sus penas.
Ellos firmaron un acuerdo de cooperación con la Fiscalía para contribuir con información. Su abogado confirmó ayer que aún no han recibido un pronunciamiento de la Fiscalía, pero que están a la espera de que su pedido sea aceptado.
Caso Balda: Será «importante» la ampliación de Rafael Correa, dice abogado de Raúl Chicaiza
Para Diego Chimbo, abogado del exagente de la SENAIN, Raúl Chicaiza, manifestó que es «importantísima» la ampliación de la versión del expresidente Rafael Correa, dentro del caso de presunto secuestro al exasambleísta Fernando Balda. Sostuvo que el exmandatario ha dado declaraciones sobre el caso en múltiples entrevistas, pero no en el proceso.
Para este jueves 12 de julio, a las 12h00, está prevista la ampliación de la versión del ex Presidente Rafael Correa, que se hará por videoconferencia desde Bélgica, nación en donde reside el ex Mandatario.
Por este caso, Rafael Correa mantiene una orden de prisión preventiva en su contra, tras la decisión de la jueza Daniella Camacho de cambiar la medida cautelar, dictada en un principio, de presentación cada 15 días en Ecuador.
El viernes pasado, el fiscal general Paúl Pérez Reina dispuso versiones, ampliaciones de testimonios, peritajes y pedidos de información dentro del caso, que se cerrará el próximo 18 de julio.
Este lunes, a las 11h00, Fernando Balda, quien habría sido secuestrado en 2012 mientras se encontraba en Bogotá, Colombia, también fue sido citado a ampliar su versión sobre estos hechos. Balda, desde la anterior semana, ya consta como acusador particular en este proceso.
Esta ampliación de la versión del expresidente, para Diego Chimbo, abogado de Raúl Chicaiza, es “importantísima”.
Primero, dijo, “es su legítimo derecho a la defensa de explicar varias circunstancias”. Indicó que el exmandatario “ha dado múltiples entrevistas en las que se refiere que por disposición de él, sí viajaron a Colombia, pero lo ha dicho en entrevistas y no en el proceso”.
Por ello considera que es importante que explique y clarifique, dentro del proceso, lo que está sucediendo. “Hasta hoy, ha dicho lo que siempre dice: No me acuerdo de nada. Pero las pruebas le han dicho: te das cuenta que sí recuerdas y estás mintiendo”.
Cinco irregularidades en transacciones con papeles de Finanzas
Un nuevo informe de Contraloría que indaga el manejo de la deuda pública derivó ayer en indicios de responsabilidad penal en contra de exfuncionarios públicos, entre ellos, el expresidente Rafael Correa.
De acuerdo con el ente de control, los indicios se sustentan en el perjuicio a los recursos públicos.
El ente de control presentó los resultados del examen especial al proceso de emisión, colocación y pago de Certificados de Tesorería (Cetes), entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2017.
Los Cetes son papeles a través de los cuales el Fisco consigue liquidez. A diferencia de otros títulos de valor que emite el Estado, estos papeles se emiten a un plazo menor a 360 días y, por tanto, no se registran en el cálculo de la deuda pública.
El contralor Pablo Celi detalló cinco “novedades” halladas en el informe, y añadió que el monto analizado asciende a USD 2 300 millones.
La primera observación es que los Cetes se colocaron a plazos mayores a los permitidos en el Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), por ende, debieron registrarse en el cálculo de endeudamiento.
Según el ente de control, se efectuaron seis colocaciones de este tipo de certificados a un plazo de 360 días, por un monto efectivo de USD 21 millones, más un costo financiero de USD 635 010 .
El problema es que esto contraviene lo establecido en el artículo 123 del Coplafip y el 130 del reglamento, que señalan que los Cetes corresponden solo a operaciones “menores a 360 días”.
Sin embargo, el decreto ejecutivo 1218 modificó el reglamento y estableció que los títulos de “hasta 360” días no serán considerados como deuda pública.
De ahí que Contraloría insistió nuevamente en la recomendación de que se derogue este decreto. Además, sugirió modificar las escrituras de emisión de Cetes que contemplan los plazos de emisión de hasta 360 días.
La segunda observación es que estos papeles se usaron como dación de pago a entidades públicas y privadas con las cuales el Fisco tenía deudas. Entre ellas, nueve universidades, el Municipio de Guayaquil y el Banco de Desarrollo (BdE).
En los convenios las obligaciones ascendían a USD 84,3 millones; sin embargo, por los Cetes, las obligaciones se incrementaron a USD 86,5 millones, debido a los costos financieros.
El Coplafip señala que se podrán otorgar en dación de pago solo los valores del Estado que formen parte del endeudamiento público, pero los Cetes no lo son.
El tercer punto es que las autoridades de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, entre otras ahora observadas, permitieron canjear estos instrumentos por títulos de valores emitidos por el Banco Central del Ecuador (BCE), como Cupones de Capital y Bonos de Estado.
Según el ente de Control, también se canjearon por títulos vencidos. En este contexto, se cuestiona que se haya dispuesto las renovaciones automáticas de estos títulos valores, “sin observar que dichas operaciones superaron el plazo de 360 días de colocación”.
El cuarto punto es que estas operaciones no permitieron el pago efectivo de las obligaciones al Fisco. El informe señala que la colocación de Cetes debió hacerse para cubrir deficiencias fiscales, pero al canjearlos por otros papeles “ocasionaron el aumento de obligaciones adquiridas por Finanzas en USD 17,1 millones”.
“Los canjes y renovaciones asfixian a la caja pública”, dice Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal.
Contraloría cuestionó que se haya calificado como reservada la documentación de estos instrumentos.
Se trata del segundo informe de responsabilidad penal que afronta Correa. El primero se emitió en abril, también por el manejo de la deuda.
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